SOCIEDAD › SEIS IMPUTADOS POR MATAR CIENTOS DE PERROS Y GATOS

El extraño caso de los envenenadores

Seis personas, cinco de ellas empleados municipales, fueron imputadas por la Justicia como los presuntos autores del envenenamiento de centenares de animales en la ciudad cordobesa de Deán Funes, lo que obligó a declarar la emergencia sanitaria y a suspender las clases esta semana.

Aunque no dispuso la prisión preventiva, el fiscal de Instrucción Eduardo Gómez informó que imputó a los investigados por “daño reiterado y violación a la denominada Ley Sarmiento –Nº 14.346, de Protección Animal–, en concurso real”, por su presunta participación en los hechos. Gómez aún no fijó fecha para citar a los imputados a que presten declaración, pero dijo que mientras tanto “se están tomando testimoniales a todos los damnificados”, en general dueños de las mascotas envenenadas. “Esto se determinó luego de las pericias de Policía Judicial y los allanamientos realizados. Cinco de estas personas son empleados municipales”, sostuvo el fiscal.

Una de las hipótesis de la investigación es que los responsables del envenenamiento habrían aprovechado para actuar la distracción que generó el sábado pasado la transmisión televisiva de la pelea de Sergio “Maravilla” Martínez, por la defensa de su título mundial de boxeo. Los envenenadores, dijo el fiscal, “habrían actuado de manera organizada”, pero aún se desconoce “cuál fue el móvil, por qué lo hicieron, si alguien los indujo, si fueron instigados”, lo cual “todavía hay que investigar”.

El hecho de que no haya dispuesto la privación cautelar de la libertad de los imputados se debe, entre otras razones, a que “las penas previstas no superan los dos años de prisión”, aunque eso puede “complicarse por la reiteración de los hechos”, según Gómez.

El artículo 3, inciso 7, de la Ley 14.346, que data de 1954, considera como actos crueles el “lastimar o arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlos por el solo espíritu de perversidad”. La norma, en su artículo 1º, establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Por su parte, las autoridades municipales ampliaron el miércoles a la noche la “emergencia sanitaria y ambiental”, en principio durante 48 horas más, lo que implica que hasta el lunes seguirán suspendidas las actividades educativas, públicas y privadas.

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