La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) dispuso que Cablevisión, empresa propiedad del Grupo Clarín, no podrá incorporar nuevos usuarios a su servicio de Internet ni modificarle las condiciones contractuales a sus clientes. La decisión se tomó porque, según informó el regulador, la firma no tiene licencia vigente para brindar servicios de telecomunicaciones. La misma había sido otorgada a Fibertel, pero el 15 de enero de 2009, antes de que se aprobara la transferencia de la licencia a favor de Cablevisión, Clarín disolvió esa sociedad en la Inspección General de Justicia. La Secretaría de Comunicaciones informó que las actuaciones a través de las cuales se tramita la transferencia de la licencia no concluyeron. Por lo tanto, el servicio se está brindando con una licencia a nombre de una sociedad que ya no existe. “Se trata de una medida claramente abusiva y enmarcada en el plan de trabas y hostigamiento administrativo del gobierno contra Cablevisión”, dijeron a Página/12 fuentes de la empresa.

La decisión se tomó el miércoles pasado y la compañía fue notificada el jueves. Sin embargo, la resolución todavía no fue publicada en el Boletín Oficial. Los argumentos que esgrime el Gobierno son los mismos que llevaron a la Secretaría de Comunicaciones a revocar en julio de 2009 la asignación de la numeración que le había otorgado a Fibertel para brindar telefonía.

En aquel entonces, la secretaría primero otorgó los bloques numéricos solicitados y luego dio marcha atrás, haciendo lugar a un pedido de las telefónicas, quienes argumentaron que Fibertel había dejado de ser una sociedad y, por lo tanto, no podía tener licencia ni numeración. En ese momento incluso se remarcó que ni Cablevisión ni Fibertel habían obtenido autorización de la secretaría para modificar su situación societaria.

Lo que argumentan desde el Gobierno es que los abogados de Clarín se equivocaron al disolver Fibertel, sociedad titular de la licencia de telecomunicaciones, antes de que estuviera aprobada la transferencia a favor de Cablevisión. La empresa, por su parte, responde que realizó el pedido en 2003 y todavía no obtuvo respuesta.

“La resolución es violatoria de los derechos de Cablevisión como continuadora universal de Fibertel. Esta absorción societaria se realizó en 2002, mucho antes de la fusión con Multicanal y fue aprobada por la Inspección General de Justicia, que es el organismo competente para este tipo de operaciones. Desde esa fecha Cablevisión viene brindando servicio de Internet de su marca Fibertel sin ningún tipo de cuestionamiento”, respondieron a este diario fuentes de la empresa. Además, inscriben esta decisión en una serie de acciones supuestamente destinadas a hostigar a la empresa, incluyendo en ese listado la anulación de la fusión Multicanal-Cablevisión, el intento por regular los precios del abono del cable y una reciente multa de cinco millones de pesos por prácticas anticompetitivas en Santa Fe.

Al analizar la decisión oficial más allá de los supuestos intereses que la motivan, se puede comprobar que efectivamente Fibertel no existe como sociedad comercial y que eso constituye una irregularidad, ya que desde enero del año pasado el servicio se brinda con una autorización que figura a nombre de una empresa disuelta. El Gobierno dispuso que la compañía no incorpore más clientes, pero incluso podría haberle prohibido prestar el servicio de Internet a los usuarios actuales. Lo que resulta más difícil de justificar es la demora de la Secretaría de Comunicaciones para aprobar la transferencia de la licencia, situación que le hubiera evitado al Grupo Clarín todos estos inconvenientes.

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