SOCIEDAD › LOS JUECES DE EJECUCION BUSCAN COMO CUMPLIR SU FUNCION SIN LA AMENAZA DEL JURY

Los Quijotes de la cerradura

Cada vez que otorgan una condicional o una salida transitoria temen ser denunciados, por cumplir lo que marca la ley. No piensan dejar de hacerlo, pero buscan mecanismos para comunicarlo y explicarlo.

 Por Horacio Cecchi

Si se pudiera resumir en una idea el cúmulo de preocupaciones que tiene en vilo a los jueces de ejecución y, por extensión, a buena parte de los jueces penales, la que parece acomodarse mejor es “no somos el Quijote, queremos cumplir la función para la que fuimos designados”. Así lo confiaron más de una vez a este cronista durante la cobertura del VIII Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, realizado en San Juan hace pocos días. Los juries como amenaza de destitución es el tema presente en todas las reuniones. No es nuevo. Pero arrecia, sobre todo en un año electoral. Y buena parte está dispuesta a dar la batalla contra lo que consideran un contrasentido: ser castigados por cumplir las funciones para las que fueron convocados. Todos coinciden en que el problema principal, o mejor, la puerta para abrir, pasa por comunicar sus fallos a la sociedad, pero les preocupa especialmente que se entiendan (donde el lenguaje llano es apenas la superficie). Desde oficinas de información específicas del fuero; hasta jornadas de difusión sobre el metier concreto del juez de ejecución; o si las sentencias debieran ir acompañadas por un abstract en lenguaje casi coloquial; el jury; la mediatización; la andanada cuentavotos.

Por ahora son ideas que dan vueltas. Conversaciones informales. Sí hay certeza entre los jueces de que parte de la crisis que arrastra particularmente a la Ejecución Penal es de índole comunicacional.

–Un problema de comunicación, pero hablan en off –sugirió este cronista.

–Por el momento, sí. Están esperando que salgamos para hacer una carnicería –aseguró, con reserva de la fuente, un juez provincial.

–¿Quiénes?

–Muchos medios, muchos periodistas y, a través de ellos, muchos políticos cuentavotos.

La cuestión podría plantearse diferenciada según el escalón que le toque en el fuero Penal. Un tribunal oral, mucho más si es de menores, puede sentirse en la cornisa durante un juicio en el que las pruebas policiales (por habitual casualidad) sean truchas. ¿Debería condenar? ¿O absolver y enfrentar al intendente agitando víctimas frente a las cámaras de tevé? También el juez de Garantías sabe que excarcelar a un detenido por la policía exige pulso firme y convicciones que revelan el contrasentido de la crítica manodurista: cuestionar a los jueces de Garantías por garantistas. Pero, más que nadie, la actualidad periodística se la agarra con los jueces de Ejecución Penal. ¿Por qué? Son los convocados para decidir sobre el cumplimiento de la pena tal como lo dispone la Ley de Ejecución, que marca plazos, períodos, libertades, salidas y el cumplimiento de los derechos de los presos. “Decir en público que uno defiende los derechos de los presos es ponerse en la picota –explicó un juez del fuero muy gráficamente–. Pero, ¡nos designaron para eso!”

Todos los consultados aceptaron: “Hay incapacidad de nuestra parte para llevar adelante correctamente la idea de una condena”. Pero también están convencidos de que buena parte de la prensa no tiene conocimiento de esa idea. No hace falta hurgar demasiado en los archivos para encontrar ejemplos. “Es indispensable que en el fuero de Ejecución, sea provincial o federal, exista una oficina de prensa específica”, adelantó uno de los consultados. “La oficina del Poder Judicial no te publicó nada la vez pasada”, cuestionó otro, dirigiéndose a un tercero, cuya sentencia había paseado por los medios, pero estuvo ausente en la oficina de prensa judicial. “Por eso digo que tiene que ser específica, que dependa de los Juzgados de Ejecución.”

“No sé si, por más oficinas de comunicación que tengamos, vayamos a convencer a ciertos periodistas de que lo que hacemos es respetar las garantías y podamos modificar su punto de vista”, acotó un juez (garantista) de Garantías. “Y algunos son abogados”, agregó después de unos segundos. Otro apuntó a la participación de la Defensoría del Público para defender a la sociedad de información desdibujada o que llanamente desinforma.

La idea que surge: “Los jueces tenemos que salir a hablar, aunque en estas condiciones sea tan difícil”. Aunque utilice un plano general, en realidad, por “los jueces” se refiere a los que están dispuestos a firmar lo que corresponde y dicta la ley, que no son todos, cuyo número es una cifra negra aunque en el medio todos se conozcan, y que en definitiva se sienten amenazados por el jury y los titulares de prensa.

