EL MUNDO › EL GOBIERNO ACUSO A LA CORTE SUPREMA DE MANIOBRAR PARA QUITARLE LA CAUSA POR GENOCIDIO AL JUEZ DE LA PAZ

Sucre reclama por el carnicero de Pando

Según el vicepresidente García Linera, la decisión de la Corte de reclamar el traslado de Fernández a Sucre es parte de un pacto de impunidad entre los jueces supremos y los políticos que los nombraron. Avanza el diálogo mientras Santa Cruz sigue cercada.

 Por Sebastián Ochoa

Desde Santa Cruz

El preso prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, es víctima de tironeos entre el gobierno nacional y el Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, dijo que el proclamado “carnicero de Porvenir” por las organizaciones sociales “debe ser trasladado a Sucre (sede del Poder Judicial), porque se ha emitido el auto y mandamiento de apremio para que eso suceda”. Pero en La Paz no lo quieren entregar.

El vicepresidente, Alvaro García Linera, pidió a la Justicia “no liberar a los sediciosos”. Creen que si lo llevan a Sucre será para soltarlo. El presidente, Evo Morales, aconsejó a los jueces: “Escuchen lo que pide el pueblo”. La masacre de al menos 18 campesinos en Pando movilizó a las organizaciones contra el Consejo Nacional Democrático (Conalde). Hasta ayer, más de 20 mil campesinos bloqueaban Santa Cruz en tres rutas. Y evaluaban marchar hacia la capital de la oposición a Morales.

Linera analizó que el diálogo con los prefectos de la Media Luna (Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca) marcha bien. “Hay una buena previsión de las distintas fuerzas minoritarias regionales para apuntalar el trabajo, dado que el gobierno ha venido con actitud de firmeza pero también con actitud de incorporar sugerencias, demandas y reivindicaciones legítimas”, dijo en conferencia de prensa.

El vicepresidente tildó de “minoritario” al Conalde. “Hoy por hoy hay una mayoría abrumadora del 67 por ciento del electorado que tiene el derecho democrático y la obligación democrática de conducir el proceso de transformación nacional en lo económico, político y lo social. Si se logra entender este escenario nuevo de correlación de fuerzas consagradas territorialmente, la solución va a estar a corto plazo”, dijo.

Morales elogió su paciencia: “Antes de que devolvieran todas las instituciones del Estado empezamos el diálogo, inclusive con personas que cometieron actos sediciosos estamos dialogando. Es la mejor apertura, pero quiero informarles que de las cincuenta instituciones que han sido tomadas en tres o cuatro departamentos, hasta ahora no han sido devueltas once”. Sólo en Santa Cruz, se calcula que los destrozos llegan a 50 millones de dólares. Por decreto, el Ministerio de Economía restará los costos a las prefecturas traviesas.

El Conalde, luego de los días violentos que avaló, se sentó afablemente a dialogar con Morales. “Por fin tenemos resultados, las mesas ya están trabajando. Hay que seguir invirtiendo horas de trabajo y esperamos que en el transcurso de los días ya tengamos los primeros frutos de la concertación nacional”, dijo el prefecto de Tarija, Mario Cossío. Los principales puntos en debate son la distribución del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) y el texto de la nueva Constitución.

El prefecto encarcelado, que parecía abandonado a su suerte, recibió un salvavidas de los jueces sucrenses. “Continúa la confabulación, porque la determinación de la Suprema no es más que un pago a sus amos por su designación como autoridades en el Poder Judicial. Se ha articulado el engranaje político-judicial de la derecha para salvar a Fernández y dejar en la impunidad la masacre”, opinó el viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Sacha Llorenti.

“Lamentamos que se distorsionen los hechos y se manipule la Justicia a favor de quienes tienen muchos recursos económicos”, dijo Rolando Villena, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). Hasta ayer se sabía que 18 personas fueron asesinadas en Pando. Aún hay 100 desaparecidos.

Los más de 20 mil campesinos que cercan Santa Cruz advierten que marcharán pacíficamente hacia allí para protestar contra el racismo y la humillación que permanentemente sufren en esta ciudad. Quienes organizan los bloqueos, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (Fmcbs), la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (Fsutc-SC), el Movimiento de los Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra (MST) y la Federación Sindical de Colonizadores de Santa Cruz (FSC-SC), declararon que repudian la masacre en Pando, piden juicio para los dirigentes cívicos y prefectos de la Media Luna y exigen que se apruebe la convocatoria a referéndum por la nueva Constitución.

“Mantendremos el bloqueo de caminos en tanto dure el diálogo en Cochabamba. Si éste fracasa, radicalizaremos nuestra medida”, anunciaron en un comunicado. Los manifestantes sostienen que están armados para protegerse de grupos violentos, como la célebre Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

El diputado del partido de derecha Poder Democrático Social (Podemos) y ferviente autonomista, Carlos Klinsky, advirtió que en Santa Cruz los esperan armados, “pero no sólo de armas, sino también armados de valor”.

En los bloqueos estuvo el indígena Leco Rolando Bueno, secretario de Comunicación de la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz, cuya sede fue destruida por los cívicos el 11 de septiembre, día de la masacre. Comentó a este diario que si los cruceños los reciben con balas “sería la peor metida de pata que pueden hacer. La marcha es para demostrar que los sectores sociales estamos unidos ante la discriminación y la humillación a la que nos someten. No quisiéramos llegar a la violencia, pero los hermanos vienen preparados para todo”.

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Simpatizantes de Evo Morales marchan en la prefectura de Santa Cruz, cerca de la capital provincial, hoy sitiada por los movimientos sociales.
Imagen: AFP
 
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