EL PAíS › LA PROPUESTA DE ESTABLECER UN DEBATE OBLIGATORIO ENTRE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

Treinta días para consensuar un proyecto

La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados creó una subcomisión integrada por oficialistas y opositores que deberá acordar un dictamen en un mes. La propuesta tendrá prioridad para su tratamiento en las dos cámaras del Congreso.

 Por Miguel Jorquera

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados creó ayer una subcomisión que analizará los distintos proyectos que proponen un debate obligatorio entre los candidatos presidenciales. La misma estará integrada por nueve diputados –autores de iniciativas similares– y tendrá un plazo máximo de 30 días para intentar consensuar un texto único, con la vista puesta en la posibilidad de sancionar una ley que entre en vigencia antes de las elecciones de octubre y que establezca el primer debate entre los aspirantes surgidos de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La propuesta tendrá prioridad para su tratamiento legislativo en el recinto de la Cámara baja cuando haya dictamen de comisión, lo mismo que en el Senado, donde también comenzará un debate en paralelo.

La reunión de la comisión comenzó con las exposiciones del senador oficialista por el Chaco Eduardo Aguilar –autor de uno de los proyectos que el kirchnerismo defenderá en la flamante subcomisión– y de Hernán Charosky, coordinador de la ONG Argentina Debate, que trabaja por la concreción de un encuentro de discusión entre los candidatos presidenciales que ya tiene fecha y lugar: el 4 de octubre en la Facultad de Derecho.

La propuesta del senador chaqueño, presentada en mayo de 2014 y que todavía no tiene estado parlamentario en la Cámara alta, establece “la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a presidente de la Nación, cuyas agrupaciones políticas, sumando los votos de todas las listas, hubiesen obtenido el 15 por ciento o más de los votos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”.

La iniciativa de Aguilar también fija una pena para los candidatos que rehúyan el debate, que consistiría en que se le retire el 50 por ciento de la publicidad audiovisual gratuita –la única posible– que otorga la ley electoral tras la Reforma Política. Es igual al proyecto que el propio Aguilar promovió en el Chaco, y que permitirá por primera vez este año una discusión pública de candidatos a gobernador en esa provincia.

Aguilar defendió ante los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales el establecimiento de un piso del 15 por ciento para “evitar una instancia de bipartidismo extremo, como sucede en Estados Unidos entre demócratas y republicanos” y, por el otro lado, “también evitar que se pueda dar un debate entre ocho o nueve candidatos”. Se mostró más flexible sobre el punto de su proyecto que establece ejes temáticos, vinculados con todas las áreas del gobierno nacional. “Habría algunos que habría que mantener y otros que habría que dejar abiertos, relacionados con determinadas coyunturas, como hoy el tema de los fondos buitre”, sostuvo Aguilar tras la reunión, en diálogo con Página/12.

“El debate permite recuperar la centralidad de las ideas y propuestas en la acción política y establecer la comunicación directa del candidato y los electores, sin elementos que puedan distorsionar su mensaje o dificultar su recepción”, dijo Omar Duclós, diputado del GEN y autor de otro de los proyectos. “Existe una cultura política para la cual el debate es un derecho de los candidatos y creo que es un derecho de los ciudadanos”, agregó.

El todavía massista Alberto Asseff se pronunció en el mismo sentido: “El debate presidencial es un bien de toda la sociedad, es un bien público”. Estimó que realizarlo “por lo menos va a quitarle la parte de show mediático” a las campañas presidenciales. La macrista Patricia Bullrich admitió que su proyecto deja librado el temario y el lugar “al consenso que logren los propios candidatos”; propuso para integrar la subcomisión a su compañera de bancada Laura Alonso.

La radical Carla Carrizo, de Suma+, fue una de las más entusiastas sobre el futuro del proyecto. Propuso un plazo máximo de 30 días para el trabajo de la subcomisión “y si antes hay un proyecto consensuado, mejor”. “La Presidenta dijo hoy en cadena –recordó Carrizo– que le gustaría un debate de los candidatos.” Les propuso al resto de los diputados de la comisión: “Juguémonos a que el debate se dé en esta elección presidencial”.

Además de Duclós, Asseff, Carrizo y Alonso, se sumarán a la subcomisión los autores de otros proyectos similares y que ayer no estaban presentes: los massistas Francisco de Narváez y Adrián Pérez, el radical Oscar Aguad y el macrista Guillermo Durán Cornejo, mientras que por el oficialismo se sumarán Jorge Landau y Juan Manuel Pedrini, que defenderán el proyecto del senador Aguilar.

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La comisión sesionó ayer con la presidencia de Diana Conti.
 
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