El encumbrado ejecutivo con oficinas en Catalinas defraudado por Madoff, la señora que viaja recurrentemente a Miami sin declarar un hotel como lugar de residencia en ese destino, el tenedor de una tarjeta de crédito emitida por un banco extranjero o el comercio que tiene más cajas registradoras que empleados pueden recibir próximamente una carta o, directamente, la visita de un agente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), exigiéndole que esclarezca la situación que hace sospechar evasión. El inminente operativo amedrentador se enmarca en el plan oficial para estimular a los contribuyentes con recursos no declarados a que regularicen su situación en el marco del controvertido “acuerdo fiscal”.

Producto del cruce de datos propios y obtenidos de otras fuentes, AFIP identificó una serie de situaciones fiscales “inconsistentes”, que permiten presumir renta no declarada. Si bien el número es mayor, los esfuerzos se focalizaron en los quince mil casos que los funcionarios consideran de más envergadura por los supuestos montos involucrados: a sus protagonistas se les enviará una misiva o se les hará una visita de improviso para requerir información.

No son casos al voleo. Por el contrario, es producto de una búsqueda muy cuidadosa para detectar a quienes, se supone, estarían en condiciones de acogerse al acuerdo fiscal que incluye los regímenes de moratoria impositiva, regularización del empleo y exteriorización o repatriación de capitales, blanqueando parte de patrimonio, por ahora oculto.

Hasta el 31 de agosto, cuando clausura el plazo para acogerse voluntariamente a estas modalidades de perdón fiscal, los ciudadanos identificados pueden reconocer sus bienes no declarados y negociar con la AFIP el pago de lo que corresponda o, en su defecto, justificar aquella situación que simplemente resultó equívoca a los ojos de los controladores públicos. De no hacerlo, podrían estar expuestos a una inspección fiscal que buscará constatar por sí la existencia de aquellas sospechas.

La nómina de sospechosos es amplia y en algunos casos obligará a un esfuerzo fiscalizador detectivesco para detectar la fuente de la ganancia no declarada que vislumbra el organismo comandado por Ricardo Echegaray. Quizá sea más simple el caso de quienes viajan con mucha frecuencia al mismo lugar del exterior y no se alojan en hoteles, lo que hace presumir que tienen una propiedad en el sitio en cuestión. También quedaron bajo la lupa quienes tengan ingresos del exterior pero no declaren ninguna renta de fuente extranjera.

Las dudas del órgano recaudador involucran a los monotributistas que permanecen mucho tiempo en una misma categoría, ya sea la superior o la inferior, o a los que han invertido en fondos en el exterior y no dieron debida cuenta de ello al fisco argentino. Según información en manos de la AFIP, podría haber centenas de argentinos en esta situación, aunque el organismo tiene detectados a dieciocho, de los cuales apenas tres declararon esa inversión.

“Si quieren dejar el dinero en el exterior lo pueden hacer, con la alícuota del 8 por ciento y si confían en el sistema financiero internacional. El acuerdo fiscal es amplio”, sentenció ayer Echegaray al disertar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde defendió el proyecto de blanqueo de capitales, cuestionado por otras jurisdicciones, a veces con el argumento de que podría propiciar el lavado de dinero. Esto, según el titular de la AFIP, estará subsanado por la obligación de asegurar mediante declaración jurada que los fondos repatriados o exteriorizados a través de inversiones “tienen un origen lícito”.

Es el criterio base fundamental para presionar a contribuyentes con riquezas fuera del país que, al ser residentes argentinos, deben declarar y tributar aquí la ganancia que obtengan en cualquier lugar del mundo. La misma lógica por la que se tratan de identificar las cuentas bancarias tras la frontera contra las cuales se computan los consumos a través de las tarjetas de crédito.

“Pero además apuntamos a la economía de todos los días. Lo que cada uno conoce como dinero abajo del colchón, en la caja de seguridad”, señaló Echegaray. Ese rastrillaje doméstico también apuntará a los inventarios de stock de las pymes “que no están puestos en superficie”, advirtió.