EL PAíS › EL JUICIO CONTRA BRUSA Y OTROS CINCO REPRESORES

El lento tiempo de los jueces

El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, suspendió ayer la declaración testimonial de una víctima de la dictadura militar, el abogado Jorge Pedraza, a raíz de que la fiscalía se opuso a que se constituya como parte querellante. En esta causa que lleva adelante el juez Rodríguez se investiga la responsabilidad penal del ex juez federal Víctor Brusa y de cinco ex policías por los delitos de terrorismo de Estado, privación ilegítima de la libertad, usurpación de estado civil y torturas.
En la jornada de ayer, el fiscal Alejandro Luengo se opuso a la querella del abogado Pedraza ya que, consideró, “alude a hechos anteriores a los actualmente investigados”, por lo que pidió que con su denuncia se abra otro expediente aparte. En su presentación, Pedraza dijo que en 1975 conoció a Eduardo “Curro” Ramos –uno de los cinco ex policías acusados– y que allí comenzó su calvario.
Ayer también debía prestar declaración la denunciante Anatilde Bugna, pero su presentación fue suspendida y recién hoy a las 10 el juez Rodríguez dará a conocer el nuevo cronograma de testimonios. El cronograma original preveía para hoy la declaración de Stella Vallejo, para el lunes la de José Schulmann y para el martes la de Carlos Pacheco.
Los imputados en esta causa ya fueron procesados por la Justicia española y tienen un pedido de captura internacional extendido por el juez de la Audiencia, Baltasar Garzón, quien solicitó además la extradición. El gobierno argentino negó en su momento el pedido, por lo que la Justicia federal se hizo cargo de la investigación a instancias de una fiscalía.
En ese marco, el 14 de agosto pasado, el juez Rodríguez anuló algunos artículos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo que abrió el camino para indagar a cinco ex policías –Ramos, Mario Facino, Juan Perizzotti, Héctor Colombini y María Eva Aebi–, ya que las normas no alcanzaban a Brusa por su condición de civil. Los denunciantes dijeron que Brusa asistía a los interrogatorios ilegales que se hacían en los campos clandestinos de detención de la provincia.

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