Corría el año 1997 y el hoy vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, lideraba los esfuerzos para liberar a todos los secuestrados del país desde su Fundación País Libre. Por esa razón, se justificó años más tarde, se reunió en secreto con varios jefes paramilitares. Pero 13 años después, uno de los comandantes de los grupos armados de derecha contó otra historia. “Santos le preguntó al comandante (Salvatore) Mancuso cómo iban el avance y la guerra (...) le preguntó en qué había quedado el tema pendiente con el comandante (Carlos) Castaño sobre la presencia de las autodefensas en Bogotá y Cundinamarca (centro del país)”, fue uno de los recuerdos que describió alias Jorge 40 en sus memorias, recientemente publicadas por la página web Verdadabierta.com.

Rodrigo Tovar Pupo, más conocido por los colombianos por su alias, Jorge 40, fue el paramilitar que destapó el escándalo de la parapolítica y puso tras las rejas a decenas de legisladores, gobernadores y concejales. También fue el comandante que sembró el terror en el noroeste del país con un ejército de 4500 hombres durante seis años y luego confesó más de 600 crímenes, entre ellos decenas de masacres a campesinos, pescadores y comunidades indígenas. En 2006 negoció con el gobierno de Alvaro Uribe, depuso las armas y prometió contar todo lo que sabía.

Empezó a hablar en los tribunales colombianos y, en la intimidad de su celda, a escribir sus memorias, una versión edulcorada de su paso por la guerra irregular, llena de nombres y anécdotas. En la noche del 13 de mayo de 2008, cuando todavía le faltaba poner en papel los años más jugosos del paramilitarismo, Uribe dio la orden de extraditarlo a Estados Unidos junto con los otros 13 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por cargos de narcotráfico. En medio del traslado, el gobierno le confiscó las 152 páginas de su manuscrito. Casi dos años después el texto se filtró y salió a la luz.

A través de las páginas, Jorge 40 relató sus primeros acercamientos con los incipientes grupos armados de derecha. Cómo robaban las armas de la guerrilla o las compraban directamente en Miami, y cómo las alianzas con algunos jefes policiales les evitaban problemas con la ley o, incluso, los sacaba de la cárcel cuando era necesario. Mencionó muchos nombres, pero el que sobresale por encima del resto es el del actual vicepresidente Francisco Santos.

Dos jefes paramilitares, Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, ya lo habían mencionado dentro de su larga lista de contactos y aliados políticos. El primero fue extraditado y la Corte Suprema colombiana evitó que el segundo siguiera el mismo destino. Los dos habían acusado al hijo de la poderosa familia, dueña de un multimedios más grande de país, de promover la creación de un frente paramilitar en Bogotá. Pero Santos siempre se defendió con el mismo argumento; estaba allí, en las reuniones con sanguinarios paramilitares, por los secuestrados, sólo por ellos. Después de sufrir el secuestro en carne propia a manos del capo narco Pablo Escobar, Santos había creado en 1991 la Fundación País Libre para ayudar a las familias de las víctimas de ese flagelo.

Pero para Jorge 40 la relación entre Santos y Mancuso iba más allá de una simple mediación humanitaria. “Vi la forma efusiva en que ambos se saludaron y él saludó al comandante Mancuso con el apelativo de Monito. Ahí confirmé que ya se conocían”, recordó el jefe paramilitar sobre la primera reunión que presenció a mediados de 1997, cuando las autodefensas recién empezaban a hacerse conocidas.

Santos le pidió a Mancuso en esa reunión la liberación de un secuestrado que estaba en manos de los paramilitares, según las memorias del comandante. “No sólo por ayudar a una familia, sino porque también le serviría a la Fundación para arrancar con el pie firme”, le habría explicado el reconocido periodista.

No consiguió una respuesta afirmativa, pero no por eso terminó la conversación. Según el relato de Jorge 40, Santos y Mancuso siguieron tomando whisky y hablando. “Santos se refirió a que era verdad que la guerra debía continuar y que lo malo de la guerra era que hubiese muertos. Dijo que entonces éstos no deberían desaparecerse, pues terminarían convirtiéndose en un problema, no sólo de derechos humanos sino también en un problema para su Fundación”, escribió el comandante.

El manuscrito del paramilitar mantiene de principio a fin un tono inocente, por momentos, ingenuo. Jorge 40 no era ni lo uno ni lo otro. Los organismos de derechos humanos colombianos lo sindican como uno de los jefes más sangrientos de las autodefensas y uno de los comandantes que concentró mayor poder territorial. Se desmovilizó sólo después de conseguir un acuerdo con el gobierno de Uribe y Santos: él y el resto de la cúpula paramilitar entregaron las armas y confesaron todos sus crímenes a cambio de un borrón y cuenta nueva con la Justicia.

Todo avanzaba sobre ruedas hasta que en 2007 la policía allanó el escondite de uno de sus lugartenientes que no se había desmovilizado e incautó la computadora que desató el escándalo de la llamada parapolítica. Un listado de políticos y funcionarios que habían apoyado y financiado a los paras para ganar elecciones se hizo público y la Justicia empezó a hacerles preguntas a Jorge 40 y sus compañeros. En cada una de sus declaraciones, un gobernador, senador, congresista o concejal de la coalición uribista caía en desgracia.

El 14 de mayo los colombianos amanecieron con la noticia de que casi toda la primera plana paramilitar había sido extraditada a Estados Unidos. Uribe no había consultado ni avisado a nadie, ni a la Justicia, ni a las familias de las víctimas. Para las organizaciones de derechos humanos, el presidente quería detener la hemorragia que había desatado la parapolítica dentro de sus filas. Imposible confirmarlo. Pero Jorge 40 no podrá terminar sus memorias. Se quedó en los primeros meses de 1998, cuando aún le quedaban los años de apogeo, militar y político, del paramilitarismo.

Desde su celda en Washington ya no tiene ningún incentivo para seguir escribiendo. A finales de 2008 declaró vía videoconferencia en una causa contra una diputada uribista, pero su predisposición parece haber cambiado desde que su hermano, el empresario Sergio Tovar Pupo, fue asesinado en Colombia en diciembre pasado. Desde entonces, el comandante paramilitar no responde a los llamados de la Justicia colombiana. Con él sumarían cuatro los jefes paramilitares que se llamaron al silencio en Estados Unidos. Un silencio que sólo beneficia a sus antiguos socios.