El conglomerado opositor nucleado en el llamado Grupo A no consiguió ayer el quórum necesario para modificar las comisiones que deben analizar el proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. Su estrategia era quitarle a la Comisión de Comercio, presidida por la oficialista Juliana Di Tullio, la cabecera del proyecto, para que el debate sea conducido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, liderada por la peronista federal Graciela Camaño. A partir de un pedido de Fernando Solanas, respaldado por el FpV y el GEN, el conglomerado opositor aceptó tratar el tema al finalizar la sesión. A la una de la mañana, y después de votar el proyecto sobre infanticidio, había sólo 225 diputados, cuatro menos que el quórum necesario. Proyecto Sur no convalidó la estrategia del Grupo A y se retiró del recinto. Esta es la segunda vez que el conglomerado opositor falla en su intento de modificar las comisiones.

Desde el oficialismo confirmaron a este diario que el próximo jueves comenzarán las audiencias públicas, las cuales tendrán un esquema similar a las llevadas adelante con la Ley de Servicios Audiovisuales. A partir del “gesto” del centroizquierda, al no convalidar la estrategia de la oposición en el recinto (aunque un día antes la había convalidado dentro de la Comisión de Comercio), el FpV ya tuvo los primeros contactos con los integrantes del centroizquierda para analizar los posibles cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Los contactos con los otros bloques serán claves para avanzar con este proyecto, que será analizado por cinco comisiones (Comercio, Comunicaciones, Peticiones y Poderes, Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión). En este sentido, el interbloque de Proyecto Sur presentará la semana que viene su propia iniciativa.

Según adelantaron a este diario voceros de ese espacio, el proyecto especificará que las empresas gráficas sólo podrán tener hasta un 10 por ciento de las acciones en cualquier compañía que produzca papel para diarios. Además, ningún accionista podrá tener más del 33 por ciento del capital. De prosperar esta idea, obligará a Clarín y La Nación a vender parte de sus acciones.