Volviendo a la oficina de prensa, hay desconfianza hacia las oficinas de prensa institucionales porque “en general están cubiertas por gente que no hace penal y muchas veces están de acuerdo incluso con los cuestionamientos que hace esa especie de clamor presuntamente popular”. Por eso la propuesta es que sean los mismos jueces los que salgan a explicar la columna vertebral de una sentencia, idea debatida como pocas: “Pero él salió a explicar y mirá, lo crucificaron”, criticó uno apuntando a un colega. “No, por eso, tiene que ser estratégico. Sale otro que no esté complicado, pero alguien tiene que explicar a los medios. Hay que tener un organismo regionalizado, porque pasa en Mendoza, pasa en Buenos Aires, pasa en cualquier lado, con varios integrantes de nosotros que nos podamos ir rotando.”

De la oficina se saltó al desconocimiento periodístico, muchas veces salpicado con una visión previa del asunto. Así, sobraron los ejemplos de causas llevadas por los mismos consultados que fueron cubiertas por uno u otro periodista de uno u otro medio. “Siguió la causa, siguió la causa y me pegó en los tobillos, mal, porque lo que decía estaba plagado de errores. El medio cambió de periodista para seguir la causa, y el que la tomó escribió lo que era realmente. Esto alguien lo tiene que controlar. No la información sino la manipulación.”

En cambio, otro consideraba que ya existen organizaciones empeñadas en difundir y aclarar las sentencias, en defender a los jueces amenazados, y no se refería a las institucionales sino a organizaciones de la sociedad.

Claro, los jueces se sienten amenazados, pero algunos sostienen que es inevitable sentirse cuestionados, por el solo hecho de ser funcionarios públicos. “Estamos sometidos al escrutinio público”, dijo uno. “Sí, pero la comunidad no termina de entender la lógica –respondió aquél–, porque no está bien distribuida la información sobre las sentencias.” “Volvemos a lo mismo. Pasar la sentencia no quiere decir que se entienda”, sugirió alguien. Por eso, también se mencionó el criterio de entregar las sentencias acompañadas de un abstract en “lenguaje llano y universal”. “No escribir libros cuando escribimos sentencias”, arrojó otro.

Pero no es solamente enunciativo el problema que se plantean. “Sí, pero no hay intención periodística para leer y entender la sentencia”, acotó un tercero. “El cargo de Ejecución Penal fue creado para custodiar las garantías de los condenados, que se cumpla la condena tal cual sus objetivos –explicó uno de los participantes–. Pero se saca una resolución de salidas transitorias y resulta que después se te tiran encima porque estás cumpliendo eso para lo que te designaron. ¿Quién lo entiende?”

“Somos la cara del asesinato”, lanzó una síntesis uno.

“Sí, pero también reconozcamos que los jueces nos hemos ganado cierto desprestigio, no lo soslayemos. Y en esta cuestión, con esto de la democratización de la Justicia, la necesidad de la participación ciudadana en la administración de justicia”.

La participación ciudadana derivó en el juicio por jurados, en el desconocimiento de lo que está haciendo internamente la Justicia. Pero también, en el control que se ejerce por medio de un jury. El mecanismo, por ley, es el que se debiera utilizar en las ocasiones en que fuera necesario para sancionar o hasta desplazar del Poder Judicial a los funcionarios que hayan incurrido en alguna falta.

“Bueno, también hay que ajustar eso –subrayó uno de los consultados–. El reglamento hay que ajustarlo, desburocratizarlo. En el reglamento de las acusaciones hay algunas que son imposibles. No se entienden. A un juez lo pueden acusar por mal desempeño. ¿Qué quiere decir que fue acusado por ‘mal desempeño’?”, y empezó a enumerar casos de jueces que pasaron por el jury o que fueron o son amenazados por sentencias o acciones ceñidas a la ley.

También hablaron sobre el efecto que produce “cuando estás por firmar, o mirás la televisión todos los días a las siete de la tarde a ver si hay un tiroteo y ver que no sea uno de los que yo liberé. Y no es que no lo vuelva a hacer, porque de hecho lo seguimos haciendo todos nosotros, pero mirás la tele y decís, ojalá que no sea. Es mentira que no te influye”.

–Lo cual demuestra que el ideal de la independencia judicial es un ideal bastante lejano, que hay que construirlo todos los días –aseguró un garantista de Garantías.

–Esa sensación –resumió otro, éste de Ejecución Penal–, revela también nuestra fragilidad institucional y laboral.

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Imagen: Gonzalo Martínez
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