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El radicalismo, contrariando una tradición parlamentaria que lleva casi un siglo y que perduró desde 1983, pretende birlar la presidencia de la Cámara de Diputados a la primera minoría, que es el oficialismo que va por la reelección de Eduardo Fellner. Mala praxis y mal comienzo para el bipartidismo que el neoduhaldismo y el cobismo aspiran a instaurar. Un solo precedente se registra en los últimos tiempos, ocurrió cuando Ramón Puerta fue elegido presidente del Senado durante el mandato de Fernando de la Rúa. El caso era más mitigado, porque el PJ era la primera minoría en la Cámara alta y contaba, por añadidura, con acompañamiento de dirigentes radicales, incluidos altos funcionarios del gobierno aliancista. El precedente fue infausto y para colmo ineficaz: Puerta, primero en la línea de sucesión presidencial por la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez, huyó despavorido cuando le cayó la ficha de que debía gobernar una transición indómita. La jugada fue cuestionada, con buenos motivos, por la mayoría de los boinas blancas que ahora duplican esa barbaridad, amarraditos al mismísimo Puerta y el peronismo disidente. La justificación de la UCR es que el oficialismo juega con malas artes, lo que impide responder con apego al espíritu de las leyes. Esa lógica no es republicana, ni siquiera se equipara con la Ley del Talión que prescribe equivalencia en las sanciones: ojo por ojo, diente por diente. Se emparienta más con la vendetta que pone la sanción en manos del ofendido y que prescribe un daño mayor que el recibido, en escalada.

Seguramente los números no premiarán la ofensiva: los socialistas, la Coalición Cívica y buena parte de los partidos de centroizquierda (acaso todos) anuncian que le darán la espalda. Su gravedad institucional es difícil de exagerar: colocaría a dos figuras opositoras en la línea de sucesión en caso de acefalía: Julio Cobos (el extraño vice-adversario que quema todos los libros de Derecho Constitucional) y el presidente de Diputados. José Pampuro –o quien haga sus veces en la próxima Legislatura– queda en el medio. Si eso no es destituyente, lo destituyente dónde está.

El Frente para la Victoria (FpV) porfía en mantener la presidencia y la vicepresidencia primera. Quizá, si correligionarios y compañeros enfrían la cabeza y reducen la intransigencia, haya ahí un elemento de negociación. El radicalismo, a la sazón, necesita ese espacio que fue prenda de paz en el acuerdo por la presidencia de su bloque. La puja terminó con una fea derrota de “los que se quedaron”, que impulsaban a Ricardo Alfonsín, a manos del sector más rancio de derecha, que sumó al cobismo y que puso a Oscar Aguad. Para Alfonsín quedó el primer lugar de las autoridades de la Cámara y la promesa de la presidencia dentro de un año. Los pagos diferidos en política son siempre de cumplimiento improbable, las sucesivas conductas de Cobos con(tra) sus contingentes aliados lo hacen más vidrioso.

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Aguad agita la posibilidad de convocar a una consulta popular vinculante para modificar leyes que erizan a corporaciones que encabezan a la oposición: retenciones, ley de medios. También quiere incorporar al Consejo de la Magistratura. La consulta popular vinculante aprobada hace ley la norma propuesta e impide el veto presidencial, esa es su justificación. Aguad habla de una ley ómnibus que mezcle todas esas temáticas, lo que es un disparate dada su patente diversidad que enturbia la necesaria claridad de una consulta electoral.

Además, su planteo es ilegal. La ley 25.432, que regula la materia, excluye a las leyes que tengan cámara de iniciación estipulada por la Constitución (lo son las impositivas, como las retenciones) o aquellas en que se exijan mayorías especiales (como el Consejo de la Magistratura). Tal vez el diputado cordobés estudió Educación Cívica con su habitual contertulio Luciano Benjamín Menéndez, o quizás lo asesoraron mal.

Hay otros motivos, de índole práctica, que podrían obrar como disuasivos. El principal son las altas mayorías parlamentarias, y el elevado número de votantes requeridos para aprobar una consulta. Otro, que compensa la limitación al Parlamento en pro de la voluntad mayoritaria, es que un proyecto rechazado no puede replantearse en dos años. Un paso en falso en 2010 podría propagar sus efectos hasta 2012, clausurando las modificaciones legislativas convencionales.

