“Vamos a considerar una cuestión de seguridad a la violencia doméstica”, anunció ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “A veces las mujeres también son agredidas en los lugares en que hacen la denuncia”, reconoció la mandataria sobre el mal desempeño en algunas comisarías en las que se ningunea a las mujeres que denuncian a sus parejas o ex por agresiones. CFK se refirió al problema de la violencia machista en un tramo del discurso que dio durante la inauguración de la Galería de los Idolos Populares, en el primer piso de la Casa Rosada (ver página 5). Un rato antes, en su despacho y a puertas cerradas, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, las ministras de Seguridad y Desarrollo Social, Nilda Garré y Alicia Kirchner, firmaron un convenio para desarrollar “una estrategia integral para la implementación de políticas de seguridad con perspectiva de género”. Según puntualizó Garré, el acuerdo apunta a “sensibilizar y esclarecer” a los agentes de seguridad en relación con esta problemática, pero también a exigir una intervención efectiva para “perseguir a los culpables” del maltrato a las mujeres.

“Estos son temas que requieren políticas públicas, son temas que están causando estragos sobre la vulneración de derechos y en muchas ocasiones producen violencia física”, señaló la ministra de Seguridad al término de la reunión con la Presidenta y su par de Desarrollo Social. “En muchas ocasiones estas cuestiones producen un estrés postraumático grave”, subrayó.

Alicia Kirchner firmó el convenio en representación del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). Encuadrar la violencia hacia las mujeres como un problema de seguridad es un reclamo de especialistas que trabajan en el tema, dado que la violencia machista podría considerarse uno de los principales problemas de seguridad de las mujeres. Para muchas, su propia casa es un lugar más inseguro que el espacio público. Hasta ahora este abordaje había quedado fuera de los enfoques de prevención del delito. Es un paso. De todas formas, el fuerte cuestionamiento de ONG en violencia de género es la falta la implementación de un Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un mandato que tiene el CNM, que preside Mariana Gras, a partir de la sanción en 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Es responsabilidad de ese organismo la coordinación de políticas públicas entre los niveles nacionales, provinciales y municipales para enfrentar la violencia de género.

“La idea es trabajar sobre la capacitación de fuerzas policiales y de seguridad en la atención de casos de violencia de género. Tomar la violencia intrafamiliar como un tema de seguridad”, explicó anoche a Página/12 la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, Natalia Federman, los alcances del convenio. La funcionaria informó que desde que asumió Garré ya se capacitaron 700 agentes de la Policía Federal, entre jefes de servicio y oficiales de guardia, que se desempeñan en comisarías de la ciudad de Buenos Aires, y 1500 de la Prefectura Naval destinados al operativo Cinturón Sur. El objetivo fue sensibilizarlos para la atención de denuncias de violencia intrafamiliar. La formación la recibieron a través de cursos que dicta la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema (ver nota aparte). A partir del nuevo convenio, se llevarán talleres de capacitación a las escuelas de formación de las fuerzas de seguridad.

–¿Qué significa considerar la violencia doméstica como un problema de seguridad? –le preguntó este diario a Federman.

–Poder exigirle a la policía una intervención efectiva en los casos de violencia de género, que no los atienda como un tema menor, que ponga la misma diligencia en la recolección de pruebas que para otros delitos. Históricamente este problema se ha minimizado en las comisarías. La policía puede tomar testimonios a vecinos: la violencia doméstica ocurre intramuros, pero las discusiones y los golpes se suelen escuchar por fuera de las paredes de la casa. Puede hacer inspecciones oculares y cantidad de medidas probatorias que se llevan adelante en la investigación de otros delitos para aportar mayor prueba. En general no lo hacen porque desde los juzgados nacionales no se los piden porque tampoco le dan importancia al tema –señaló Federman.

Otro de los compromisos es la promoción de la articulación entre las áreas de Seguridad y de la Mujer provinciales y municipales, para que en esas jurisdicciones también se incorpore la perspectiva de género en las políticas de seguridad.