El decreto 1232/08 mediante el cual se puso en funcionamiento la UCEP, en su anexo 2/13 describía con toda claridad qué objetivos se planteaba (y aún se plantea) el gobierno porteño: “Mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”, “colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público”, “colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de mercaderías de vendedores ilegales en el espacio público” y “colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público”.

En la práctica, la normativa habilitó a decomisar o secuestrar ya no mercaderías como kilos de papeles a los cartoneros de Constitución o pulseras y colgantes a los artesanos de la calle Florida. La UCEP se dedicó a recolectar las pertenencias de familias integradas por niños o ancianos que, invariablemente, dormían debajo de las autopistas o en cualquier plaza de Buenos Aires. A saber: colchones, frazadas, almohadas, calentadores, maderas y telas que oficiaban de improvisadas viviendas en rotación permanente ante los sucesivos e imparables desalojos. Por lo general, concretados de noche, ante la inacción o con la colaboración de la Policía Federal. Algunos de sus efectivos también fueron denunciados ante la Defensoría del Pueblo.

Con los sucesivos operativos, esas denuncias comenzaron a llegar a sede judicial. El 14 de mayo del año pasado, Carlos Tommy Quinteros Tiquina, 50 años, de nacionalidad boliviana, describió cómo estaban ataviados quienes lo desalojaron de la propiedad que habitaba junto a su pareja y siete hijos, en Paseo Colón 1574, primer piso. “Algunos de esos individuos vestían pantalón y remeras de color negro, utilizaban gorras que presentaban un logo que decía UCEP”, reveló el damnificado.

En julio del año pasado, su último administrador (así es mencionado el cargo en un informe), el ingeniero Jorge Polini, describía algunas de las ventajas operativas que presentaba la unidad: “un sector administrativo/legal” (este último a cargo de la abogada María Laura Gelonch) “para brindarle un verdadero marco estructural a la unidad que antes no poseía”; “un amplio equipo operativo, a los fines de, diariamente, agilizar la recuperación de los espacios públicos” y por último, hacia una confesión de parte que bien sabrá ponderar el juez Facundo Cubas: “en atención a nuestro interés de cambiar la metodología con los indigentes, estamos procurando, en breve, profesionalizar adecuadamente a todo nuestro personal. No sólo capacitándolos sino también inculcándoles una mayor sensibilidad y contención con dicha población social”. En octubre de 2009, tres meses después, la UCEP agredió a la embarazada Carla Baptista.