SOCIEDAD

El juez del caso Carrasco ahora responde pero desde el banquillo

Se inició el jury contra Rubén Caro, el primer juez del caso Carrasco. Lo acusan de permitir que el Ejército manejara la causa y que su inoperancia terminara por sobreseer a los culpables.

 Por Carlos Rodríguez

A 12 años de la muerte del soldado Omar Carrasco en un cuartel de Zapala, los tres condenados por el crimen ya recuperaron su libertad y siete militares imputados por encubrimiento fueron sobreseídos por prescripción de la causa. Por obra del sinuoso camino que suelen seguir algunos procesos judiciales en la Argentina, el único que permanece como acusado es Rubén Omar Caro, el suspendido juez federal de Zapala que fue el primero que tuvo a su cargo el caso. Ayer comenzó el juicio político contra Caro, a quien el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura le imputa “su sumisión a la actividad desplegada por la inteligencia militar en el sumario de instrucción”. Varios testigos aseguraron que a Caro “el Ejército le manejó la causa” y que eso significó que se dejaran de lado testigos clave o se desecharan pruebas relevantes. Lo increíble es que, de corroborarse las irregularidades cometidas por Caro, podría quedar al desnudo que tres personas fueron condenadas por delitos más graves de los que cometieron y que siete jefes militares, sobreseídos por lentitud o inoperancia de la Justicia, podrían ser autores de hechos más graves que el encubrimiento.

La presencia, en Zapala, de unos 30 miembros de la inteligencia militar investigando el crimen, cuando estaba prohibido desde la reforma de la Ley de Defensa Nacional, había sido señalado en el fallo dictado por el Tribunal Oral de Neuquén el 31 de enero de 1996. “Las tareas paralelas de investigación (...) contribuyeron a contaminar el juicio y tornar algunas conductas sospechosas, para terminar invalidando pruebas que pudieron ser relevantes”, dijeron los jueces María del Carmen Ingelmo, Aidée Vázquez y Eugenio Krom, al condenar a 15 años de cárcel al subteniente Ignacio Canevaro y a 10 años a los ex conscriptos Víctor Salazar y Cristian Suárez, como autores del crimen ocurrido el 6 de marzo de 1994.

Las “conductas sospechosas” habrían sido dirigidas por la Inteligencia militar a cargo del general Jorge Miná, titular del área en el Ejército durante la gestión del hoy embajador en Colombia general Martín Balza. El encubrimiento nunca fue juzgado y la causa prescribió el año pasado. Ayer, en la acusación a Caro, el abogado Marcelo Inaudi, ex defensor de Suárez, y el ex diputado nacional Víctor Peláez, reflotaron las mismas dudas.

Ellos aseguraron que fue el Ejército y no el juzgado federal de Zapala el que resolvió la causa “creando una historia oficial en la que Canevaro, Suárez y Salazar aparecieron como culpables”. La hipótesis se abrió con el testimonio del sargento Carlos Sánchez, condenado en el mismo juicio por encubrimiento. Sánchez había declarado cinco veces en la causa y siempre dijo que no sabía nada. El 18 de junio de 1994, luego de un extraño traslado a Buenos Aires, al Regimiento de Granaderos a Caballo, regresó a Zapala y aseguró que los dos conscriptos le habían confesado que golpearon a Carrasco por orden de Canevaro.

Los testigos de cargo, a los que ayer se sumaron Cecilia Paparatto y Pedro José Canevaro –esposa y padre del subteniente Canevaro, que ayer estuvo presente en el juicio contra Caro–, dijeron que el juez enjuiciado fue responsable de que la autopsia de Carrasco se realizara sin las condiciones necesarias, en el hospital del cuartel de Zapala, en presencia de muchos de los que después fueron acusados de “contaminar el juicio”.

Caro también fue imputado por la pobre declaración que le tomó al único testigo presencial, el conscripto Juan Castro. El testigo le dijo a la policía que vio cómo le pegaban a Carrasco “tres o cuatro personas”, pero cuando estaba declarando en el juzgado, Caro suspendió el trámite porque a Castro “le dolía un dedo” (eso dice el expediente). Al día siguiente, el rumbo del interrogatorio de Caro siguió un rumbo errático, intrascendente. Ayer, Peláez reveló que en la causa por encubrimiento, que quedó trunca, hay constancias de que entre las 19.30 del 8 de marzo y las 7.30 del 9 de marzo de 1994, en el Estado Mayor del Ejército se recibieron “siete M.M.C”, sigla que significa Mensajes Militares Conjuntos. Ese tipo de partes –transmitidos desde el cuartel de Zapala– son poco usuales y mucho menos tantos, tan seguidos. Esa fecha coincide con la hipótesis del perito Alberto Brailovsky de que Carrasco sobrevivió hasta esa fecha y que murió en el Hospital Militar. Eso determinaría que los tres condenados no fueron autores del crimen sino de “lesiones graves” y que hubo “abandono de persona”. Se confirmó que llegaron los siete M.M.C., pero lo extraño es que “se borró lo que decían”. El caso Carrasco sigue sin cerrar.

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El suspendido juez federal de Zapala, Rubén Caro, ahora no pregunta sino que responde acusaciones.
 
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