EL PAíS › EL DEBATE JURIDICO ACERCA DE LA VALIDEZ DE LAS GRABACIONES DEL FBI EN LA CAUSA DE LA VALIJA

¿La prueba del delito?

La acusación de espionaje contra los ex socios de Antonini Wilson se sostiene en gran parte con las cintas que él mismo grabó luego de sellar su acuerdo con el FBI. Uno de los protagonistas de esas conversaciones admitió que en esos diálogos mintió. ¿Servirían esos registros como prueba en un juicio en la Argentina? Jueces y abogados dan sus opiniones.

 Por Irina Hauser

En las grabaciones de la causa de la valija en Miami nada (o poco) es lo que parece. Por empezar, las obtuvo para el FBI Guido Alejandro Antonini Wilson, con el plan de generar una acusación contra sus ex socios en Estados Unidos y así evitar que lo extraditaran. Lo que diga en esas cintas es, por definición, poco creíble. Pero Antonini no es el único que miente en los diálogos. Sus amigos grabados a hurtadillas, también. Uno de ellos, el testigo-arrepentido Moisés Maionica, confesó ante el jurado haber dicho al menos siete falsedades. El fiscal Thomas Mulvihill asegura también que Franklin Durán, el único enjuiciado, dijo otras tantas. Más allá de este juego de apariencias, las famosas escuchas hace tiempo intentan ser incorporadas al expediente argentino. ¿Tendrán algún valor como prueba en estos pagos? ¿No importa que hayan sido producidas en otro país, en forma subrepticia y con otro sistema penal? ¿Qué peso pueden tener si las realizó el hombre que aquí es el principal imputado? ¿Y el hecho de que él y sus interlocutores mientan?

Por empezar, Antonini dijo en la Aduana porteña que la valija era suya, pero en los diálogos que grabó con sus ex socios, habla de que era del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti. Maionica reconoció haber mentido cuando le aseguró al “Gordo” que había hablado con algún funcionario de “allá abajo” (por Argentina) y que en una reunión con el jefe de inteligencia venezolana Henri Rangel Silva y el vicepresidente Jorge Rodríguez le habían dado garantías de protección para él. Según el fiscal, Durán mintió al decirle a Antonini que había hablado con el jefe de la DEA en Caracas, Thomas Adler, y que le había quedado claro que los 800 mil dólares no eran de narcotráfico. Mulvihill anunció que Adler declarará en el juicio.

Sobre la base de estas conversaciones se sostiene, en gran medida, la causa que tramita en Estados Unidos, que tiene a Antonini como testigo estelar contra sus ex socios. Ya en diciembre del año pasado, salió rumbo a ese país un pedido de los audios y transcripciones impulsado por los fiscales argentinos María Luz Rivas Diez y Mariano Borinsky. Nunca hubo respuesta, tampoco al pedido de extradición. Ambos fueron reiterados por el juez Daniel Petrone, quien esta semana se cansó y directamente pidió viajar a Miami para solicitar todo personalmente y tomarles declaración como testigos a “las cuatro personas involucradas en el proceso” que transcurre allá, como figura en su reclamo. Pero su intención de obtener esos testimonios respondería a las altas chances de que las grabaciones y escuchas queden cada vez más desvirtuadas y sean objetadas por la Justicia local. El abogado de Uberti, Diego Pirota, ya anunció que pedirá su nulidad, por ser “subrepticias”, por carecer del control de un juez como exige el sistema argentino y porque considera que Antonini operó como “agente provocador”.

Qué vale una cinta

“El principio general dice que ‘el lugar rige el acto` (locus regit ‘actum), es decir, si las pruebas fueron producidas de manera legal, con respeto a las normas del país donde fueron obtenidas, podrían ser válidas en la Argentina, siempre y cuando no se opongan a nuestras garantías constitucionales. Por ejemplo, una prueba conseguida bajo tortura para nosotros no tendrá ninguna validez”, explica el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, especialista en Derecho Penal, consultado por PáginaI12. “Como siempre, de todos modos, hay que analizar cada caso, y sobre el de la valija yo no puedo opinar porque puede ser que en algún momento llegue a la Corte”, se excusa.

