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Puertas entornadas

 Por Mario Wainfeld

La Paritaria Nacional Docente (PND) se realiza por séptima vez. En las cuatro primeras se selló un pacto, mientras que en 2012 y 2013 el Gobierno “laudó” unilateralmente a falta de consenso. Creada en la etapa kirchnerista, es una conquista producto de la prolongada lucha de los docentes. Si la negociación actual no llegara a buen puerto (sólo el consenso lo es, en términos políticos), el score sería muy insatisfactorio y muy oscuras las perspectivas para el año próximo. El Gobierno y las cinco representaciones gremiales lo saben y por eso no han puesto fin a las discusiones, aunque las diferencias son muy marcadas.

Las dos partes se esmeran en custodiar la institución, lo que se notó en las declaraciones públicas (nada altisonantes), y se cuidó en numerosas reuniones informales y contactos telefónicos en estas semanas, sin descanso en el fin de semana largo. Sin haber avanzado en lo concreto, ayer se abrió una nueva impasse.

Los gremios harán un paro nacional de protesta, que se cumplirá hoy y mañana, incluso en las provincias que cerraron sus paritarias. El Ministerio de Trabajo, mediante resolución, dictó la conciliación obligatoria que no frenará las citadas medidas de fuerza: los gremios la rechazaron, alegando no haber recibido las notificaciones en tiempo y forma. Estas llegarán en los próximos días y serán funcionales para mantener “la mesa” de conversación.

En la peculiar PND, el Estado nacional es autoridad de aplicación y parte. En ese segundo rol está sometido como cualquier patronal a los alcances de la conciliación que funge de “paraguas” temporario. Bajo su vigencia, ninguna de las partes puede legalmente adoptar medidas unilaterales que alteren el statu quo. O sea que el Gobierno está impedido de dictar una resolución ministerial poniendo fin la paritaria, determinando por sí el aumento anual.

La tregua social dura quince días hábiles (tres semanas reales si no hay feriados). Se los puede prorrogar por cinco días hábiles más, si hay actividad en el lapso inicial. El Gobierno ya está citando a un encuentro para el miércoles 12 de marzo.

Con distancias abismales entre reclamos y ofertas, la perspectiva de acuerdo sigue siendo improbable. Pero no es imposible, porque la mesa sigue tendida y la voluntad negocial es encomiable. Claro que de intereses se habla y en ese aspecto no asoma un horizonte de convergencia.

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Hay junios y junios. En paliques discretos que ligaron a los ministros Alberto Sileoni y Carlos Tomada con los sindicalistas se concordó en que la fecha de la PND añade un obstáculo adicional y grosso a la “paritaria testigo”. Mal momento es el verano, concomitante con el parsimonioso inicio de la mayoría de las convenciones colectivas del sector privado e incluso de otras del sector público.

La inminencia agrega tensión, correr contrarreloj no propicia la calma, ni las pausas para reflexionar. Por añadidura, la PND, que es muy exótica y distinta a todas las demás, es igualmente tomada en cuenta como referencia para las negociaciones que la suceden. Se puede, racionalmente y en abstracto, despotricar contra esa igualación de lo muy diferente... pero es un pataleo vano. La percepción compartida es esa. El Gobierno, entonces, restringe su oferta precaviendo el “efecto cascada” e imitativo. Los docentes se quejan con razón, porque eso los damnifica. El rezongo es general y también focalizado: el año pasado la Unión de Personal Civil de la Nación obtuvo mejores porcentuales que los docentes nacionales. La UPCN es estatal, como éstos, y aliada del oficialismo como es Ctera. La diferencia, alegan sotto voce en el Gobierno, es que UPCN “cierra” en junio, cuando ya se conocen los aumentos de los sindicatos más poderosos de la actividad privada. Es un momento que posibilita conceder más.

Cambiar la fecha es un propósito común aunque, por ahora, solo hay coincidencia en que junio o julio sería un momento más distendido. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mentó la posibilidad en su discurso del sábado en el Congreso.

La diferencia asomó ayer cuando el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, Sileoni y Tomada tradujeron ese lineamiento en una oferta de prolongar la vigencia de la actual PND hasta junio de 2015, agregando un pago de 1000 pesos por cuenta del Estado nacional (ver nota aparte). Para los sindicalistas el camino recomendable era más corto y muy distinto en las cifras: sugirieron una “suma puente” hasta junio de este año y recién ahí debatir las condiciones generales hasta junio de 2015.

