REPORTAJES › MARIA MEJIA, ANTROPOLOGA

“El derecho al aborto es una cuestión de justicia social”

La mexicana María Consuelo Mejía lidera en su país Católicas por el Derecho a Decidir, uno de los pilares de la coalición de organizaciones que logró la legalización del aborto en el DF. Aquí, explica cómo fue el proceso, el cambio en el eje de los argumentos y la puesta en marcha de la nueva ley.

 Por Mariana Carbajal

Desde Londres

Estudió en un colegio de monjas de Bogotá, que fueron expulsadas de la comunidad por la jerarquía católica local cuando se interesaron en la Teología de la Liberación y las enseñanzas del Concilio Vaticano II. “En aquel momento tenía 15 años y para mí fue muy evidente que había dos iglesias: una preocupada por la justicia social, con una misión de servicio y otra elitista, formal, acartonada, inclinada a disfrutar de los privilegios que da el poder”, dice María Consuelo Mejía. Es antropóloga, tiene 57 años y hace 13 lidera Católicas por el Derecho a Decidir en México, uno de los pilares de la coalición de ONG que –tras orquestar una estrategia que les llevó siete años de lucha– logró la legalización del aborto hasta las 12 semanas en el Distrito Federal. En una extensa entrevista de Página/12, Mejía detalló cuáles fueron las claves para conseguir esta histórica reforma legislativa y cómo vencieron la fuerte presión de la cúpula eclesiástica sobre los legisladores para bloquear la despenalización.

El proceso de liberalización de la ley sobre aborto en la capital mexicana fue uno de los puntos del temario de talleres de la Conferencia Global sobre acceso al Aborto Seguro que se desarrolló esta semana en Londres. Mejía fue una de las expositoras. En ese marco, conversó con este diario.

La reforma votada por la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril último estableció como interrupción legal del embarazo (ILE) aquella que ocurre dentro de las 12 primeras semanas de gestación. La ILE ya no es delito en la capital mexicana. Más allá del primer trimestre, está permitido el aborto si hay riesgo para la salud o la vida de la mujer, si el embarazo es producto de una violación o si el feto tiene una malformación grave.

–¿Cómo se está aplicando la ley?

–Para que entrara en vigencia debía publicarla el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrand, en la Gazeta Oficial y lo hizo dos días después de la votación. A la semana ya estaba firmada la reglamentación para provisión de servicios en los centros de salud. Pero eso no quiere decir que todo sea tan fácil. Los grupos de oposición a la reforma fueron inmediatamente a los hospitales a poner stands en los que daban información falsa a las mujeres diciéndoles que iban a contraer cáncer si abortaban o amedrentándolas acusándolas de cometer un crimen. La Secretaría de Salud nos llamó a tres de las organizaciones que trabajamos en la coalición, Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e IPAS México, para dar un curso diario en cada uno de los 14 hospitales, en el que informamos al personal hospitalario sobre la nueva normativa, los aspectos médicos vinculados al aborto y los argumentos católicos “pro choice”. Así, la Secretaría de Salud cerró sus filas y empezó a resolver el problema interno, con mucho respeto por la objeción de conciencia. Pero queda claro –según la legislación de salud– que las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia, ni tampoco las enfermeras ni el personal que limpia. Sabemos que alrededor de un 30 a 40 por ciento de los médicos se han declarado objetores de conciencia.

–¿Quién está detrás de los grupos que se oponen a la implementación de la ley?

–Son grupos pro-vida, voceros de la jerarquía conservadora católica. Son varios, pero uno está muy desprestigiado porque se descubrió que un diputado del PAN desvió fondos que estaban destinados a luchar contra el HIV a una de esas entidades, supuestamente para sus hogares para madres solteras. Fueron cerca de tres millones de pesos y una investigación encontró que los habían gastado en tangas y lapiceras Mont Blanc.

–¿En serio?

–Sí, por eso han perdido mucha credibilidad y para contrarrestar esa situación han formado nuevos grupos muy extremistas.

–¿Ejerció presión la jerarquía católica directamente sobre los legisladores para que no votaran la reforma?

