EL PAíS › OPINION

Del contrato al conflicto

Lo que va del paraíso prometido a la realidad del primer mes. Lo que no estaba en el contrato electoral: inflación, redistribución regresiva, chantaje a los trabajadores, represión fomentada desde el poder político. Los exportadores: más bolsillo que corazón. Cada semana un nuevo conflicto de intereses. El kirchnerismo, ante el cambio de roles.

 Por Mario Wainfeld

Las fiestas de fin año transcurrieron sin sobresaltos sociales. Muchos argentinos toman vacaciones. Hasta ahora, y así sea por inercia, siguen habituados a niveles de consumo alto. Las reservas del Banco Central desmienten el relato apocalíptico de Cambiemos. El desendeudamiento público y privado dejan margen para acudir al crédito externo y endeudar el futuro de varias generaciones. Son consecuencias palpables de la gobernabilidad que legó el kirchnerismo.

Potenciado por su triunfo electoral, Macri pretende cambiar drásticamente el paradigma económico social. Algunos pilares de la anterior etapa topan con su proyecto. Para empezar: el bajo nivel de desempleo y los salarios de los trabajadores formales. No son exorbitantes, desde ya: digamos que los sueldos promedio oscilan entre pasables y buenos. Para el proyecto económico macrista ambos indicadores distan de ser un piso: son disfuncionales, excesivos. En jerga de derecha, “competitividad” es sinónimo de sueldos bajos y trabajadores domesticados.

Cheques en blanco o luna de miel son difíciles en una sociedad arisca y demandante. Pero la victoria embellece, el veraneo distiende. Macri pudo arrancar y en un mes consiguió una fenomenal transferencia de ingresos a favor de los sectores dominantes. Ninguna medida favorable a los trabajadores alteró la tendencia de los primeros días; macro devaluación, merma o supresión de retenciones, desregulación petrolera a favor de los privados.

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Despidos e impiedades: La semana que pasó estuvo dominada por la búsqueda de los tres convictos prófugos y por los despidos. La autoridad se construye con fuerza, sin cabildear, ostentando poder y desdén por el otro.

Tomemos un capítulo sintomático y hasta simbólico de los despidos: puede orientar para abarcar el conjunto. La vicepresidenta Gabriela Michetti despidió de un plumazo, sin trámites incómodos, auditorías ni averiguaciones previas, a más de dos mil empleados del Senado. Se trató de explicar que todos fueron designados por el ex vice Amado Boudou, que los nombramientos eran flamantes, que eran ñoquis de su tropa. Nada era del todo exacto pero son menudencias.

En el conjunto de personas que Michetti prescindió había personas discapacitadas y mujeres embarazadas. Las leyes, por motivos equitativos y humanitarios, les conceden a sus empleos una protección especial. Se suscitaron reacciones, protestas, denuncias. Recién entonces Michetti retractó su barbarie. La vicepresidenta es madre y discapacitada: tiene que movilizarse en silla de ruedas. No ignora la existencia y el valor de las normas que violó: las olvidó estratégicamente para demostrar decisión. “No le tembló la mano” por usar jerga de Cambiemos... aun a costa de incurrir en insolidaridad e ilegalidad.

El modus operandi se repite. El gobierno avanza sin reparar en los límites normativos ni de respeto a derechos esenciales. Si topa con respuestas, se echa atrás. .

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La caridad bien entendida: Desde un punto de vista conceptual o ideológico es difícil que el proyecto económico del macrismo cierre sin un fuerte ajuste del sector público. Los despidos están en el menú, digamos de pálpito.

Desde el punto de vista informativo: la ofensiva pertinente ya ha comenzado. Sus argumentos son previsibles, a veces certeros, ora taimados, casi siempre imposibles de corroborar. La costumbre de disparar primero y preguntar después dificulta cualquier evaluación sensata.

Ese coto de caza del presidente Mauricio Macri cuenta con una población numerosa. En menos de un mes de gestión ya se amenaza con miles de despidos a nivel nacional, provincial y municipal.

Se podrá aducir: cualquiera se equivoca, si se revisa queda todo como antes. No es así, forzosamente: cualquier abogado laboralista sabe que alguna víctima de tropelías puede olvidar contestar un telegrama en término o defenderse. Un funcionario severo puede bajarles el pulgar. Los más débiles comenzarán a caer, como en la arena económica.

Por si hace falta: un gobierno tiene derecho a revisar designaciones, renovar o discontinuar contratos, identificar ñoquis y prescindirlos. Tiene el monopolio legal del despido o la rescisión legítimos. La palabra “legítimos” es central e insustituible. Hay criterios y reglas indeclinables. Max Weber enseña que con la violencia sucede igual: no tiene muchos adeptos en el funcionariado macrista.

