EL PAíS › OPINION

Un avance para el fin de la impunidad

 Por Jorge Taiana *

Luego de veinticinco años de lucha del movimiento internacional de derechos humanos, y tras cuatro años de trabajo sistemático de la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas, el gobierno argentino firmará hoy en París un documento histórico. Se trata de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, primer instrumento jurídico vinculante de carácter universal que reconoce a este delito como un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho de las víctimas a la reparación, a la justicia y a la verdad.

La conmoción producida por la inmensa tragedia ocurrida en nuestro país y en otros países de la región ha germinado en una propuesta positiva, que hoy se ofrece a la humanidad toda, para que ésta adopte una herramienta jurídica destinada a prevenir y combatir en todas partes esa práctica criminal, que tantos sufrimientos generara y cuyas consecuencias aún persisten.

El gobierno argentino, convencido del significado profundo de esta ceremonia, ha decidido que la presencia argentina esté encabezada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien junto al presidente Néstor Kirchner lleva adelante este proceso de transformación de la Argentina, que sitúa el respeto integral de los derechos humanos en el lugar principal de sus preocupaciones de gobierno.

La Convención a la cual la Argentina adhiere hoy es el producto de un arduo trabajo de debate y negociación, cuyo resultado refleja el consenso de la comunidad internacional con respecto a esta metodología represiva. El proyecto fue elaborado tras una tarea de décadas del movimiento internacional de derechos humanos que nutrió los debates del Grupo de Trabajo establecido para tal fin en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Los gobiernos de la Argentina y Francia, por su parte, fueron los principales impulsores de la propuesta y jugaron un papel decisivo en las negociaciones que culminaron en la presentación de un texto adoptado por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Alrededor de 30 mil personas fueron detenidos-desaparecidos en la Argentina durante el terrorismo de Estado como resultado del accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Sus familias y amigos, luego del secuestro, quedaron sumidos en la incertidumbre y la angustia. Y el terror, por definición paralizante, se extendió en la sociedad.

La reacción fue encabezada por familiares de las víctimas y diversas organizaciones civiles que nacieron en esos años y que dieron el ejemplo más genuino de defensa de los derechos humanos desde una perspectiva desinteresada, democrática y solidaria. El compromiso con ellos y con sus luchas ha estado en la base de la decisión del Gobierno de asumir la promoción y defensa de los derechos humanos como un eje fundamental de su política, tanto a nivel nacional como internacional.

Así, en los últimos años, la Argentina ha llevado a cabo un cambio decisivo en materia de derechos humanos. Hoy, por primera vez la sociedad encuentra un Estado que, lejos de permanecer indiferente frente a las demandas de la sociedad civil, asume una postura receptiva y responsable con respecto al arduo proceso de construcción de una memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado.

Prueba de ello es que, por primera vez, los tres poderes de la República Argentina han adoptado decisiones coincidentes para preservar los cuatro pilares de la lucha contra la impunidad: la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.

Es por estas razones que firmar la Convención no implica solamente un avance del sistema normativo, sino que significa un gran paso en la lucha contra la impunidad y a favor de la promoción y protección de los derechos humanos. Este instrumento ha venido a llenar un vacío existente en el derecho internacional en términos de prevención de las violaciones de derechos humanos y de los derechos de las víctimas, así como en términos de la obligación de los Estados de investigar y sancionar a los responsables.

Con la adopción de este nuevo tratado, la comunidad internacional reconoce el derecho de todas las personas a no ser víctimas de desaparición forzada, a la vez que reafirma el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y confirma, también, que la práctica sistemática de ese delito constituye un crimen de lesa humanidad.

En tanto, la Convención consagra el deber de incriminar las desapariciones forzadas como delito autónomo, a la vez que estipula la obligación de los Estados de adoptar una serie de medidas para la prevención, investigación, procesamiento y castigo de quienes resulten responsables.

Este documento trascendente puede contribuir a evitar en todas partes del mundo los tremendos sufrimientos que las desapariciones causaron en la Argentina y otros países. Un sufrimiento que permanece, como lo establece la propia Convención al disponer que la desaparición forzada es un delito continuo e imprescriptible.

Desterrar para siempre esta metodología represiva e ilegal de cualquier gobierno favorecerá un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos para todos.

* Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

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