–Claro. En México la Iglesia Católica tiene mucha influencia. Muchos legisladores y legisladoras son católicos y católicas. Pero hubo dos factores que hicieron que perdiera legitimidad. Por un lado, una denuncia contra el cardenal de la ciudad de México, Norberto Rivera Carrera, presentada por una red norteamericana por conspiración contra la pederastia, por encubrir a un cura acusado de unos noventa casos de abuso sexual a menores, a quien envió a Los Angeles. Ese cura, Nicolás Aguilar, sigue siendo sacerdote. No fue excomulgado cuando el cardenal amenazó con la excomunión a todos los legisladores católicos que votaran la reforma y también al jefe de gobierno del DF. El otro factor que le restó prestigio a la jerarquía católica fue la posición que asumió en apoyo de la derecha en las últimas elecciones nacionales. Se llegó a la reforma de la ley por la conjunción de varios factores: esta pérdida de credibilidad de la cúpula eclesiástica, la defensa del Estado laico, los argumentos católicos progresistas y una voluntad política clara: con la despenalización del aborto, el PRD se ponía a la izquierda del gobierno nacional, considerado un gobierno que se robó las elecciones.

–¿Cuál fue la estrategia para llegar a la reforma?

–En primer lugar cambiamos el eje de la discusión por la despenalización del aborto. Ya no planteamos que se trataba de un derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo sino de una cuestión de justicia social, de democracia y de salud pública, por las muertes de mujeres pobres en abortos realizados en condiciones riesgosas. Hace siete años formamos una coalición con otras cuatro ONG –GIRE, Equidad de Género, Population Council e IPAS México– y lo primero que hicimos fue dividirnos roles para ampliar la base concreta de apoyo a la despenalización del aborto, dirigiéndonos a audiencias especificas: abogados, legisladores, médicos, sector educativo, especialistas en bioética. La idea fue darles información para que pudieran hablar públicamente sobre el tema. También trabajamos con los medios de comunicación, que apoyaron fuertemente la reforma. Paralelamente capacitamos a los prestadores de servicios de aborto, para mejorar el acceso en los casos en los que ya estaba despenalizado (peligro para la vida y a partir de 2000 también para la salud de la mujer, en caso de violación y de malformación genética). Debo decir que hubo un trabajo previo de 30 años del Movimiento Feminista, de poner el tema en debate.

–¿Qué argumentos usaron desde Católicas por el Derecho a Decidir?

–Nosotras decimos que la decisión de interrumpir un embarazo es un dilema ético serio. Las mujeres que recurren a esa opción no lo hacen con alegría en sus corazones, lo hacen como último recurso al considerar todas las consecuencias y toman esa decisión responsablemente, de acuerdo con los dictados de su conciencia. La doctrina católica establece que católicas y católicos deben seguir su conciencia pues no ha habido ninguna declaración oficial de nuestra Iglesia que convierta las enseñanzas morales en dogma. También decimos que las mujeres que se han visto en la necesidad de practicarse un aborto lo hacen por compasión y misericordia, sin cólera, sin odio, sin codicia y para evitar un mal mayor. Aunque ésta sea una decisión dolorosa y contraria al pensamiento de otras personas, puede traer bienestar y disminuir el sufrimiento de esa mujer y su familia. El Código de Derecho Canónico, que es la ley interna de la Iglesia Católica, establece atenuantes que exculpan de la pena de excomunión a la gran mayoría de las mujeres que abortan. Lo dicen los cánones 1321 al 1324. La exculpan cuando “no le es gravemente imputable por dolo o por culpa”, “si aún no había cumplido los 17 años”, “si ignoraba que estaba incumpliendo la ley”, “si actuó por miedo grave”, o “por necesidad, o para evitar un perjuicio”.

–¿Cuántas interrupciones legales del embarazo se han practicado desde la implementación de la ley?

–Hasta hace dos semanas, la última información oficial, se habían hecho poco más de 3000. De acuerdo con los análisis de los primeros mil casos, 80 por ciento fueron mujeres católicas, alrededor del 60 por ciento, casadas o en unión libre, muy pocas adolescentes.

–¿Qué piensa de la situación del debate por una reforma legislativa en Argentina?

–Me parece que en Argentina hay posibilidad de impulsar algún cambio. Habrá que ver qué pasa con las elecciones presidenciales. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito tiene un gran apoyo de más de 250 organizaciones. Eso es muy importante. El gran problema es que este tema es negociable, incluso en los partidos de centro izquierda o de izquierda, la despenalización del aborto es el tema que usan para negociar otras cosas y si es necesario lo ponen bajo la mesa.

Compartir: 

Twitter
 

 

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.