EL PAíS › EL JUEZ CARBONE EXIMIó AL GRUPO CLARíN DE DESINVERTIR EN UN AñO

Ahora dicen que no hay plazos

Haciendo caso omiso del fallo de la Corte Suprema, el juez se negó a fijar un límite temporal para definir la medida cautelar que suspende la obligación del multimedio de adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

 Por Irina Hauser

El juez en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone ratificó la decisión de eximir al Grupo Clarín del plazo de desinversión de un año establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se negó a fijar un límite de duración a la medida cautelar favorable al multimedio, en desafío a las advertencias de la Corte Suprema sobre la necesidad de acotarla en el tiempo. El máximo tribunal había señalado “la conveniencia” de poner un tope para evitar que la cautelar se convierta en una sentencia anticipada y para propiciar una pronta definición de la cuestión de fondo. Según el magistrado, “las medidas cautelares no están sujetas a ningún plazo de vigencia” porque “se desnaturalizaría” su “finalidad” de “evitar que la sentencia que eventualmente se dicte se torne ilusoria”. También opinó que Clarín “dista bastante de constituir un monopolio”.

El fallo va más lejos y anticipa que “el breve plazo establecido para concretar la desinversión forzosa para el tipo de empresa de que se trata (...) hace altamente improbable que se llegue a tiempo en el esclarecimiento de los derechos mediante sentencia a dictarse en el procedimiento jurídico ordinario”. Así, anuncia que para septiembre de 2011, cuando termine de correr el reloj, no estaría definido el debate de fondo sobre la validez constitucional de los artículos de la ley que definen del desprendimiento forzoso de licencias de radio y televisión (el máximo permitido será de diez licencias en todo el país) y que regulan su transferencia. El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha –jefe de los abogados del Estado– cuestionó: “El juez no ha hecho otra cosa que convertir esta medida cautelar en una medida definitiva”. Da Rocha trabaja en la apelación, que a la larga podría volver a recalar en la Corte.

Carbone fue el primer juez que liberó a Clarín de la obligación de desinvertir en un año (que surge del artículo 161) y de la imposibilidad de transferir licencias sin autorización (señalada en el artículo 41). Podía verse afectado, fundamentó, el derecho de propiedad. La Cámara Civil y Comercial lo respaldó en relación al artículo 161. La Corte rechazó el recurso del Estado con un tecnicismo: el Tribunal no se mete con cautelares salvo que tengan efecto irreversible. La cautelar quedó firme. Pero el voto de cinco supremos bregó por “limitar” su duración “para evitar que se transforme en una sentencia anticipatoria” favorable al multimedio. Si fuera “excesiva”, advertía, Clarín podría “excepcionarse por el simple transcurso del tiempo de la aplicación” de la ley. El Tribunal postuló “un plazo razonable”, que no precisó. Dijo que si el juez no lo definía de oficio, podría pedirlo el Estado, que lo requirió.

Contra la Corte, Carbone sostiene que al diseñar el sistema cautelar “el legislador no contempló” plazos. Si la Justicia los estipula, dice, “viola el principio de división de poderes”. A su vez, señala que ese límite puede ser un boomerang y beneficiar a la parte demandada (el Estado en este caso) dándole la chance de “dilatar el trámite para beneficiarse con la caducidad”. Las medidas cautelares, insiste, están destinadas “más que a hacer justicia, a dar tiempo a la Justicia de cumplir eficazmente su obra”.

El Estado –con impulso del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto– planteó que mientras Clarín sigue exceptuado de los plazos de desconcentración, la ley no adquiere plena vigencia porque se obstaculiza la incorporación de nuevos prestadores al mercado contra el propósito de obtener diversidad de oferta de contenidos y pluralidad de medios. Para ilustrar, informaba que el Grupo es dueño del 57 por ciento del mercado audiovisual y tiene un dominio casi absoluto de las redes (de cable coaxil) en varios puntos del país. Según Carbone, “una participación del 57 por ciento en el sector dista bastante de constituir un monopolio, ya que (...) habría más de 43 por ciento en otras manos”. Y como la ley no está suspendida en general, dice, nada afecta el interés público. Qué porcentaje definiría a un monopolio, es algo que no especifica.

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