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Sin protocolo: La perversión de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad primaria del gobierno que acaba de asumir: acumula décadas. Pero es responsabilidad del macrismo la forma en que las va conduciendo. Ya van dos veces en que los uniformados, por órdenes nacionales o provinciales, enfilan contra trabajadores: los de Cresta Roja primero, los municipales de La Plata luego.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich prometió un protocolo para manejar la protesta social. De momento la distraen otros menesteres; el protocolo se articula de facto y ya está en la calle. La Policía Bonaerense no sabe qué hacer cuando escapan tres criminales. O sabe demasiado. Cuando hay laburantes que reclaman, apela a su vieja ciencia: balas de goma, gases lacrimógenos. El criminólogo autodidacta Luis Abelardo Patti lo expresó hace años: para los Bonaerenses es imposible cumplir su cometido sin incurrir en dos o tres ilegalidades.

A pedido del intendente platense Julio Garro la represión fue brutal. Su “justificación”: había “intencionalidad política”. Nuevos delitos enriquecen el Código Penal macrista: ser militante, hacer política. Muchos manifestantes mostraron heridas con postas de goma en la espalda, anche mujeres (cunde la doctrina Michetti). A buen entendedor, sobran palabras: salvo que se movieran como Julio Bocca, dando volteretas en el aire, les tiraron mientras huían.

La brutalidad de las fuerzas del orden es proverbial, quien las conduce civilmente debe hacerse cargo. Ni un funcionario macrista condenó “excesos”, minga de purgas, sanciones o sumarios. Un fallo siniestro del Tribunal Superior de Justicia porteño (los jueces macristas son como las brujas no existen pero los hay) vulnera derechos civiles consagrados o, mejor, reconocidos hace más de veinte años. El despliegue de móviles policiales amedrentando jóvenes con portación de aspecto en la Ciudad Autónoma es otra señal preocupante.

La violencia, la amenaza y la insolidaridad no son efectos no deseados. Casi al revés: ostentarlas forma parte de las movidas. Esos medios son, también o hasta principalmente, el mensaje.

Escarmentar a quien se opone es necesario para que cada quién sepa adonde le aprieta el zapato, como dijo bellamente el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay.

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Demasiados toros ricos: Jorge Luis Borges apelaba a la etimología para perfilar un apellido de oligarcas o de martilleros. Bullrich, descifraba, quiere decir “toro rico”. De veras lo decía, ironizando por cierto. Confesión involuntaria: el gobierno tiene dos ministros Bullrich a falta de uno. Patricia encarna a su ala dura. El titular de Educación, Esteban, a la dialoguista. A éste le toca uno de los primeros test gremiales, una virtuosa herencia institucional del kirchnerismo, una conquista de los sindicatos del sector, otro grano para la gestión de Cambiemos,

Las paritarias docentes nacional y provinciales son pioneras, casos testigos para las que vendrán después. Comenzaron las conversaciones con las centrales y sindicatos concernidos. Por ahora, el oficialismo no habla de cifras pero transmite recelos. Blando con otros formadores de precios, verbaliza temores: que los nuevos salarios no acicateen la inflación. Consecuencia de las medidas económicas fundacionales, los precios se han disparado. Sobre todo de artículos de primera necesidad, alimentos a la cabeza. Hasta los periodistas económicos de Clarín se percatan. Levantan rezos para que el primer trimestre no llegue a dos dígitos. Plegarias que, todo lo indica, no serán atendidas. La administración macrista arrancará con una inflación machaza. Es un dato certero. Las profecías oficialistas se entusiasman con el hipotético segundo semestre que vendría en baja. La diferencia entre lo real y lo virtual es marcada.

Los representantes de los docentes piden recuperar el valor del salario, esto es actualizar los sueldos de 2015 tomando en cuenta el largo 30 por ciento que los devaluó. Una reapertura de las tratativas a mediados de año puede llegar a complacer a las dos partes pero la cifra lógica demandada por los gremios atraganta al Bullrich más tratable. Para suavizar, prometió no discontinuar programas valiosos como el FINES dedicado a personas que no pudieron terminar sus estudios en tiempo. Bullrich también aseguró que corregirá el vergonzoso texto de la Ley de Ministerios, aquel que omitía a la Ley de Financiamiento Educativo y citaba como precedente egregio y único a la Ley de Educación Federal. Los gremios cuestionaron la tropelía e iniciaron una denuncia administrativa. El ministro prometió corregir hace semanas... no cumplió hasta ahora. Adujo que hacen falta firmas de los demás ministros y que no hubo mala fe sino “un grave error” de los redactores. Eligió describir a los redactores como ignorantes antes que como malévolos: no le cabía una tercera opción.

