SOCIEDAD › EL MACRISMO SUSPENDIO EL TRATAMIENTO LEGISLATIVO DEL PROYECTO

Recolección de basura sin licitación

El gobierno porteño prorrogará por un año el actual contrato de higiene urbana, por contratación directa. Argumenta que la crisis no favorece las inversiones en el sector. Críticas de la oposición, que denunció una serie de presuntas irregularidades.

 Por Eduardo Videla

El gobierno porteño negocia en forma directa con las empresas recolectoras de residuos una prórroga de un año en el contrato que venció a fines de 2008, según confirmó a Página/12 el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. De esa manera, queda postergado el proceso de licitación nacional e internacional que se había iniciado en la Legislatura. La decisión generó el rechazo de un sector de la oposición, que incluyó esta renegociación en una “serie de graves irregularidades” en los procesos de licitación que lleva adelante la gestión de Mauricio Macri.

Piccardo fundamentó la decisión de prorrogar por al menos un año la licitación en “las dificultades generadas por la crisis económica internacional, que no constituyen un marco adecuado para inversiones a largo plazo, como se pretendía para esta licitación”. En efecto, el macrismo diseño una licitación para diez años de servicio, con la idea de que las empresas inviertan en nuevo equipamiento. Para eso se sometió a un debate en la Legislatura, ya que para ese plazo es necesaria la aprobación por ley de los pliegos. Hubo un ciclo de audiencias públicas en las que el proyecto fue duramente cuestionado, al punto que no estaba en condiciones de ser aprobado sin modificaciones.

La postergación esquiva ese debate árido por un año, aunque nada garantiza que los efectos de la crisis no se prolonguen más allá de 2010.

El nuevo contrato se negocia en forma directa con las cuatro empresas que realizan el servicio por un monto que, según Piccardo, ronda los 900 millones. “Pretendemos que no haya adicionales por recolección de contenedores, como había hasta el año pasado, ya que se pueden hacer más eficientes los recorridos”, dijo Piccardo.

“Quieren retirar el proyecto del llamado a licitación por diez años para rediscutirlo en forma directa con las empresas, sin participación”, advirtió el legislador Eduardo Epszteyn, del bloque Diálogo por Buenos Aires. Lo dijo en una conferencia de prensa donde el ibarrismo y el bloque Igualdad Social denunciaron presuntas irregularidades en varias licitaciones convocadas por el gobierno porteño.

Una de ellas es la de Mobiliario Urbano, que Mauricio Macri acaba de adjudicar a tres empresas (Publicidad Sarmiento, el Grupo Alsur y PC Publicidad). Una de ellas, Publicidad Sarmiento, está cuestionada judicialmente: “Sus responsables van a ser citados a declaración indagatoria por presentar documentación falsa en esta licitación”, dijo el diputado Aníbal Ibarra.

Al respecto, el ministro Piccardo –también responsable de esta licitación– defendió el proceso al afirmar que “está avalado por la Procuración”. Y manifestó que aunque las empresas presentaron ofertas por alrededor de 4 millones de pesos de canon por la explotación del negocio de la publicidad, “se logró subir la oferta a 10 millones”.

La recolección de residuos y el mobiliario urbano no fueron las únicas licitaciones cuestionadas por la oposición. Ibarra y sus compañeros de bloque, junto a Martín Hourest y Liliana Parada, de Igualdad Social, presentaron una nómina de objeciones:

–En la licitación para equipamiento hospitalario, por 150 millones, el primer proyecto mencionaba expresamente una marca de equipos médicos, de origen italiano, como publicó Página/12 meses atrás.

–En la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de espacios verdes, por 250 millones, “se aprobaron pliegos que no fueron publicados en el Boletín Oficial”.

–En la obra para la construcción de un canal aliviador en el arroyo Maldonado, que costará 200 millones, la empresa Ghella se asoció con Iecsa, que pertenecía a Franco Macri pero que cuando su hijo se postuló para ser jefe de Gobierno se la vendió a su sobrino, Angelo Calcaterra, primo de Mauricio.

“Se trata de licitaciones digitadas”, denunció Ibarra. Por su parte, Liliana Parada reclamó la sanción de un proyecto de su autoría, “la ley de Etica Pública de la Ciudad, que crea una Fiscalía de Investigaciones Administrativas. “El oficialismo lo tiene cajoneado”, se quejó la diputada. “Al final, somos los legisladores los que tenemos que encarar una investigación.”

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El gobierno considera que las empresas recolectoras ya amortizaron la inversión realizada.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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