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La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, puso el dedo en la llaga de la cadena textil al advertir que el Gobierno podría bajar los aranceles a la importación de los bienes que ella produce. El disparador de la reacción gubernamental fueron los datos de inflación de octubre, que mostraron un pico de alza del 5,3 por ciento para la ropa exterior. Desde la cadena textil respondieron que la suba del mes pasado fue exclusivamente estacional y que una baja de los aranceles replicaría la política desindustrializadora de la década pasada, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. También se quejaron porque Vaca Narvaja confundiría la evolución de los precios de la producción nacional con las “distorsiones estacionales” de la cadena de comercialización.
En línea con la visión gubernamental que interpreta la mayor inflación como producto de la conducta remarcadora de algunos sectores empresarios, Vaca Narvaja advirtió que el Gobierno podría disponer una rebaja de los aranceles para las importaciones de ropa y calzado, aranceles que actualmente son del 22 por ciento para los productos que vienen de fuera del Mercosur y del 12 para los producidos dentro del bloque regional. “Los empresarios de las indumentarias nos dicen que los protejamos del mercado exterior”, especialmente de Brasil y Asia, “pero el mes pasado lo que más aumentó fueron las indumentarias”, recalcó la funcionaria. Piden protección “pero no acompañaron el bolsillo de la gente”, por eso, la política del Gobierno tendría que ser “bajar los aranceles dejando que vuelvan los productos del exterior para competir, porque no cumplieron”, advirtió. Adelantándose a los argumentos empresarios la funcionaria agregó que “ponen como justificativos el tema salarial y aumentos de costos”, pero “cuando ven que hay más plata en la calle enseguida quieren hacerse de esos ingresos aumentando los precios en vez de producir más”.
Las declaraciones de Vaca Narvaja provocaron la inmediata reacción de la Fundación Pro Tejer, la entidad que representa los intereses de la cadena textil. El economista de la Fundación, Ariel Shale, acusó a la funcionaria de “confundir al enemigo”. Los precios minoristas que mide el Indec, señaló, “no distinguen entre la producción nacional y la importada, están tomados mayoritariamente entre los supermercados, donde el grueso de la producción es importada de Brasil”. Shale indicó que los valores de salida de fábrica de la producción nacional son medidos por el IPIM (Indice de Precios Internos Mayoristas), el que mostró para las “prendas de materiales textiles” un aumento de precios del 0,1% en octubre y un acumulado del 6% para los primeros diez meses del año. “Estos aumentos están muy por debajo de la inflación mayorista, que en los primeros diez meses del año fue del 9,6%”, reseñó.
El economista de Pro Tejer enfatizó además que no debe asimilarse la realidad de la producción, el sector que se vería afectado por una rebaja de aranceles, con lo que sucede en la comercialización, donde reconoció la existencia de “distorsiones”, aunque las atribuyó al comportamiento estacional de los precios. En rigor, los datos del IPC (Indice de Precios al Consumidor) muestran que los valores minoristas de la indumentaria crecieron bastante por encima de la inflación y que este comportamiento va más allá de la suba estacional de octubre. Según el IPC, la ropa aumentó el 4,9% el último mes y el 11,8 entre enero y octubre. Si bien la significación del primer indicador puede atribuirse al alza del período inicial de la temporada de verano, el 11,8% de los primeros diez meses supera dicha estacionalidad. Llegado este punto los argumentos empresarios son conocidos, la concesión de aumentos de salarios y la suba de costos de la materia prima, los servicios y, en el sector de comercialización, los valores de los alquileres de los locales comerciales.
En un informe difundido a la prensa, Pro Tejer reconoció los elevados márgenes comerciales con que trabaja la indumentaria, pero los atribuyó al seguimiento de “las nuevas estrategias comerciales internacionales”, consistentes en fijar al inicio de la temporada “precios lo suficientemente altos para bajarlos bruscamente en las liquidaciones”, método que conseguiría “captar masivamente el interés de los consumidores”. El ciclo alcista de verano se iniciaría en septiembre para seguir subiendo entre octubre y diciembre y liquidar en enero y febrero. Pero lo cierto es que después de cada ciclo los precios quedan un escalón más arriba, una situación que hasta ahora fue convalidada por la demanda.