EL PAíS › IMPLEMENTAN EN QUINCE MUNICIPIOS BONAERENSES UN SUBSIDIO PARA NIñOS HASTA LOS SEIS AñOS

En el camino de la asignación universal

Se pagará cien pesos por hijo a quienes no cobren asignaciones familiares por no tener trabajo formal. La intención es abarcar, luego de tres años, a 450 mil niños en toda la provincia. Estiman que llegarán a los sectores más vulnerables 50 millones de pesos anuales.

 Por Laura Vales

La provincia de Buenos Aires pagará un ingreso de cien pesos por hijo a quienes no cobren asignaciones familiares por no tener trabajo formal. El programa está destinado a cubrir a los chicos de hasta seis años de edad y se implementará por etapas, desde enero, inicialmente en 15 municipios, para llegar dentro de tres años a 450 mil niños en todo el territorio bonaerense.

El plan “Derecho garantizado para la niñez” es, en los hechos, una extensión del salario familiar por hijo a los desocupados y trabajadores precarizados. La iniciativa fue elaborada por el consejo consultivo provincial que integran, entre otros, organizaciones sociales, la CGT, la CTA, la Sociedad Rural y la Unión Industrial.

El ingreso por hijo retoma el espíritu de una vieja propuesta nacida en el campo de la militancia social. El Frente Nacional contra la Pobreza la plebiscitó durante la crisis del 2001, y una vez disuelto el Frenapo la idea fue impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos como un mecanismo de redistribución del ingreso. Esta versión bonaerense no es tan abarcativa, ya que no llega a los 18 años y se lanzará sólo en 15 de las 134 intendencias, pero la intención declarada por la provincia es la de ir hacia la universalización. Aun en esta versión acotada, reemplaza la mirada asistencialista de las políticas sociales focalizadas por el reconocimiento de un derecho; en este caso, el de los chicos a tener un ingreso que llegue por igual a todos, sin la exigencia de una contraprestación.

El programa fue presentado por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, después de que ingresara a la Legislatura el Presupuesto 2009. Las definiciones políticas del plan estuvieron a cargo de Arroyo: “Esta es una medida keynesiana, que no se basa sólo en hacer obra pública. Buscamos que la gente tenga más plata para consumir”, sostuvo. La estimación es que 50 millones de pesos anuales llegarán a los sectores más vulnerables de la población a través del pago de estas asignaciones.

Según los datos del ministerio, en la provincia hay un millón setecientos mil niños menores de seis años, de los cuales 690 mil están en situación de pobreza. Entre los pobres, a su vez, hay 195 mil que están en la indigencia.

“Creemos, de acuerdo con nuestra proyección, que el programa va a llegar a 450 mil de esos chicos, aunque en realidad hoy nadie sabe el número de los que están excluidos de los sistemas de asignación por hijo; ése es un dato que vamos a conocer una vez que se hayan anotado”, señaló Arroyo. El ministro detalló el panorama de las asignaciones existentes: “Los trabajadores en relación de dependencia, que reciben 135 pesos por chico; los monotribustistas (no cobran salario familiar, pero tienen ingresos); quienes perciben pensiones por niñez, para madres de siete o más hijos; los desocupados beneficiarios del Plan Familias (reciben 35 pesos por hijo, con un mínimo de 200 pesos) y los que no cobran nada”, beneficiarios del futuro programa.

Seguridad

La inscripción comenzará en enero (ver aparte en qué municipios). Los beneficiarios recibirán una tarjeta de débito del Banco Provincia, luego de un trámite que llevará unos dos meses, para cruzar la información con la base de datos de la provincia. La idea es que, en las intendencias donde ya esté armado el sistema, a partir del 2009 los nuevos nacimientos se vayan agregando en el momento de anotar a los bebés. La tarjeta se recargará mensualmente y, siguiendo el modelo que ya se implementó con la tarjeta Alimentos, tendrá una devolución del 5 por ciento de IVA.

Los especialistas que trabajaron en el proyecto descuentan que entre los beneficiarios va a haber un alto porcentaje de madres adolescentes. En algunos municipios se va a pedir a los padres que lleven los certificados de vacunación y de escolaridad, para reforzar otros programas.

El plan fue presentado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde estuvieron todos los intendentes elegidos para comenzar con su implementación, entre quienes resaltó presencia del cobista Mario Meoni, de Junín. Participaron también el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, el titular de Justicia, Ricardo Casal, y el de Educación, Mario Oporto. Atento a las críticas que le llovieron desde los cuatro costados por su intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, Scioli aprovechó el marco de la presentación para asegurar que la principal política de seguridad de su gobierno “es darles a los jóvenes herramientas para darse cuenta de que vale la pena la cultura del esfuerzo y de la solidaridad”.

En la provincia aseguran que el Consejo Consultivo de Políticas Sociales, que consensuó este programa, armará el año que viene un proyecto de ley, estrictamente necesario para que la iniciativa dé un paso más firme en el camino de reconocer el ingreso por hijo como un derecho. En el país no faltan antecedentes de programas anunciados como universales pero a los que luego rápidamente se cerró la inscripción, como Jefas y Jefes de Hogar. El riesgo reconocido es que las medidas anunciadas como reconocimiento de derechos bajo los efectos de una crisis sean vaciadas de contenido cuando la presión del momento cede. Otra ampliación pendiente es la de incluir a los monotributistas para que también ellos puedan recibir el salario por hijo. En principio, este programa habilitará el cobro de los 100 pesos por hijo a los que pagan el llamado monotributo social, es decir los trabajadores de emprendimientos productivos y cooperativas de trabajo creadas para salir de la desocupación. En el Consejo Consultivo sostienen que el ingreso por hijo deberá ser llevado a edades más altas, para finalmente extenderse desde el nacimiento hasta los 18 años, igualando las condiciones con los hijos de los trabajadores en relación de dependencia.

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“Es una medida keynesiana, que no se basa sólo en hacer obra pública”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Daniel Arroyo.
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