La aplicación de la ley de medios audiovisuales quedó suspendida provisoriamente luego de que una jueza mendocina notificara al Gobierno de una medida cautelar en contra de la nueva norma. Fuentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual anticiparon que apelarán la medida en las próximas horas, con lo que la ley volvería a tener efecto, hasta que la Cámara Federal de Mendoza resuelva la cuestión de fondo.

Aunque la cautelar había sido concedida a fines de diciembre, la notificación se cumplió recién ahora debido a una presentación del diputado oficialista Jorge Alvaro como parte afectada que, junto con la feria judicial de enero, había logrado estirar los plazos. En el medio, el Gobierno logró avanzar con la aplicación de la ley: nombró a cinco miembros de la Autoridad de Aplicación que reemplaza al Comfer, formó el Consejo Federal e inició un relevamiento de señales.

La suspensión transitoria recibió halagos opositores: el cobista Enrique Thomas, autor de la demanda, se mostró satisfecho con la medida. Su presentación pedía que la ley de medios audiovisuales se declare nula e inconstitucional por “los graves e insanables vicios en que incurrió el trámite parlamentario de la norma”. También la diputada radical Silvana Giudici y su par de la CC Patricia Bullrich celebraron el fallo.

Los funcionarios consultados por Página/12 no se mostraron sorprendidos por la medida y coincidieron en desestimarla. “Son medidas cautelares y, como tales, no pueden voltear una ley. Son chicanas político-judicales”, afirmó Néstor Piccone, director de contenidos de la Secretaría de Medios. “La cautelar es técnicamente muy deficiente y va a ser apelada dentro de las próximas 48 horas”, agregó una fuente kirchnerista que eligió el anonimato.

Para el oficialismo, la denuncia de Thomas –que refiere a supuestas irregularidades en el trámite legislativo– tiene poco futuro y “desconoce doctrina sentada por la Corte Suprema”. El Gobierno hace referencia al fallo Polino y Bravo, un litigio contra la ley que permitía la reforma constitucional de 1994, que terminó determinando que las cuestiones de interpretación de los reglamentos de las Cámaras parlamentarias sólo le competen al propio Congreso.

La cautelar notificada es la única que cuestiona toda la ley de medios y no artículos puntuales de ella. Fuentes oficiales aseguran que el único efecto concreto de la medida será retrasar su reglamentación algunos días. Una vez reglamentada, la ley sólo podrá recibir amparos individuales.