Según José Martínez Sobrino, juez penal del Tribunal Oral Federal N° 6, “una prueba puede ser incorporada si respeta los procedimientos extranjeros reconocidos aquí, pero eso no quita que al momento de evaluarla se relativice su valor”. “En el caso de Antonini –señala el magistrado– se podría poner en duda las grabaciones por haber sido logradas de manera clandestina y por alguien que no es funcionario sino que parece actuar como agente provocador. La confiabilidad de esas cintas es un factor a tener en cuenta. Fueron armadas por una agencia de seguridad de un Estado, tomadas por alguien que es imputado (acá) y que graba a otros supuestos coimputados. Esto existe en Estados Unidos, pero acá no.”

En un caso argentino reciente, el de Skanska, las grabaciones que servían de sustento para parte de la investigación fueron anuladas por la Cámara Federal, como refresca Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Ahí, uno de los factores que pesó fue la falta de consentimiento de quien era grabado”, explica. En aquel diálogo, el “engañado” era un ex gerente de la empresa que confesaba el pago de coimas y el que lo inducía, un auditor. Ambos eran potenciales imputados. “Pero más allá de que una prueba viciada resulte excluida, se puede usar como fuente de indicios y dar lugar a otras líneas de acción en una causa”, añade. Biscay sostiene que aun antes de evaluar el modo en que fue producida “tiene que ingresar por los canales formales previstos en las convenciones internacionales de asistencia legal mutua en delitos económicos y crimen organizado”. Es decir, la evidencia no puede ser presentada por cualquier persona en la causa.

El ex camarista penal y primer titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, considera que “todo se debe incorporar a una investigación, la cuestión es la valoración posterior”. Si los diálogos del caso de la valija los registró Antonini y si su discurso pretendía “provocar los dichos de otros”, le parece poco relevante, “anecdótico”. Tampoco cree que resulte determinante que sean evidencias del FBI (entregadas a la fiscalía de Miami) sin supervisión de un juez. “En nuestro país la policía también muchas veces levanta pruebas que después le lleva a los jueces. Es el juez argentino el que va a tener que evaluar la relevancia del material”, sostiene.

“Por ahora yo no veo nada que pueda avalar las grabaciones de Estados Unidos porque fueron efectuadas sin control de autoridad alguna acerca de su legitimidad o veracidad. Es muy fácil truchar una grabación”, afirma el ex camarista y ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. “Sólo si se probara su autenticidad se podrían usar. De momento, no valen más que como indicios”, insiste. Para el jurista “no es inconveniente” que el portador del micrófono oculto fuera Antonini. “El es una de las personas que interviene en la conversación, que transcurre en un lugar público. Los reparos que hay en materia de grabaciones tienen que ver con otras cosas: por ejemplo, que sean obtenidas en un lugar privado y haya una violación a la intimidad, pero no es el caso”, dice.

Preguntas sobran

Gil Lavedra destaca que “más allá de las cintas”, en el expediente argentino “todavía falta explicar muchas cosas: el alquiler del avión, por qué fueron invitados Antonini y Daniel Uzcátegui (hijo del ex vicepresidente de Pdvsa), entre otras cosas”. Para determinar “de quién era la valija –agrega– Antonini debería declarar acá”. “Y si, al revés de lo que dijo en la Aduana ahora dice que la valija era de otro, bien podría argumentar que le pidieron que mintiera”, concluye.

Aunque el juez Petrone viaje a Miami, no podría indagar al valijero allá, donde es un testigo especial. El juez Martínez Sobrino, que en su momento intervino en el juicio oral por el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, recuerda que fue anulada la declaración de Michael Townly, uno de los autores del crimen. La jueza María Servini de Cubría había ido a interrogarlo a Estados Unidos, donde era testigo protegido, por lo que no había sido extraditado. “No estaba claro su estatus y se puso en duda su credibilidad”, señala el magistrado.

Los fiscales argentinos sostienen hace tiempo que la maniobra de contrabando en el intento de ingreso de los 800 mil dólares está probada: con Antonini, Uberti, Uzcátegui hijo y su padre, Diego, como autores. La realidad de la causa es que el hombre de la valija sigue en Miami, los Uzcátegui están prófugos y Uberti con una falta de mérito que ahora será revisada por la Cámara Penal Económica. Parece difícil que sean las controvertidas grabaciones las que modifiquen este escenario.

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