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¿Quién miente?

La reunión de la Presidenta con la Iglesia se combinó de inmediato para el 12 de diciembre. Por temas de agenda del obispo Arancedo, se cambió al 18. Los obispos tuvieron que desmentir las operaciones periodísticas.

 Por Washington Uranga

Imagen: DyN.

La Conferencia Episcopal Argentina emitió ayer un comunicado en el que señala que “ante declaraciones periodísticas referidas al pedido de audiencia de la Sra. Presidenta de la Nación de parte de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA, queremos aclarar que junto con el mensaje ‘Creemos en Jesucristo, Señor de la Historia’ –reflexiones al acercarnos a la Navidad– se le entregó a la Sra. Presidenta, por carta, el pedido de una entrevista”. Y agrega el texto del Episcopado que “la respuesta fue inmediata y se concedió la misma para el 12 de diciembre”. Para más aclaraciones, el comunicado de la jerarquía católica señala que “dado que Mons. Arancedo, presidente de la CEA, estará en Roma en esa fecha, la misma, de común acuerdo, se trasladó al martes 18 de diciembre”.

Frente a la declaración de los obispos, vale devolver la pregunta que la corporación mediática opositora ha tratado de instalar en una campaña de comunicación en las últimas semanas: ¿Quién miente?

Los grandes diarios que hacen las veces de opositores y de voceros de la oposición (o sea, y solo para aclarar, de ellos mismos) especularon sobre el “malestar” que el pronunciamiento eclesiástico habría causado en el Gobierno y en particular en la Presidenta, quien, según los mismos medios, habría ordenado a sus colaboradores “ignorar” a tratar “despectivamente” la declaración episcopal. Por tal razón, sostuvieron los mismos voceros opositores, no estaría en el ánimo de Cristina Fernández recibir “al menos inmediatamente” a la conducción del Episcopado.

En su comunicado de ayer la Comisión Permanente del Episcopado agrega que “aprovechamos la ocasión para agradecer la pronta disponibilidad al pedido de audiencia de parte de la Sra. Presidenta”.

Otra vez la pregunta: ¿Quién miente?

A título informativo, vale precisar que antes de que el documento hubiera tomado estado público, y como suele ser habitual en las relaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno, el texto de la declaración episcopal fue girado a la titular del Poder Ejecutivo usando la vía institucional: del secretario general del Episcopado, el obispo Enrique Eguía Seguí, al secretario de Culto, el embajador Guillermo Oliveri. Junto con el documento fue el pedido de audiencia que Oliveri remitió a la Casa Rosada. La respuesta, por la misma vía, llegó de forma casi inmediata, tal como había sucedido hace un año, cuando Arancedo asumió la presidencia de la Conferencia Episcopal y el 10 de noviembre de 2011, junto al resto de los miembros de la Comisión Ejecutiva, se reunió con Cristina Fernández. Es más. Ahora la audiencia presidencial fue concedida después que la Presidenta leyó el texto de los obispos y el encuentro, inicialmente solicitado solamente para Arancedo, fue ampliado a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, que incluye también a los dos vicepresidentes, obispos Virginio Bressanelli (Neuquén) y Mario Cargnello (Salta), y al secretario general.

Hasta ahí los hechos. ¿Quién miente?

Está claro que la jerarquía de la Iglesia Católica ya no puede hacer gala del poder simbólico y político que tuvo en el país en otros tiempos. Esto lo reconocen hasta los propios miembros del Episcopado. Entre otras razones porque, si bien la Iglesia Católica no elige a sus autoridades por métodos democráticos, también es evidente que los obispos expresan cada vez menos el sentir de grandes porciones de la feligresía que se sigue reconociendo católica más allá de la institución. Las dos pruebas más recientes son el pronunciamiento de los Curas en la Opción por los Pobres contradiciendo a los obispos el mismo día en que el documento se hizo público y la carta de los Cristianos para el Tercer Milenio en la que plantean su absoluta discrepancia con la actitud de la cúpula eclesiástica respecto de la responsabilidad de la jerarquía a propósito de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Pero, al margen de lo antedicho, la Iglesia Católica es todavía hoy un interlocutor de peso en el escenario nacional. Y así lo reconoce también el Gobierno, más allá de las diferencias de mirada. Desde que asumió Arancedo la conducción del Episcopado la Presidenta ha buscado mantener abiertas las vías de comunicación. La descripción que se hace, de ambas partes, es que el diálogo es “institucional” y al mismo tiempo “fluido”. Nadie aspira a más. Salvo aquellos empeñados en contabilizar aliados al bando opositor.

Los obispos dijeron lo suyo. Solo hablaron de lo que falta. Ningún reconocimiento de lo hecho, de los pasos dados. Como si los avances fueran obvios y naturales y los posibles errores, el resultado de actos premeditados. Al Gobierno le molesta esta actitud de marcar siempre la parte del vaso medio vacío. Los obispos dirán que no hay mención expresa al Gobierno y a las autoridades, sino consideraciones generales que cada quien puede hacer suyas o no. Los mensajes entre líneas, la oportunidad de la fecha para difundir el comunicado, entre otros aspectos, corren por cuenta de los analistas. Y para eso se hacen. Cada cual juega su juego. Ese será también el marco del encuentro entre Cristina Fernández y la Comisión Ejecutiva el 18 de diciembre. Pero la reunión se hará tal como se decidió en cuanto se recibió el documento episcopal que los voceros opositores calificaron de “duro”. Una vez más: ¿Quién miente?

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