EL MUNDO › LA TENSION SEGUIA EN PUEBLOS RURALES DE SANTA CRUZ, DONDE CIVICOS AMENAZABAN CON REPRIMIR A CAMPESINOS

Proceso para los acusados de la cacería en Pando

Tras la muerte de al menos treinta campesinos, el fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, emitió una orden de arresto contra el prefecto Leopoldo Fernández, el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar.

 Por Sebastián Ochoa

Desde Santa Cruz

El avión militar trajo de Pando las cajas precarias con los cuerpos de tres estudiantes asesinados la semana pasada en ese departamento de la Amazonia boliviana. Luego de que los familiares abrieron las cajas y se largaron a llorar, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo: “Mario (Uribe): el país, la sociedad y el Estado boliviano espera que la Fiscalía emita los mandamientos de aprehensión contra esa presidenta del comité cívico (Ana Melena), el prefecto de Pando (Leopoldo Fernández) y todos los sicarios y paramilitares”, que habrían participado en la masacre de al menos treinta campesinas y campesinos el jueves pasado, a 30 kilómetros de la capital. La reacción del fiscal general de la Nación, Mario Uribe, llegó a la tarde. La orden fue dictada contra Fernández y dos simpatizantes del gobierno nacional: el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar. Ayer, el ejército avanzó hasta la plaza central del departamento sitiado y detuvo a diez personas en cuyos domicilios los uniformados encontraron armas. En el resto del oriente, los sectores sociales enfrentados están en pausa.

“Se ha dispuesto iniciar proceso penal contra los señores Leopoldo Fernández, prefecto del departamento de Pando; Miguel Becerra, ex alcalde de la ciudad de Cobija, y Abraham Cuéllar, distinguimos que este señor es senador de la República, por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, tipificado por el artículo 138, párrafo segundo del Código Penal”, dijo Uribe.

Según el fiscal, el proceso se sustenta sobre información difundida “a través de los medios de comunicación escrita, oral y televisiva”. A la persona que carece de una definición política en Bolivia le dicen “amarillo”. Así nombran en varias ocasiones a Uribe en el Palacio Quemado, porque consideran que no colabora cuando se trata de investigar crímenes cometidos en la Media Luna. Ayer Uribe aclaró que en la resolución “no se está imputando a nadie en este momento. Nuestra actuación se basa sobre el mandato y obligación de la ley”.

El prefecto no renuncia, como le exige el gobierno: “Aquí tiene que haber un proceso investigativo, nada que ver con lo que dice y maneja el gobierno. Sólo hacen declaraciones para exacerbar los ánimos de la gente de este país, que necesita tranquilidad”, dijo según él en Cobija.

Ayer hubo una gran movilización en La Paz para repudiar la matanza de campesinos, que hasta el momento causó treinta muertos entre mujeres, hombres y niños. “Leopoldo cabrón, El Alto está caliente”, coreaban los vecinos del barrio más combativo de Bolivia. Su canción tenía otro verso: “Prefectos asesinos, queremos sus cabezas”, decían en alusión a los de la Media Luna: Chuquisaca, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

En Santa Cruz, una docena de señoras de la alta sociedad local agitó sus banderas verdes y blancas ante el consulado de Chile al grito de “Evo asesino”. La ciudad está en calma, como dispuso el domingo el Consejo Nacional Democrático (Conalde), supuestamente para facilitar el diálogo entre el gobierno y ellos. El conflicto permanece en San Julián, Yapacaní y El Torno, pueblos rurales cuyos vecinos bloquean los caminos hasta que la prefectura devuelva los edificios robados. La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) advertía ayer con romper los piquetes.

Los edificios públicos tomados la semana pasada tienen candado y custodia de la guardia municipal. Desde la prefectura avisan que en cualquier momento el gobernador Rubén Costas nombrará a las nuevas autoridades cruceñas para los 26 organismos nacionales saqueados y destrozados por grupos de choque regionales.

Por suerte para el gobierno, existe en Santa Cruz el Plan 3000, un barrio de 250 mil habitantes mayormente dispuestos a dar la vida por el Evo Morales, o al menos para evitar que la UJC ataque sus pequeños negocios, casas y vecinos. La semana pasada, cuatro días y noches resistieron el acecho de los muchachos, hasta ponerlos en fuga.

Al Plan 3000 se mudaron los 26 organismos tomados por los promotores de la autonomía departamental. Calculan que en los próximos días volverán a atender allí Impuestos Nacionales, Migraciones, el Ministerio de Trabajo y Entel, entre otras. También albergará a la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc) y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), cuyas sedes fueron destruidas.

Para Pedro Nuny, vicepresidente de la Cidob, “el levantamiento de los bloqueos de los cívicos es una jugada. Están empecinados en llevar adelante Expocruz, quieren lavar su imagen con eso. Pero denunciamos que esos empresarios de Santa Cruz y los falangistas que rodean al prefecto han incitado a esta violencia. Varios nos fuimos de la Cidob con lo puesto, quedamos en la calle. Por suerte nos cobijaron en el Plan, un barrio revolucionario y combativo. Los hermanos aquí son conscientes de lo que pasa y no permiten que nos estén acosando”, dijo el mojeño a Página/12 en la improvisada sala de reuniones de los indígenas, una cancha de fútbol con más polvo que la luna.


Misión humanitaria

El gobierno de Bolivia anunció ayer que autorizó a viajar a Pando una primera misión humanitaria en la que estará el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, un obispo católico y un funcionario de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, explicó a la prensa que por medio de una solicitud de Naciones Unidas se autorizó a que hoy llegue esa comitiva a Cobija, capital de Pando, región que continúa militarizada. Agregó que el gobierno aceptó otra petición para que mañana se puedan desplazar cuatro funcionarios de la ONU. El gobierno decretó el viernes pasado el estado de sitio en ese remoto departamento del norte del país, después de los violentos choques entre partidarios del presidente Evo Morales y opositores autonomistas, que se saldaron con al menos 30 muertos y 106 desaparecidos. Desde entonces, el gobierno no había autorizado a aterrizar en Cobija, ciudad fronteriza con Brasil, ningún vuelo que no fuera del propio Ejecutivo con militares, funcionarios públicos y periodistas de medios estatales.

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El conflicto permanece en San Julián, Yapacaní y El Torno, pueblos rurales cuyos vecinos bloqueaban los caminos.
 
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