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Entre tanto, el Congreso sigue produciendo a todo vapor, aprobando leyes que garantizan la gobernabilidad que obsesiona al oficialismo. La relativa facilidad de su trámite enardece a medios opositores, que no se percatan del entramado que las explica. El presupuesto, el alivio fiscal a las provincias y la propia emergencia no son un úkase zarista, sino un espacio común entre la praxis del oficialismo nacional y la de los gobernadores de cualquier signo. Vaya un ejemplo para ilustrar el concepto. La Cámara baja aprobó la emergencia por 131 votos contra 52. La evidente goleada impide notar, a primera vista, que las adhesiones al oficialismo excederían apenas lo necesario si la oposición hubiera puesto toda su carne en el asador. Pero, además, el núcleo duro del FpV cuenta con alrededor de 100 legisladores, los otros 31 se suman a pulso, negociando en fila india. Uno de los mejores argumentos (no explicitado) es que varias provincias tienen regímenes de emergencia cuya supervivencia está atada a la nacional. Algunas las regulan por decretos que camuflan un poco la contradicción entre los discursos públicos y la real operatoria en sus territorios. Otras han dictado, no más, leyes semejantes a la nacional. Es el caso de San Luis, bastión del más irredento peronismo disidente, que (en razón de sus propios intereses y su propia gobernabilidad) votó a favor.

Una pequeña digresión, sobre un tema vinculado, antes de volver al núcleo. Un examen desapasionado de los regímenes provinciales de coparticipación con los municipios impresionaría a más de un ingenuo: el centralismo no termina en la General Paz, también es moneda corriente entre quienes “de boquilla” son federalistas acérrimos.

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Eduardo Buzzi llamó al diputado Alberto Cantero Gutiérrez (FpV), presidente de la Comisión de Agricultura, para pedirle que apurara la ley de arrendamientos rurales. Cantero le dijo que el proyecto avanza y lo gastó amablemente diciéndole que, de cualquier forma, la Federación Agraria podía esperar a la próxima composición parlamentaria, más amigable con los ruralistas. Buzzi le contestó que prefería la pronta sanción, reconociendo (no tan tácitamente) que no confía plenamente en la camada que vendrá. Ese tema, entre otros, tensiona a la Mesa de Enlace y motivó intercambios críticos entre Buzzi y Mario Llambías.

El oficialismo, que fracasa siempre cuando trata de operar para dividir la “unidad en la acción” de la Mesa de Enlace, consigue mejores réditos con recursos más fértiles. Mejorar la ecuación de los sectores más desfavorecidos del “campo”, contemplar las dificultades de todo el sector, no legislar en base a la berreta ecuación “amigo-enemigo” obra efectos más virtuosos que la confrontación frontal. No ha sido ese el accionar preferido del oficialismo, precisamente.

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Agustín Rossi juntó a los integrantes del bloque que preside el jueves en su despacho. En las vísperas del almuerzo, ofrendó bandeja de frutas y sandwichitos, mientras trataba de generar consenso interno sobre la reforma política. A los compañeros, en especial a los que manejan maquinarias políticas locales, les dan escozor las internas abiertas obligatorias y simultáneas, lo que induce al cronista a matizar sus prevenciones contra las mismas. De cualquier manera, hay disposición del FpV para modificar el proyecto, buscando apoyos de otras bancadas. La más afín, claro, es la radical. Pero aun la Coalición Cívica ve con buenos ojos partes de la iniciativa, como las referidas al financiamiento de los partidos y a la regulación de la publicidad. Jamás votarán a favor, en general, de una propuesta kirchnerista, pero sus críticas son más sistémicas y menos estridentes que lo usual. La mayor resistencia finca en los partidos “chicos” de centroizquierda que avizoran (con motivos) que se promueve un revival del bipartidismo. De cualquier manera, es verosímil que Diputados valide el proyecto, reformulado. En el Senado –de composición más conservadora, más bipartidista y más ligada a taitas de aparatos provinciales– el tránsito pinta más factible aun cuando vaya a transcurrir con la nueva Cámara.

En tanto, la reforma de la Ley de Matrimonio Civil habilitándolo entre personas del mismo sexo se atascó por ausentismo en las comisiones respectivas, que tienen mayoría del FpV. Se reunirán de nuevo el jueves próximo, con un escenario novedoso. En la semana hubo un excelente fallo de la jueza porteña que decretó inconstitucional las limitaciones al casamiento de parejas no heterosexuales que contiene la Ley de Matrimonio Civil. La sentencia fue consentida por el jefe de Gobierno Mauricio Macri. Está el campo orégano para que los diputados den envión a la ley que regirá en general y no para un caso concreto como el amparo mencionado. Sería un paso enorme a favor de la igualdad, del pluralismo, de la no discriminación y de la defensa de los derechos humanos. Y un cierre notable de un período de sesiones que se llama ordinario pero que, en buena hora, no lo fue para nada.