SOCIEDAD › UN CASO TESTIGO MUESTRA CóMO LA DISPERSIóN DE CAUSAS EN LA JUSTICIA IMPIDE RESOLVER LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GéNERO

La maraña judicial que beneficia al violento

Un hombre tiene aterrorizada a su ex pareja. También atacó y amenazó a sus familiares y hasta a la abogada de la mujer, que renunció por temor. Las denuncias derivaron en seis causas diferentes. Así, la investigación se atomizó, mientras el hombre continuó sus agresiones.

 Por Mariana Carbajal

M. A. vive aterrada. Su ex pareja y padre de sus cuatro hijos –de 9, 6 y mellizos de 2 años– no deja de amenazarla y hostigarla, aunque llevan más de medio año separados. Está devastada. Durante los años que convivieron, sufrió violencia psíquica, económica y física de parte de él. Lo denunció en reiteradas oportunidades por violencia intrafamiliar, pero como les suele suceder a otras mujeres que recurren a la Justicia por razones similares, las causas están dispersas entre juzgados de Familia –donde se piden medidas de protección– y distintas fiscalías penales, como si se tratara de hechos aislados. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tomó el patrocinio de M. A. como caso testigo y reclamó a la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense la elaboración de un protocolo de actuación de los fiscales, en casos de violencia hacia las mujeres. “Es necesario establecer conexidad entre las denuncias previas presentadas en el fuero penal para dar cuenta del contexto de violencia de género en el que se sucedieron los hechos, y así evitar su tratamiento en forma aislada”, señaló a Página/12 la abogada Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría.

M. A. es empleada en una empresa y vive en La Plata. El denunciado, cuyas iniciales son P. M. L., es técnico en computación y adicto al juego. De acuerdo con un informe del Observatorio, las agresiones alcanzaron a otros miembros de la familia de M. A. e incluso a su abogada –quien se vio forzada a renunciar a su defensa porque temía por su integridad física–, quienes también lo denunciaron en varias ocasiones. Pero no existe conexión entre las causas porque cada denuncia recae en la fiscalía de turno.

Lo que parecería una obviedad, que las causas estén unificadas, no ocurre. “Si se unificaran las causas en casos de violencia hacia las mujeres disminuirían los riesgos de revictimización y se evitaría la citación reiterada en diferentes sedes judiciales. También, podría contribuir a una mayor eficacia en las investigaciones”, agregó Malacalza.

Además de pedir a la Procuración General un protocolo de actuación para los fiscales, Malacalza realizó una presentación ante la UFI Nº 6 de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Romero, que actúa en uno de los expedientes, pidiéndole la unificación de las causas iniciadas contra P. M. L.

Las denuncias por violencia intrafamiliar tramitan ante los juzgados de Familia, para obtener las medidas de protección necesarias para las víctimas, como la exclusión del hogar del agresor o la prohibición de acercamiento en un perímetro determinado. Pero de existir delitos como amenazas, hostigamiento y lesiones, éstos deben tramitar en el fuero penal, lo que genera que el abordaje del caso tramite por vías paralelas, detalló Malacalza.

El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense tomó el patrocinio de la mujer, después de que su abogada, Sara Cánepa, reconocida por su trabajo en derechos humanos, se viera forzada a renunciar a su defensa, a comienzos de febrero ante los reiterados hechos de violencia que sufriera por parte de P. M .L.: desde amenazas de muerte telefónicas hasta amenazas de golpes en la vía pública y patadas en su automóvil, según contó Cánepa a este diario. “Al no actuar la Justicia continúa agrediendo a su ex pareja, a una amiga y a una hermana de ella y a mí también”, detalló. Cánepa también señaló el problema de que las causas tramiten en forma separada. “Cada denuncia cae en la fiscalía de turno”, apuntó.

Malacalza enumeró las causas en las que P. M. L. está imputado, todas ellas tramitan en el Departamento Judicial de La Plata:

- IPP: 06-00-030801-13, UFI 1, Denunciante: M. A. Carátula: Desobediencia.

- 06-00-030928-13, UFI 7, Denunciante: Sara Cánepa. Carátula: Posible comisión del delito de acción pública.

- IPP: 06-00-033099-13, UFI 4, Denunciante: M. A. Carátula: Lesiones Leves, Amenazas.

- IPP: 06-00–022967-13, UFI 1, Denunciante: M. A. Carátula: Lesiones Leves.

- IPP: 06-00-023595-13, UFI 1, Denunciante: Una amiga de M. A. Carátula: Amenazas.

- IPP: 06-00-05382-14, UFI 6, Denunciante: M. A. Carátula: Amenazas.

A su vez, en el Juzgado de Familia Nº 4 de La Plata tramita el expediente por violencia familiar en el marco del cual se dispusieron medidas cautelares de protección que actualmente se encuentran vencidas.

A este panorama, agregó Malacalza, se suma que el 25 de febrero el hombre volvió a agredir a su ex esposa “arrebatando a la hija de dos años en forma violenta con golpes y amenazas en el marco de una audiencia que fue suspendida en el Juzgado de Familia Nº 1 donde tramitan los expedientes por alimentos y tenencia de los hijos”.

En su presentación ante el fiscal Romero, Malacalza, junto con otras dos abogadas del Observatorio, señaló que “ante esta situación de recrudecimiento de la violencia y amén de la especificidad de cada hecho, consideramos necesario que la merituación de éstos se pueda realizar en conjunto a fin de acreditar la existencia de un ‘grave contexto de violencia de género’ sostenido en el tiempo que vienen sufriendo la Sra. M. A. y su grupo familiar”. Al mismo tiempo, consideraron “importante la articulación de las actuaciones del fuero de Familia y del fuero Penal a fin de evitar intervenciones contradictorias y teniendo en miras la necesidad de establecer un abordaje integral y coordinado, cuestión prioritaria en situaciones de violencia de género”.

El viernes, desde la UFI 11, donde tramita la última causa presentada contra el agresor, informaron al Observatorio que libraron una orden de detención del agresor por sustracción de menor (de su hija de 2 años). Desde junio que la ex mujer y otras personas cercanas a ella lo venían denunciando por sus agresiones, sin respuesta desde la Justicia.

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La Defensoría del Pueblo bonaerense tomó el patrocinio de la mujer como caso testigo y reclamó un protocolo de actuación para fiscales.
Imagen: Corbis
 
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