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La billetera y el corazón: Prat-Gay anunció un diluvio de dólares cuando se “levantó el cepo”. No ha llovido, aún. En el paquete venían 400 millones de billetes verdes liquidados a diario por las exportadoras agropecuarias. Si se combina ese tramo del discurso con los totales que manejó el ministro se concluye, como lo hizo Clarín al día siguiente, que esperaba 8000 millones de dólares. Hubo feriados en el medio, las cifras de la semana pasada (la primera completita) recién se divulgarán mañana o pasado... todo eso computado, hasta el cierre de esa edición lo embolsado dista muuucho de las predicciones sonrientes. El sucedido ya produjo un cruce entre el ministro Ricardo Buryaile y uno de sus secretarios. Buryaile, un dirigente corporativo de aquellos, defiende a sus representados con ahínco (ver asimismo nota de página 5).

Otro representante patronal, Daniel Funes de Rioja, advirtió en nombre de los formadores de precios de alimentos. Olvídense de retrotraerlos, como pidió Prat-Gay entre cofrades y sin mover nada del aparato estatal. “Precios Cuidados” debió llamarse “Precios pisados” se puso gracioso Funes. Seguramente clamó: “no pisarán” o “no pasarán”.

Antes de fin de año el gobierno temía saqueos o violencia social. Nada ocurrió. La inflación en cambió vive, colea y crece. La idea fuerza es que los trabajadores reduzcan sus demandas. La convocatoria a un organismo tripartito, de cualquier designación y formato, se desdibuja y se difiere. .

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Patrones de conducta, conducta de Ceos: Un gabinete colonizado por Ceos y capitalistas poderosos suscita conflictos de intereses a cada paso. Se dirimen sencillo. La primera medida importante de Buryaile enriqueció a sus representados y a él mismo. El ministro de Cultura Pablo Avelluto abrió sin restricciones la importación de libros. Se pueden discutir los alcances de la medida pero no que una gran favorecida es la gran editorial que dirigió hace pocos años.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dejó Shell hace un ratito. En la semana que pasó movió ficha... adivinen cómo le vino a Shell.

Se desreguló la actividad petrolera, alteró la correlación de fuerzas entre las grandes empresas multinacionales, YPF y las provincias.

El mendocino Rodolfo Lafalla, conocedor de la actividad y ex funcionario provincial, describe así las consecuencias más chocantes: “El gobierno se propone mantener YPF solo como símbolo pero vaciarlo con la incorporación del management privado. La desregulación de la actividad petrolera no significa desarmar un esquema anti inversiones (inexistente) sino liberalizar el mercado para que los privados puedan hacer sus negocios, esta vez sí de la mano del Estado capturado por las grandes compañías”. La supuesta primacía provincial coloca a las multis en condiciones ventajosas para negociar “de a uno” con interlocutores menos poderosos. Así lo señalaron en este diario los colegas Claudio Scaletta y Raúl Dellatorre.

Añade Lafalla “la mega devaluación significó transferencia de recursos que, en este caso, van a ir desde el consumidor o usuario hacia las compañías petroleras, quienes importarán materia prima e insumos a un dólar más caro, a costa del ciudadano común”.

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Contrato, conflicto y reversa: El contrato electoral de Cambiemos comprendía devaluación y retenciones. Quizás sin la magnitud y simultaneidad implementadas. La promesa era aminorar la inflación, no escalarla. La opción entre aceptar bajas del salario o quedarse en la calle estaba fuera del menú. La violencia contra los manifestantes, la discriminación contra los discapacitados constelaban a años luz del discurso edulcorado de campaña.

“Este gobierno tiene reversa”, comentó en un reportaje a Página/12 Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata. A veces es así, no siempre. Puso marcha atrás cuando Charly García terminó de dejar en descubierto al fascista Carlos Manfroni. También cuando los correligionarios radicales pusieron el grito en cielo por la designación papelonera de Juan Cruz Avila. Los dos potenciales okupas de la Corte Suprema están en un limbo, no se conoce aún hasta donde llegó la reversa macrista.

Es ensayo y error. Se prepea, se procura avasallar derechos. Si queda muy ostensible o hay mucha resistencia, se desanda el camino.

Equiparar esos gestos autoritarios con una dictadura, discurso demasiado extendido en las filas kirchneristas, es excesivo. La sociedad civil, los sindicatos, los propios damnificados tienen voz y capacidad de reacción e instancias democráticas para defenderse.

Equiparar esa praxis con la de una “derecha moderna” como hacen muchos formadores de opinión, es exceso de transigencia amén de una mala lectura. Un ethos autoritario, reaccionario a menudo, signa al oficialismo.

Volvamos al inicio. Macri busca su propio sistema de gobernabilidad, imposible si no sustenta en el tiempo legitimidad de ejercicio. La coyuntura desafía a dirigentes políticos, sociales y sindicales. Muchos de ellos fueron oficialistas durante los últimos doce años, otros opositores enérgicos. Estos notarán menos cambios. En las cúpulas gremiales hay quienes fueron oficialistas desde hace 25 años, habrá que ver si saben adecuarse a un mundo nuevo. También cómo enfilan los compañeros de seccionales, los delegados de base, los propios trabajadores. La historia continuará y, aunque no parezca, recién empieza,

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