El ex sacerdote y capellán de la Gendarmería y nuevo socio de los grupos de ultraderecha, Raúl Maza, nunca tuvo un único perfil. Siempre se manejó con el doble discurso: por un lado, aparecía como un pacificador, tranquilo, pero por detrás encabezaba el motín de gendarmes y prefectos que claramente intentó desestabilizar al gobierno de Cristina Kirchner. Al punto de que seguía llamando a la rebelión, a no prestar servicio, aun cuando ya se había terminado el conflicto por la mala liquidación de sueldos de los uniformados. Por un lado se mostraba como un humilde gendarme, enfermero, pero por el otro llevaba adelante un movimiento en el cual se defendían 20.000 amparos fraudulentos en los que había jefes de las fuerzas que ganaban 60, 70 y hasta 90.000 pesos gracias a la complicidad de jueces y estudios de abogados integrados por allegados a esos jefes.

Al final del conflicto de octubre de 2012, Maza fue dado de baja de la fuerza. Durante días intentó hacer marchas en Plaza de Mayo, impedir el funcionamiento de los edificios Centinela y Guardacostas, y llamó a que no se cubra la mitad de las guardias. Es más, tiró cables con algunos sectores de la Marina para ver si se prendían en la rebelión. Todo esto, envasado en un discurso más bien sacerdotal, pero que en los hechos se traducía en golpizas a los oficiales que entraban a los edificios centrales de la Gendarmería y la Prefectura para hablar con los jefes de las fuerzas.

Durante 2013, Maza siguió con sus tentativas de armar marchas, concentraciones, levantamientos. No tuvo eco alguno. Hace dos semanas hizo trascender fotos en las que se veía a gendarmes apiñados y durmiendo en muy malas condiciones. Dijo que se trataba de efectivos enviados ese día al conurbano para los operativos de seguridad. Lo real es que no se trataba de fotos actuales y correspondían a gendarmes enviados a La Rioja, en una víspera electoral, en la que obviamente se mueven uniformados para custodiar la jornada de los comicios.

El compañero de ruta de la ultraderecha aprovechó en octubre de 2012 la mala liquidación que hizo el Ministerio de Seguridad de los sueldos de ese mes. Es que por orden de la ministra Nilda Garré se revisaron los escandalosos amparos que beneficiaban al 75 por ciento de los integrantes de la Prefectura y al 60 por ciento de los que revistaban en la Gendarmería. La revisión se hizo mal y perdieron sueldo hasta los que cobraban poco.

Pero el trasfondo de la movida fue mantener los insólitos privilegios logrados por jefes, oficiales y suboficiales a través de determinados magistrados y estudios de abogados. La investigación realizada por el Gobierno demostró que dos jueces, una de Río Gallegos y otra de Santo Tomé, habían tramitado 7858 amparos en un caso y 7000 en el otro respecto de los sueldos de gendarmes y prefectos. Eso llevó a que hubiera prefectos principales que cobraban 43.000 pesos por mes y otros –que no habían judicializado en forma fraudulenta su caso– que recibían 13.000 pesos. Había gendarmes rasos que percibían 22.000 y otros 4500 pesos. Las irregularidades surgían a primera vista: los pocos jueces que dictaron miles de amparos no eran competentes y tras aceptar los amparos que llevaban los sueldos a cifras siderales, se declaraban incompetentes. Pero, además, cuando una Cámara revocaba los amparos concedidos en forma escandalosa, la propia Gendarmería o Prefectura seguía pagando los sueldos descomunales, es decir, no se daban por notificados hasta meses más tarde o un año después. Detrás del movimiento del “gordito con anteojos” había una gigantesca estafa.

Un mes después de terminado el conflicto, Maza seguía intentando levantamientos. Convocó a reuniones de gendarmes en Entre Ríos, de la mano de hombres vinculados a las patronales del campo. En ese momento fue que el Ministerio de Seguridad decidió darlo de baja.