En un país donde cada vez más abuelos están asumiendo, con sus jubilaciones, la manutención de hijos y nietos desempleados, el gobierno acaba de anunciar un recorte de 33 mil millones de euros en el fondo de pensiones. Mediante un anteproyecto de ley que no cuenta con la aprobación ni de los sindicatos ni de la oposición, el Ministerio de Empleo pretende reformular el cálculo de estas prestaciones, desvinculándolas de la evolución de la inflación e introduciendo el llamado “factor de sostenibilidad”, un nuevo parámetro relacionado con la demografía y los ingresos del sistema público.

El nuevo índice de revalorización de pensiones entraría en vigor en 2014 y establecería un suelo del 0,25 por ciento, para evitar la bajada o congelación de las pensiones, y un techo máximo de subida del Indice de Precios de Consumo (IPC) más 0,25 por ciento. En lugar de tener en cuenta sólo la inflación, como hasta ahora, el monto de las prestaciones vendrá también determinado por los ingresos y gastos del sistema cada año, o sea, los déficit o superávit del propio sistema público de la seguridad social.

Esta compleja ecuación, con variables como los salarios, la esperanza de vida o el PIB, intenta ocultar –según portavoces de los principales partidos de la oposición– que las pensiones ya reconocidas se irán devaluando con el tiempo, perdiendo su poco poder adquisitivo. “Con aumentos del 0,25 por ciento o del 1 por ciento es evidente que se dará un empobrecimiento de los pensionistas en un contexto donde el IPC se sitúa regularmente alrededor del 3 por ciento y los precios reales aún aumentan mucho más a pie de calle”, asegura el secretario de Política Económica del Partido Socialista (PSOE), Valeriano Gómez.

El otro eje sobre el que gira la reforma es la creación de un nuevo parámetro (como la edad legal de jubilación, los años cotizados o el período de cómputo) que contemplaría la esperanza de vida desde los 67 años para calcular la cuantía inicial de la pensión. El denominado “factor de sostenibilidad” comenzaría a actuar desde 2019 y se actualizaría cada cinco años. Según los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), esta modificación haría perder entre un 15 y un 28 por ciento del poder adquisitivo de las pensiones en los próximos 15 años, dado que se ajustarían a una demografía y unos ingresos que, claramente, están decreciendo en España debido a la recesión económica. Otro de los problemas que, en opinión de Carlos Bravo, representante de CCOO, plantea la propuesta del Ejecutivo es que la revalorización anual de las pensiones queda en manos del gobierno de turno, con lo que se produce una “discrecionalidad política” que no conseguiría sacar el debate de las jubilaciones del juego político.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, por su parte, destacó que se trata de la reforma “más importante” en términos sociales que aprobó el gobierno y afirmó que dará “confianza, tranquilidad y certidumbre” tanto a los pensionistas presentes como futuros, a los que les garantizó que podrán disfrutar de jubilaciones públicas. “Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van a ser los pensionistas del mañana”, añadió.

Desde el gobierno se busca el ahorro de casi 33 mil millones de euros en las arcas de la seguridad social de forma progresiva durante los próximos nueve años. Así lo estima la memoria del anteproyecto de ley que fue enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen y que, desde que este lunes se hiciera público, no hizo más que cosechar críticas de todos los sectores. Según Alex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda, una asociación que desde 1970 se ocupa de asesoramiento laboral y jurídico en Cataluña, la acción legislativa del Partido Popular (PP) persigue un único objetivo: reducir gasto a base de rebajar el número de pensionistas y el importe de sus pensiones. “Se trata de un continuo de reformas que nos dejan una pensión media oficial de sólo 880 euros –y poco más de 650 euros en las mujeres– y nos llevan a encabezar rankings europeos vergonzosos, como el del porcentaje de jubilados situados por debajo del umbral de la pobreza”, afirma Tisminetzky.

Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición sostienen que la propuesta de la ministra no tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones sino instaurar un nuevo paradigma. “La intención del Ejecutivo es reducir la cuantía de las jubilaciones y abrir el espacio a los fondos de pensión privados”, aseguró Valeriano Gómez, del PSOE.

Ante el aluvión de críticas, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, defendió que “ahorrar no es recortar. Es ahorro sobre el crecimiento previsto” y relacionó los 33.000 millones menos de gasto con el billón que supondrán las pensiones en ese período. “Nadie tendrá pensiones más bajas por esto. Lo que hacemos es reordenar el sistema para reequilibrarlo”, aseguró.

El Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre, tras su debate en el Congreso de los Diputados. Durante este tiempo, continuarán los contactos con los agentes sociales y la oposición, aunque éstos dudan de que el gobierno tenga verdadera intención de analizar y asumir sus propuestas, dado que el texto fue presentado unilateralmente, sin respetar ninguna de las negociaciones previas con los representantes sindicales.