EL PAíS › EL FISCAL MARIJUAN IMPULSO UNA DENUNCIA CONTRA DOS JUECES DE LA CAMARA DE CASACION

Dos magistrados en aprietos

Los camaristas Luis García y Guillermo Yacobucci, que ordenaron la liberación de una veintena de represores, serán investigados penalmente. Están acusados de prevaricato, es decir, dictar fallos contrarios a derecho.

Dos camaristas de la Cámara de Casación que dieron su aval para excarcelar a cerca de veinte represores procesados por su actuación en la ESMA serán investigados penalmente. Así lo definió el fiscal Guillermo Marijuán, al dar impulso a una denuncia presentada por abogados de organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención. Los jueces denunciados, Luis García y Guillermo Yacobucci, deberán responder por prevaricato, la figura prevista para el dictado de fallos contrarios a derecho.

García y Yacobucci, como jueces subrogantes de la Sala II de Casación, concedieron en diciembre la excarcelación de Jorge “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, entre otros imputados. En el fallo, los dos camaristas concedieron este beneficio a los procesados, por considerar que estuvieron presos sin condena más tiempo del razonable. Los represores, de todas formas, no llegaron a ser liberados porque el fiscal Raúl Plee apeló y frenó la medida.

La ley prevé que un imputado puede estar preso dos años sin condena, más un tercer año en carácter de prórroga, aunque en caso de que jueces y fiscales lo consideren necesario, por el peligro de fuga o de obstaculizar la investigación, es posible que se dispongan plazos de prisión extraordinarios.

El eje de la denuncia penal contra García y Yacobucci es que dos de los represores, Cardo y González, fueron beneficiados con el fallo de excarcelación, aunque llevaban con prisión preventiva sólo dos años y medio, es decir que no habían superado los tres años establecidos como máximo en la ley. La demanda fue presentada por un grupos de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, y las sobrevivientes Delia Barrera y Graciela Daleo.

La causa quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadío quien, tras recibir el dictamen de Marijuán, ordenó las primeras medidas, solicitando las resoluciones cuestionadas y los votos de los jueces.

El juicio oral por la causa ESMA comenzará el 6 de octubre, con dieciocho procesados entre los cuales están Alfredo Astiz y el Tigre Acosta. En cambio, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, los dos acusados por cuyas excarcelaciones se abrió la investigación de prevaricato contra los camaristas, no serán juzgados en este primer tramo. El abogado Rodolfo Yanzón señaló que es probable que se agreguen en unos meses; “el juicio oral comenzaría con la prueba sobre ciento veinte casos, y a medida que vaya avanzando esperamos que se incorporen al juicio otros tramos de la investigación, por lo que creemos que de acá a un año Cardo y González pueden ser llevados al juicio oral”.

Contra los dos camaristas también se tramita una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que puede decidir el cese de su subrogancia. El caso fue llevando ante el Consejo también por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien incluyó en su denuncia a otros jueces de Casación por hechos similares.

La Cámara de Casación Penal ha sido objeto de numerosas denuncias por las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. De hecho, el expediente ESMA estuvo cuatro años paralizado en Casación cuando la presidía Alfredo Bisordi, quien renunció al tribunal y se convirtió en abogado defensor de represores.

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El fiscal Guillermo Marijuán avaló una denuncia de los abogados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón.
Imagen: Rolando Andrade
 
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