"Si sigue el paro hay complicidad", sostuvo Randazzo, y remarcó que no se descarta que sean caducados los permisos de algunas empresas de transporte que hoy, a cuatro días del paro, siguen sin brindar servicios y ayer rechazaron el aumento dispuesto por el gobierno. El funcionario manifestó que "la pregunta es por qué la UTA sigue de paro cuando ya le dieron lo reclamado; no quiero pensar que existe complicidad entre empresarios y sindicalistas, que pretenden tomar de rehenes a miles de pasajeros y sus familias para volver a las políticas de subsidios".

En el mismo sentido se expresó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien sostuvo que "está claro que la UTA está de acuerdo con el sector empresario y que existe una presión patronal y sindical para volver al sistema de subsidios".

"El conflicto no se entiende, salvo que los dirigentes sindicales pasen a ser empresariales", insistió Randazzo en declaraciones a C5N. "Fue dictada la conciliación obligatoria y agotados todos los pasos: dado que no se llegó a un acuerdo se decidió otorgar el 23 por ciento requerido por la UTA", reseñó. Sin embargo, los choferes agrupados en ese gremio continuaban esta mañana realizando el cuarto día de paro en el transporte de larga distancia.

Señaló que "el gobierno sancionó a varias empresas: hizo más de 500 actas ante la falta de transporte de larga distancia y porque a muchos pasajeros se les niega la devolución de su dinero". La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a cargo Ariel Franetovich, sancionó a 130 empresas por dos motivos principales: incumplimiento de servicios y no atención a los usuarios (boletería cerrada).

La Gerencia de Calidad de la CNRT abrió un canal de recepción de denuncias para que los pasajeros afectados efectúen la devolución del pasaje. Hasta el día de ayer, un total de 84 personas aceptaron esta propuesta, y las empresas denunciadas fueron conminadas a la devolución de los pasajes. El lunes se las notificará y en caso de no responder serán sancionadas con el pago de una multa por la suma de 7500 pesos por desobediencia, y de 1500 pesos por no devolver el pasaje.

El interventor Franetovich expresó que "es lamentable la falta de responsabilidad social de estos empresarios del transporte" y dijo que "habrá que revisar los permisos y a la hora de regularizarlos pensar en otro sistema que limite la concentración y que excluya a quienes tengan este tipo de conductas".