ECONOMIA › EL SENADO BONAERENSE APROBO EL PROYECTO DE LEY DE ACCESO AL HABITAT

Un aporte para redistribuir

La iniciativa obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder el 10 por ciento de sus tierras para la construcción de viviendas sociales u otorgar su equivalente monetario. No tendrá aplicación retroactiva.

El Senado bonaerense aprobó ayer el proyecto de Ley de Acceso Justo al Hábitat, que obliga a nuevos y grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder el 10 por ciento de sus tierras para la construcción de viviendas sociales u otorgar su equivalente monetario. El tributo no tendrá aplicación retroactiva y todo lo recaudado será destinado a un fideicomiso que tiene como objetivo la construcción de vivienda social. La iniciativa contó con el voto a favor de los integrantes del Frente para la Victoria, mientras que la UCR y Unión PRO Peronista se opusieron.

El proyecto establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios, que superen los cinco mil metros cuadrados, como clubes de campo, barrios cerrados o cementerios privados, que se desarrollen en la provincia cedan el diez de las tierras. La ley también habilita a la provincia a rehabilitar y adecuar normativamente los inmuebles fiscales aptos para uso social y colectivo, para facilitar tierra fiscal al programa de créditos hipotecarios Pro.Cre.Ar. Además busca desalentar los terrenos baldíos, ya que se autoriza a los municipios a declarar el parcelamiento o edificación obligatoria en las construcciones paralizadas o terrenos vacíos en los que no se hayan ejecutado obras en el plazo de al menos cinco años. Previamente tienen que notificar al dueño, que en caso de incumplimiento se les puede aplicar un gravamen especial y progresivo. En caso de no pagar, se le puede expropiar el inmueble.

El proyecto obtuvo la media sanción el 19 de octubre pasado, siendo impulsado por legisladores que responden al kirchnerismo. En ese momento, el proyecto fue votado por todas las bancadas, menos la denarvaísta Unión Celeste y Blanco. Los argumentos de este último bloque fueron que la norma “avasalla la propiedad privada” y “busca profundizar las divisiones entre los argentinos”. En esta ocasión, momentos antes de abordar el tratamiento de la ley, algunas bancadas de la oposición solicitaron que el proyecto continúe en análisis en comisión, moción rechazada por el oficialismo, que cuenta con la mayoría en la Cámara.

Para aclarar qué se busca con la iniciativa, el diputado provincial bonaerense Alberto España, uno de los autores del proyecto, informó que “no está en contra de los countries ni ninguna urbanización cerrada en particular. Es sólo para los grandes emprendimientos nuevos que pidan aprobación después de la sanción de la ley”. La iniciativa modifica la Ley de Ordenamiento Territorial sancionada en 1977 durante la dictadura.

El arquitecto Eduardo Reese, del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento, explicó a Página/12 que la ley cumple tres objetivos. “Por un lado, facilita y amplía las posibilidades de acceso al suelo de los sectores populares y medios porque la ley de la dictadura es muy elitista respecto del acceso al suelo”, afirmó. Esto ocurre porque cuando el Estado quiere lotear terrenos, tiene que ceder, por ejemplo, más del 30 por ciento del total para la construcción de calles, escuelas y plazas pero, cuando se hace un country, no se exige ceder nada, con lo cual lo que hace la ley es castigar los loteos para viviendas populares y favorece al emprendimiento privado.

Un segundo objetivo es poder mejorar la oferta de viviendas en la provincia, que en general no ha podido suplir la demanda. Reese explica que “la vivienda llave en mano construida por una empresa privada es la oferta que generalmente se encuentra. Pero dos tercios del déficit habitacional en la provincia no necesitan una casa, sino reparaciones en las viviendas existentes o ampliaciones”. Para eso la ley incluye también instrumentos como la creación de sistemas de microcréditos para mejoras de viviendas, regularización de villas y asentamientos o la conformación del consorcio social para la urbanización. Para financiar los instrumentos destinados a paliar el déficit habitacional, la ley contempla un aumento del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a los lotes baldíos, con lo cual el Gobierno estima se podrá recaudar más de 120 millones de pesos anuales.

Informe: Daniel Dveksler.

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La iniciativa modifica la Ley de Ordenamiento Territorial sancionada en 1977 durante la dictadura.
Imagen: Enrique García Medina
 
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