ECONOMíA › LA OPERACIóN CON LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

“El predio fue vendido a precio vil”

 Por Sebastián Premici

“El Estado revocó el acto administrativo por el que se vendió el predio (ferial de Palermo). Hay jurisprudencia de la Corte que dice que si la otra parte conocía el vicio del acto administrativo, el Estado puede revocar un acto propio. El vicio fue haber vendido el predio a precio vil.” Con estas palabras, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, destacó el fallo de la Justicia federal que levantó la medida cautelar que había frenado la revocación de la venta del predio de Palermo a favor de la Sociedad Rural. La operación ocurrió en diciembre de 1991. En 2012, el Gobierno dictó el decreto 2552 que anuló la transacción bajo el argumento de que estuvo “viciada de nulidad”. La SRA apeló ante el juez Iván E. Garbarino quien aceptó el pedido de la entidad patronal, con efecto suspensivo. El expediente será analizado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

“El precio fue justo. Fue tasado según los procedimientos vigentes en la ley y por tres instituciones: Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario, y por un consorcio de inmobiliarias”, argumentó la SRA a través de un comunicado de prensa.

La entidad acordó con el menemismo adquirir el predio por 30 millones de dólares. Ese valor fue definido por una serie de tasaciones encargadas por el gobierno de aquella época. En la causa penal que tramitó el juez Sergio Torres, que ya fue enviada a juicio oral, existe cuantiosa documentación que cuestiona dichas tasaciones.

Según el expediente administrativo 25.587/88 incorporado a la causa, el Estado recibió, el 29 de octubre de 1991, una tasación de un consorcio de empresas que valuó el predio en 32 millones de dólares. El dato de la fecha no es menor, ya que ubica aquella tasación antes de que la SRA formalizara su intención de adquirir el predio. El pedido de adquisición al interventor de la Comisión de Venta de Inmuebles del Estado ocurrió el 14 de noviembre de 1991.

Luego de esa nota, el funcionario Gastón Figueroa Alcorta, encargado de la liquidación de los inmuebles estatales, solicitó al Banco Ciudad una tasación del predio. Esto ocurrió el 18 de diciembre de 1991. El 29 de noviembre de ese año, el Ciudad entregó su tasación con un valor que coincidió al del consorcio de empresas. Y el 18 de diciembre de 1991, el Estado recibió la tasación del Banco Hipotecario, por el mismo valor que las anteriores tasaciones. La venta se concretó el 20 de diciembre.

Según la declaración indagatoria de Juan Alberto Ravagnan, ex vicepresidente de la SRA, fue el gobierno quien le ofreció el negocio a la SRA, con precio incluido y no al revés, como pretendieron hacer figurar en el expediente con la nota del 14 de noviembre de 1991.

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