Seis policías y un agente penitenciario federales comenzarán a ser juzgados hoy bajo la acusación de haber abusado sexualmente durante dos años de dos hermanas adolescentes que vivían en la calle, a cambio de comida y dinero, en distintas dependencias públicas. Los hechos, revelados en su momento por Página/12, se produjeron entre 2009 y 2011, cuando las chicas tenían entre 13 y 15 años una, y entre 14 y 16 la otra.

Al juicio que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 17 (TOC 17) llegan un sargento, un cabo 1º y cuatro agentes, todos de la Policía Federal, y un ayudante del Servicio Penitenciario Federal.

Se los acusa de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en forma reiterada (dos hechos) en concurso real con corrupción de menores agravada mediante violencia y amenazas en calidad de autores”. Todos llegan al juicio en libertad, ya que en la etapa de instrucción se consideró que no había peligro de fuga, en tanto que fueron pasados a disponibilidad de sus cargos.

El TOC 17 estará integrado por Alejandro Nocetti Achával, Pablo Daniel Vega y Juan Giudice Bravo, quienes no permitirán el acceso de prensa a la sala de debates.

Las víctimas estarán representadas en el juicio por Gerardo Etcheverry, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación (DGN), en tanto que la acusación estará a cargo del fiscal Julio César Castro.

Para la querella, “hubo un claro aprovechamiento del estado de confusión y fragilidad de las víctimas, de parte de los autores del delito, atento al grado de vulnerabilidad en razón de su minoridad e historias de vida”, indicó la DGN.

Cuando la causa se elevó a juicio, se consideró probado que en un período de alrededor de dos años, los imputados llamaban telefónicamente a las hermanas, las buscaban en la zona de Parque Lezama y las trasladaban al Cuerpo de Policía Montada de la PFA. En ese predio, situado en Cavia 3302 del barrio porteño de Palermo, las obligaban a mantener relaciones sexuales con ellos y con algunos allegados, en ocasiones, a cambio de dinero o comida.

En la investigación también se dio por acreditado que abusaban de las adolescentes en el predio de la Policía Montada situado debajo de la Autopista 7 Presidente Héctor Cámpora, en el Cuerpo de Policía de Tránsito, la División San Martín de ese ferrocarril, la estación Devoto y en una pensión para policías de la calle Warnes al 2100 del barrio de La Paternal.

Se cree que los policías involucrados serían más de 20, pero las adolescentes no pudieron identificarlos a todos porque a algunos los conocían sólo por sus apodos y varios tenían el mismo apellido. En cambio, pudieron dar nombres y apellidos concretos de otros y sus descripciones físicas, lo que en su momento permitió su detención. En la etapa de instrucción, gracias a que las hermanas pudieron describir los lugares adonde eran llevadas, la jueza Wilma López allanó y verificó que los sitios eran tal cual lo habían detallado las víctimas.

Con la contención de especialistas de la DGN, a las adolescentes se le practicaron peritajes psicológicos, de los cuales surgieron que tenían afectada su sexualidad y sufrían trastornos debido a la gravedad de los hechos sufridos.