ECONOMíA › OPINIóN

Si lo quiere, pague

 Por Mario Wainfeld

“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”, establece (liberal en lo político) el artículo 19 de la Constitución. Nadie está obligado a renunciar a los subsidios para consumidores de servicios públicos ni es lícito impedírselo.

El Gobierno, en una medida que funge de convocatoria a voluntarios condimentada con algo de chicana remitida a quienes le exigían esa medida, abrió el susodicho registro (ver asimismo nota principal). La página web es amigable, cuenta con un buen repertorio de preguntas usuales y orienta para “leer” las boletas. Pide pocos datos. Un ciudadano-usuario medianamente torpe, que tipee con dos dedos y propenda al error en la transcripción de números (como el cronista) no tarda ni diez minutos en completarlo. La confirmación llega de volea a su casilla de mails, escueta y fundada: “La registración ha sido correcta. Su número de trámite es el ***. Su acto solidario le permite al Estado nacional mediante esta política pública garantizar la universalización del acceso a los servicios básicos como gas, electricidad y agua potable para todos los ciudadanos del país. Muchas gracias. Presidencia de la Nación”.

Ojalá así fuera, aunque el primer día de inscripción confirma las presunciones anticipadas por el cronista. Los espontáneos que dan el paso al frente son, para una masa de millones de usuarios, una pequeña minoría. Un colectivo previsible, más vistoso que masivo.

Abundan sí nombres conocidos: funcionarios, famosos de la farándula o el espectáculo, periodistas, empresarios. Susana Giménez renuncia aunque vive en uno de los barrios en los que se mocharon los subsidios: una diva redundante.

Un lector agudo sugiere al cronista quitar de oficio los subsidios a gobernadores, legisladores nacionales, jueces de la Corte Suprema y de Tribunales inferiores. Gentes de buenos ingresos, que podrían dar el ejemplo. La iniciativa, edificante, podría contradecir al artículo 19 de la Carta Magna. Y los jueces, que han convertido en tótem la regla de la intangibilidad de sus ingresos (tanto que se emperran en el privilegio no pagar el Impuesto a las Ganancias), acaso pondrían el grito en el cielo. Plenamente voluntarias son (y deben ser) las renuncias.

Lo concretado hasta hoy deja poco margen al pataleo. Pero, para ser francos, la equidad es sólo una parte de los móviles del cambio de régimen. La finalidad preponderante es reducir la inversión fiscal o (se verá) reorientarla. En ese aspecto, la aplicación a grandes empresas y usuarios domiciliarios con potencial económico para bancarlos tiene un impacto fiscal no irrisorio, pero tampoco suficiente.

La futura remisión de formularios a millones de personas es una acción compleja que exigirá la sintonía fina a la que aludió la Presidenta en su discurso del martes.

Autoexcluirse es simple, ya se contó. Las renuncias tácitas por no responder al formulario en dos ocasiones también podrían serlo... en principio. Habría que abrir una hendija para el error del ciudadano, para casos de ausencia del domicilio y “n” situaciones particulares o hasta anómalas que siempre aparecen ante una acción masiva.

El cruzamiento de datos respecto de los que pidan continuar subsidiados y (ni qué hablar) medidas de control tales como visitas domiciliarias pueden implicar una parafernalia de empleados públicos trabajando y arduas decisiones prácticas.

Hasta acá, el Gobierno avanza dos casilleros, sin obstáculos y con cero contradicción con principios equitativos. Internado en la jungla del número, otro gallo cantará. Se verá de cerca que los subsidios distan de ser un veneno o un engendro de Satanás. Son una herramienta de política económica con ciertas derivaciones positivas (básicamente dejar a ciudadanos de a pie más plata en el bolsillo para dinamizar el mercado interno). Se entrará en una zona gris, mucho más peliaguda de definir que el conjunto de quienes fueron interpelados hasta ahora. Los tiempos de implementación serán otros, el (irrenunciable) deber estatal de “garantizar la universalización”, mucho más exigente.

[email protected]

Compartir: 

Twitter
 

 
ECONOMíA
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.