El Estado nacional había pedido ser querellante como consecuencia de “los daños materiales ocasionados en los elementos de trabajo del personal fallecido y en la inversión en capacitación y entrenamiento que se les dispensó”.

Sin embargo, los jueces Rodolfo Pociello y Ricardo Pinto rechazaron ese planteo pero sí aceptaron como querellante a la empresa TASA, que tenía almacenada documentación en el depósito incendiado y alegó haber sufrido un perjuicio en sus operaciones por la pérdida de esos elementos.

La Justicia penal ordinaria tiene a su cargo la investigación por el siniestro, en tanto que el juez federal Sergio Torres investiga a Iron Mountain por supuesto lavado de dinero.