Este lunes, el presidente George W. Bush va a defender en una rara conferencia pública la nueva ley de inmigración que hasta ahora no pudo aprobar el Congreso. Es un tema que desata pasiones y amenaza terminar de un modo que no conforme a nadie, ya que los partidarios de los inmigrantes consideran el proyecto de Bush muy represivo y los opositores lo ven como excesivamente permisivo. El tono se levantó tanto que ayer casi se dirime a los golpes en la puerta de la Casa Blanca, cuando se encontraron dos pequeñas manifestaciones, una de latinos y otra de Minutemen, xenófobos, que fueron separados por la policía. Pero Bush no pudo esperar hasta el lunes para defender a su gobierno y a su candidato para encabezar a la CIA del naciente escándalo por la vigilancia telefónica.

El conflicto estalló este jueves cuando el diario USA Today tuvo una de sus raras primicias y reveló que la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, formó una base de datos con decenas de millones de llamados telefónicos realizados desde EE.UU. al exterior. Las acusaciones llovieron especialmente sobre la Casa Blanca, pero no únicamente desde el opositor campo demócrata. Entre el mismo jueves y ayer, el gobierno y el mismo presidente Bush repitieron que no se violó la ley, ya que no se escucharon las llamadas ni se intervinieron los teléfonos de nadie sin autorización judicial. El flamante vocero de la Casa Blanca, Tony Snow, debutó ayer en funciones hablando del caso y diciendo que “ni desmentimos ni confirmamos” que exista la base de datos; diversos funcionarios y miembros del Congreso explicaron que la base de datos se reunió con la colaboración de las empresas telefónicas, que compilaron las llamadas a teléfonos en el exterior que la inteligencia norteamericana considera son de personas ligadas a grupos terroristas islámicos.

Como el general Michael Hayden, candidato a dirigir la CIA, fue el número dos de la NSA cuando se compilaba la base de datos, su aprobación por el Congreso pasó a complicarse. El senador republicano Charles Hagel, de la comisión de inteligencia que debe aprobar su nombramiento, dijo que éste será “uno de los temas que serán estudiados en detalle”. Su colega Susan Collins dijo que “el gobierno debe ser más franco con el Congreso sobre sus programas de vigilancia para poder controlarlos”, aunque otros senadores afirmaron que estaban perfectamente al tanto de que existía la base de datos y la consideran legal. Lo mismo dijo el general Hayden: “Todo lo que ha hecho la NSA es legal y de ello han sido informados determinados congresistas. El único objetivo es defender la seguridad y la libertad de los estadounidenses”. Una encuesta parece indicar que la mayoría de los ciudadanos concuerda, ya que el 65 por ciento estima más importante la seguridad que la privacidad de sus llamadas.

El otro gran tema de la semana es mucho más polémico, tanto que el mismo presidente Bush hablará el lunes sobre su proyecto de ley para legalizar inmigrantes, convertir en crimen de ahora en más la entrada ilegal a los EE.UU. y crear un programa de “trabajadores-huéspedes” provisorios. El proyecto despierta apoyos y oposiciones que cruzan el arco ideológico. Por ejemplo, los republicanos más duros rechazan la legalización de los clandestinos, pero apoyan criminalizar al ilegal; mientras que los demócratas aprueban la legalización, pero no criminalizar al inmigrante. Sin embargo, ayer se pudo aprobar una ley que permite militarizar el control de la frontera con México para detener narcos, posibles terroristas e inmigrantes, aunque el Pentágono aclaró que las cosas no cambiarán tanto porque la Guardia Nacional ya actúa abiertamente en los estados involucrados.

Dos grupos casi se van a las manos ayer frente al Congreso por el tema migratorio cuando coincidieron dos pequeñas manifestaciones, una de latinos y una de milicianos de derecha. El grupo Movimiento Latino USA se dedicó a insultar como racistas a los miembros de los Minutemen con consignas como “Racistas a la mierda” y “Minuteman, escucha, el pueblo está en la lucha”, cantada y rimada en español. Los milicianos dirigidos por Jim Gilchrist, que salen a patrullar la frontera como voluntarios,respondieron a los gritos y agitando carteles que decían “Soberanía no es racismo”. Los Minutemen consideran que el proyecto del gobierno “entrega” el mercado laboral a los ilegales.