La Superintendencia de Seguros debió revisar una normativa que desreguló las inversiones realizadas por empresas del sector. La decisión de eliminar la exigencia para que las aseguradoras destinen una porción de sus fondos al financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura generó un alza inmediata sobre el costo de financiamiento y el acceso al crédito productivo para las pequeñas y medianas empresas. Un silencioso rechazo de las principales cámaras industriales del país generó tensiones en el gobierno de Mauricio Macri. La disputa se dio entre un sector del Ministerio de Producción que encabeza Francisco Cabrera y la conducción organismo regulador a cargo de Edgardo Podjarny. La discusión la ganaron los intereses del sector financiero aunque las diferencias internas se limaron mediante una reciente resolución de la Superintendencia de Seguros que elevó de 0 a 3 por ciento la porción de la cartera de inversiones de las compañías del sector dirigida hacia fondos comunes de inversión pymes. Esa modificación no revirtió la flexibilización ya que antes de comenzar el proceso de desregulación las empresas tenían que colocar entre 8 y 18 por ciento de sus activos hacia la economía real dependiendo de la actividad donde operasen (seguros generales, de vida, mutuales o ART). La corrección ofreció un paliativo para las resentidas capacidades de acceso al crédito de las pymes industriales que se encuentran en estado de alerta ante la contracción del mercado interno y el paulatino ingreso de productos importados de Brasil y China tras la liberalización comercial.

El “inciso K” se incluyó al punto 35 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora en 2012 para redireccionar un porcentaje de inversiones a instrumentos que financien la economía real. Entonces, las colocaciones en proyectos productivos representaban el 0,16 por ciento de sus carteras. En tres años las empresas llegaron a invertir en promedio el 15 por ciento de sus fondos en esas iniciativas. La desregulación de Podjarny, en línea con el lobby de la cámara sectorial Avira, eliminó los pisos para esas inversiones en las carteras de las aseguradoras y habilitó a las empresas a desprenderse paulatinamente de esos activos a lo largo de los próximos 24 meses. Las colocaciones suman un total de 23 mil millones de pesos y la liquidación comenzó inmediatamente. Después de la disputa interna que disparó el cuestionamiento de las cámaras industriales la Superintendencia de Seguros publicó la resolución 39647/2016 que incorporó al reglamento un nuevo “inciso l” exigiendo que las compañías destinen un mínimo de 3 por ciento del total de sus inversiones a Fondos Comunes de Inversión pyme.

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