La imputación a presentismo es otro factor de conflicto, del que se habla líneas abajo. Quedándose solo en los números del posible incremento puede decirse que, hasta ahora, el Gobierno reformuló una clásica frase de Hollywood: hace una oferta que el otro no puede aceptar. El 22 por ciento se queda muy corto respecto de la inflación ya corrida en los últimos meses, lo que se agrava porque se escalona en cuotas muy espaciadas.

Otro ítem que destacan los gremios es que el sueldo inicial queda por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Es cierto que es una cifra testigo, pero no lo es menos que esa diferencia es incongruente y acaso ilegal. Tal vez serían contados los docentes que terminen cobrando ese piso, pero si hubiera uno ya estaría mal.

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Presentismo y ausentismo. La mejor parte de la oferta del Gobierno, que sigue en condición de virtual, son los dos pagos adicionales de mil pesos, a su cargo. Nominalmente no es poco, es una ayuda a las provincias, el esfuerzo fiscal puede rondar los dos mil millones de pesos anuales. El casus belli es la imputación a presentismo, que posibilitaría descuentos. Los reales empleadores, se subraya, son las provincias, a cuyo cargo quedaría el control y la información respectiva al estado nacional. Es un mecanismo endiablado, tributario de la estructura barroca de la PND, sería muy peliaguda su implementación. Los docentes alertan contra arbitrariedades, denuncian varias ya producidas en el pasado.

El Gobierno sostiene el criterio, que la Presidenta defendió enfáticamente ante la Asamblea Legislativa. Alega con razón que el ausentismo es un problema cotidiano y grave que perjudica a los alumnos y a sus familias. Los gremios reconocen la existencia, pero dicen que debe discutirse en otro ámbito. Algunos dirigentes exageran la nota y culpan de la carencia exclusivamente a las autoridades públicas que deben controlar. Así dicho, es demasiado amigable con los laburantes que abusan de sus derechos para faltar en exceso. Perjudican a la comunidad educativa, incluyendo a sus propios compañeros. Para quienes conocen algo el funcionamiento del Estado, lo que sucede (no sólo en esta rama de actividad) es que la pereza de algunos es reparada en la práctica por compañeros con más responsabilidad, que redoblan esfuerzos para prestar el servicio adecuado. La injusticia, entonces, no es sólo respecto de los administrados.

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Gestos y obstáculos. Los mayores motivos para sostener el optimismo de la voluntad son gestuales. Oficiosamente, las contrapartes concuerdan en que “esta vez no es como el año pasado”... y lo dicen a favor. El empeño de los habituales contertulios Sileoni y Tomada puso su cuota, la hiperquinesis de Coqui Capitanich agregó novedad y volumen a las tratativas.

Las esperanzas del Gobierno fincan en que se vayan firmando más acuerdos con las provincias en las semanas venideras, lo que distendería el panorama. Claro que el núcleo conflictivo central es la provincia de Buenos Aires, en la que ayer no se movió un ápice la oferta de la Gobernación.

Otro factor interesante, que debería interpelar a las parte, es que ya sellaron trato provincias grandes con gobernadores opositores: Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe. Los sindicalistas docentes resaltan que el aumento está en el orden del 31 por ciento, que es lo que ofrecería la Nación hasta bien entrado el 2015.

Un hecho irremontable, que damnifica a los pibes y sus familias, es otro comienzo de año lectivo con huelgas. Una rutina injusta que resiente la valoración de la educación pública y mejora el posicionamiento de la privada. Ni el oficialismo ni los referentes de la docencia lo desean, pero ocurre nomás.

El sistema público argentino es gratuito, universal, extendido y generoso como en pocos lugares del mundo. La inversión realizada en la etapa kirchnerista es enorme y todos los que debaten la reconocen. Pero el avance cuantitativo no tiene una repercusión cualitativa similar, un problema que todos deberían reconocer como un desafío a encarar más pronto que tarde. La secundaria es el tramo más crítico, pero no el único.

De nuevo: como de intereses se trata y las diferencias son muy grandes, la hipótesis más factible es la de una frustración. El aliciente finca en la responsabilidad y ánimo sistémico de las partes que impidieron un cierre abrupto y mantienen la mesa tendida.

La sangre no llegó al río, afirman desde los dos lados quienes ayer mismo discutieron fuerte. Las puertas no se cerraron, aunque están entornadas. Habrá que esperar.

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Imagen: DyN
 
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