La estrategia opositora de dilatar el debate parlamentario del proyecto presidencial para limitar la extranjerización de las tierras provocó la reacción del Gobierno. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, defendió la constitucionalidad de la iniciativa oficial y ratificó la definición con que el Ejecutivo fundamentó el proyecto, al asegurar que “la tierra es un recurso estratégico no renovable que debe quedar en manos de los argentinos para afianzar nuestra soberanía alimentaria”. En tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, instó a la oposición a debatir el proyecto y desafió a los legisladores que se niegan a tratarlo en el Congreso a que “le expliquen a la sociedad por qué no quieren hacerlo”.

De esta manera, los ministros salieron al cruce de los diputados opositores que boicotearon dos convocatorias a un plenario de comisiones que se proponía discutir y elaborar un dictamen conjunto sobre el proyecto, cuya aprobación Cristina Fernández de Kirchner reclamó públicamente al Parlamento en varias oportunidades. El proyecto que la Presidenta envió al Congreso propone limitar a un máximo del 20 por ciento las propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica. Hace un año que el Congreso discute otras 13 iniciativas similares presentadas desde todo el arco opositor, aunque ahora prefieren dilatar su tratamiento.

Para Domínguez, el tratamiento del tema “es una prioridad” que surgió ante “la pretensión de grandes compras de extensiones de tierras para que produzcan algunos países como China y otros emprendimientos privados de India, para comprar tierras en Argentina, producir acá y llevar a los grandes centros de distribución”. “Hemos convocado a muchísimos juristas. La reforma constitucional del 94 contempla el derecho de los pueblos a defender sus recursos naturales y el principal recurso estratégico que tiene el país es la tierra”, explicó ayer el ministro de Agricultura.

“Los que no estén de acuerdo que lo expliquen a la sociedad, que digan por qué no. Seguiremos insistiendo para sacar esa legislación que, no tengo duda, en un momento va a ser ley”, sumó el jefe de Gabinete.

También señaló que uno de los objetivos de la iniciativa es “darle oportunidades a nuestra propia sociedad de inversores, que sean ellos los que trabajen en el marco de lo estratégico de nuestro propio país”.

Sin embargo, las dos comisiones en manos de la oposición seguirán su propio debate por separado. La duhaldista Graciela Camaño convocó a varios constitucionalistas para que expongan la semana próxima ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. En tanto, el radical Juan Casañas –cuyo bloque tiene tres proyectos diferentes que no ha podido consensuar– citó para el martes a la Comisión de Agricultura para iniciar el debate.