Un total de 200 jueces españoles cuestionaron en duros términos un indulto otorgado por el gobierno español de Mariano Rajoy a cuatro policías catalanes condenados por torturas, según un manifiesto publicado ayer. Los jueces, entre ellos magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguran que la decisión política del Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) dinamita la separación de poderes y supone una actuación contra la dignidad humana. También afirman que la medida de gracia –que es legal– supone una afrenta al Poder Judicial, que en 2008 condenó a los cuatro Mossos d’Esquadra –la policía autonómica catalana– a dos años de prisión por torturar, maltratar y privar de libertad a un inmigrante rumano al que confundieron con un ladrón, en un hecho ocurrido en 2006.

Los magistrados contrarios al indulto aseguran que en este caso la medida es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Asimismo, creen que con esta decisión se incentivan comportamientos que deben ser erradicados de cualquier cuerpo policial. “Supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio”, dicen en el manifiesto.

La Audiencia de Barcelona condenó a los cuatro policías catalanes a penas de hasta 6 años y 7 meses de prisión por hechos gravísimos, entre ellos torturas, lesiones, maltrato, privación de libertad y contra la integridad moral. Los uniformados presentaron recursos contra el Tribunal Supremo español, que los desestimó, pero el Ejecutivo de Rajoy rebajó las penas en febrero a dos años de prisión –con lo que podía evitar la cárcel– y sustituyó la inhabilitación inicial por una suspensión. De esta forma se abrió la puerta para que los policías se reintegraran a su actividad, pero la audiencia de Barcelona rechazó en mayo la suspensión de la pena. Los agentes solicitaron entonces un segundo indulto, que les fue concedido el viernes, sustituyendo las condenas de prisión por una multa de diez euros por día, equivalente a 7300 euros en total. Los indultos, que son inapelables, no suelen ser justificados por el gobierno que los concede.

Sin embargo, ante las duras críticas de los jueces, el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, salió a defender la decisión. “El derecho de gracia es una facultad del gobierno, y en este caso concurrían todas las condiciones favorables”, dijo el titular de Justicia. En lo que va del año, el gobierno de Rajoy aprobó 444 indultos, es decir, más de uno por día. Entre los que fueron perdonados figuran golpistas, miembros de la fuerza parapolicial GAL, colaboradores de ETA, políticos corruptos, jueces y grandes empresarios, banqueros, defraudadores y narcotraficantes. Pero nunca antes un indulto había generado tanto rechazo como en esta ocasión.

La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) también suscribió el manifiesto. “La decisión del Ejecutivo provoca perplejidad en la ciudadanía, que observa cómo delitos especialmente rechazables pueden obtener una impunidad poco comprensible”, dijo el portavoz de JpD, el magistrado Joaquim Bosch. La asociación denuncia el número creciente de indultos que afecta cada vez más a cargos públicos y a policías, con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a sí mismo.