EL MUNDO › MILITARES PRESENTAN UN RECURSO A LA JUSTICIA

Piden amnistía total a Tabaré

Trece oficiales retirados solicitan al Ejecutivo uruguayo que anule la exclusión a la Ley de Caducidad de los casos de asesinato de Claudia García, nuera de Gelman, Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Los militares uruguayos que dirigieron la represión durante la dictadura siguen intentando obstaculizar las investigaciones judiciales. Quince oficiales, entre ellos los presidentes de los dos principales organismos que nuclean a los oficiales retirados, firmaron un pedido para anular la decisión del presidente Tabaré Vázquez de excluir los asesinatos de los senadores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García, de la Ley de Caducidad. Esta amnistía ampara a los militares, policías y civiles uruguayos que cometieron crímenes por razones políticas durante el período de facto. Mientras la Justicia debate, uno de los firmantes, el teniente coronel José Gavazzo, podría haber quedado un paso más cerca de la extradición por los crímenes en el marco del Plan Cóndor. Un documento secreto demostró que lideraba las operaciones contra militantes tupamaros en el exterior.

El pedido, que reveló ayer el diario uruguayo La República, fue presentado el 21 de abril pasado al Tribunal en lo Contencioso Administrativo (TCA). El fallo, que podría llegar la semana próxima o a finales de año, será inapelable. Si da lugar al pedido de los militares, todas las investigaciones y las causas sobre crímenes exceptuados de la ley de amnistía quedarían prohibidas. La idea que subyace a todas las argumentaciones de los castrenses es que la resolución de Tabaré desconoce el espíritu con la que fue aprobada la Ley de Caducidad. El escrito, que goza de la promoción y firma del ex vicepresidente blanco, el abogado Gonzalo Aguirre, destacó que la Ley de Caducidad fue producto de un acuerdo entre la dirigencia política y los altos mandos militares, por el cual las Fuerzas Armadas accedieron a entregar el poder en 1985 a cambio de que no se responsabilizara ni a los militares ni a los policías de los delitos cometidos durante la dictadura.

Los militares dedicaron, además, un apartado especial a los casos de los senadores y de la nuera de Gelman. En el primer caso sostuvieron que el gobierno de Tabaré no tiene pruebas de que esos crímenes hayan sido cometidos por orden del gobierno de facto de esa época. En cuanto al secuestro y la desaparición de la nuera del poeta, aseguraron que el Ejecutivo está violando una decisión del Poder Judicial, que cerró la causa.

De los quince firmantes, dos –los tenientes general retirados Carlos Berois y Juan Rebollo– también habían adherido a la carta que los mandos de la dictadura difundieron en mayo pasado para responsabilizarse de los crímenes de la dictadura. Otros cinco adherentes al pedido están actualmente detenidos en forma preventiva desde comienzos de mayo. Esperan una decisión de la Justicia sobre los pedidos de extradición argentinos que pesan sobre ellos por el secuestro y la desaparición de la nuera de Gelman, además de la apropiación de su nieta.

El coordinador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Payseé, advirtió que es muy posible que el recurso tenga una falencia legal. “Dudo que se haya agotado la vía administrativa que pide la Constitución. Primero hay que presentar ante el propio organismo que hizo el acto”, explicó el defensor de derechos humanos a Página/12. Además, adelantó que es muy probable que un fallo del TCA a favor de los militares no afecte a la otra herramienta con la que cuenta el Ejecutivo, las extradiciones. Hasta el momento, Uruguay ha aprobado la extradición de dos oficiales a Chile y está analizando otras cinco, pedidas por Argentina.

Uno de estos extraditables es el teniente coronel José Gavazzo, acusado de haber participado en el Plan Cóndor. Un documento secreto del Servicio de Información de Defensa de 1975, divulgado por la revista uruguaya Brecha, confirmó las denuncias. Para Payseé, este descubrimiento reafirma la participación uruguaya en el Plan Cóndor y la falta de cooperación de los castrenses en la búsqueda de la verdad. “Esto no hace más que reafirmar que le están mintiendo a la Justicia descaradamente”, aseguró. Cada vez más, la carta de los mandos parece menos un perdón y más un intento por defender a sus subalternos. “Pero cuando llega el momento en que las papas queman, todos se van al maso”, concluye Payseé.

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Uno de los firmantes del petitorio a Tabaré está más cerca de ser extraditado.
 
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