EL PAíS › CITARON A UN MILITAR POR APLICAR TORTURAS A UN CONSCRIPTO DURANTE LA GUERRA CON INGLATERRA

Malvinas, como un centro clandestino

Es el teniente coronel retirado Daniel Alejandro Delfor Polano. Cobra una pensión honorífica como ex combatiente y también fue denunciado ante la Conadep. Debe presentarse hoy ante la Justicia federal de Comodoro Rivadavia.

 Por Diego Martínez

A un cuarto de siglo de la guerra de Malvinas, por primera vez un militar deberá rendir cuentas ante la Justicia federal de Comodoro Rivadavia por las torturas que padeció un conscripto de parte de sus superiores. Se trata del teniente coronel retirado Daniel Alejandro Delfor Polano, que paradójicamente cobra aún una pensión honorífica como ex combatiente y que también fue denunciado ante la Conadep por su actuación en el centro clandestino El Campito, el mayor del país, que funcionó en Campo de Mayo.

“Es la primera indagatoria en este tipo de causas e implica reconocer la imprescriptibilidad y el carácter de delitos de lesa humanidad de las torturas cometidas en Malvinas”, consideró Pablo Andrés Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y autor de la denuncia original en abril de 2007.

–¿De qué te reís? –le preguntó Polano al ex colimba correntino Juan Carlos Gómez frente a una formación de soldados y militares en el campo de deportes del Liceo Militar General Roca, de Comodoro Rivadavia.

–No, mi capitán, no me reí –respondió Gómez, según la denuncia.

–Usted es loco.

–No, mi capitán, no soy loco.

–Entonces vamos a tener que dar el ejemplo. ¡Estaquéenlo! –ordenó.

–¡Acuéstese, soldado! –acató un sargento primero de apellido Alvarez, que lo ató de pies y manos con los vientos de una carpa. Lo dejaron allí durante más de tres horas, hasta que un capellán alertó que se iba a congelar y logró que lo desataran.

Gómez cumplía el servicio militar obligatorio en la Brigada III de Curuzú Cuatiá. El estaqueamiento sirvió de bienvenida a la Patagonia y fue el paso previo al traslado a Malvinas para pelear contra el segundo enemigo. El soldado estuvo treinta y cuatro días en la primera línea de batalla, en la Bahía San Carlos. Su jefe Polano aguantó sólo siete días, argumentó que sufría de “pie de trinchera” y abandonó a sus subordinados para refugiarse en Puerto Argentino, según el relato de los ex conscriptos.

El caso de Gómez es apenas uno de los 73 que constan en la denuncia presentada el año pasado por Vassel y por Orlando Gustavo Pascual, de la Coordinadora de Ex Soldados Combatientes de Corrientes, ante la Justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego. El escrito identifica a 62 imputados, varios aún en actividad, a los que responsabiliza por un homicidio, cuatro muertes por hambre y una veintena de estaqueamientos.

En agosto de 2007 los denunciantes ratificaron la acusación ante la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, y agregaron nuevos casos de soldados de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Comenzó entonces una ronda de más de setenta declaraciones testimoniales, solicitadas por la querella y por el fiscal fueguino Mario Rapaport. Como el abuso a Gómez no ocurrió en Malvinas, sino en Comodoro Rivadavia, la magistrada de Río Grande remitió el caso a su colega Eva Parcio de Selemme, que ayer le tomó declaración a Gómez y a dos de sus ex compañeros, Guillermo Robledo y Dionisio Altamirano. Luego recorrieron el predio del Liceo y reconocieron los lugares donde ocurrieron los hechos, acompañados por Pascua, por el ex combatiente Héctor Rocha y por el secretario de Derechos Humanos de Chubut, Juan Arcuri. La indagatoria de hoy estará a cargo de la jueza Parcio de Selemme y del fiscal Norberto José Bellver.

Según publicó el periodista Fernando Almirón en su libro Campo Santo, sobre los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, el entonces teniente primero Daniel Alejandro Polano integró durante la última dictadura un grupo de tareas de la mayor unidad del Ejército. La investigación sobre las torturas y asesinatos en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de 4000 personas, está a cargo de Alberto Martín Suares Araujo, juez federal de San Martín, que aún no avanzó más allá de los jerarcas octogenarios. No deja de ser paradójico que Polano debe rendir cuentas por un estaqueamiento en 1982 cuando aún no fue citado por los crímenes de 1976. Ni la imputación por la denuncia de Gómez ni mucho menos la denuncia por Campo de Mayo le impiden a Polano cobrar su pensión honorífica como ex combatiente de Malvinas. Según los registros de la Anses es el beneficiario 5175.

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Las denuncias relatan los estaqueamientos a los que eran sometidos los conscriptos por parte de sus superiores.
 
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