EL PAíS › LA DOCTRINA CLINTON Y LAS ELECCIONES

Una masa

Desde el primer gobierno de Perón no se registraba un aumento simultáneo de empleo y salario como el producido con Kirchner. Entre 2003 y 2007 la masa salarial real del sector privado se incrementó 103 por ciento. La intención de voto de la principal fuerza opositora coincide con los dos deciles de mayor participación en el ingreso. Todo esto sugiere el carácter racional de las decisiones de voto.

 Por Horacio Verbitsky

Durante los cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner se produjo un aumento simultáneo del empleo y del salario real (es decir una vez descontada la inflación) sólo comparable con el ocurrido en el segundo quinquenio de la década de 1940. Ese lapso corresponde a la primera presidencia de Juan D. Perón. Entre 2003 y 2007 el empleo aumentó un 49 por ciento y el salario un 36 por ciento en términos reales. Así lo dice el informe de octubre del Newsletter sobre la Situación Laboral y Social en la Argentina, que elabora desde hace diez años la Sociedad de Estudios Laborales, SEL, que dirige el consultor Ernesto Kritz. Como consecuencia, agrega, la masa salarial real del sector privado creció un 103 por ciento. “Esto puede explicar una parte no menor del nivel de aprobación del gobierno en los sectores medios, especialmente los medio bajos, más allá de las debilidades institucionales, o aun de la reprobación por la inseguridad”, dice, en una explicitación con encuadre técnico de la célebre doctrina Clinton. Aunque es de buen tono desdeñar las encuestas electorales, tampoco deja de llamar la atención la coincidencia de los porcentajes de intención de voto por la principal fuerza opositora con los dos deciles superiores en la pirámide de ingresos. El voto puede verse así como una decisión más racional de lo que por momentos hace pensar el cotillón proselitista y el escandaloso enfoque mediático.

El impacto político

Cuando Kirchner asumió la presidencia la población en situación de riesgo en los sectores medios superaba el 50 por ciento y hoy no llega al 10 por ciento. El consultor explica que la población en situación de riesgo social incluye a los pobres (indigentes y no indigentes) y los no pobres vulnerables, es decir aquellos cuyos ingresos superan en hasta 0,5 veces la línea de pobreza. Los más favorecidos fueron los hogares de la clase media baja. Si bien siete de cada diez de los nuevos empleos asalariados registrados están por debajo de la media del sector privado formal, la remuneración bruta promedio es de 1.734 mensuales. Es muy probable que ese crecimiento haya sido todavía más rápido para los asalariados bajo convenio colectivo. En ese período el salario obrero en la industria manufacturera (que incluye el personal con categoría no superior a la de supervisor) aumentó 59 por ciento en términos reales. Un incremento de esa magnitud de los ingresos de fuente laboral de los hogares de los asalariados privados, y una mejora entre los pequeños no asalariados formales, dice el informe, debe tener un impacto político considerable. No obstante, agrega que la inflación es el talón de Aquiles que amenaza en el futuro “este vertiginoso crecimiento” de la masa salarial real que, medido a precios corrientes, duplicó el incremento de la oferta global de bienes y servicios. Esta brecha explica en parte la aceleración de la inflación. Hasta ahora, esto “no ha tenido un efecto político porque la masa salarial ha continuado creciendo a un ritmo, si bien algo menor, de todos modos considerable”.

Calidad institucional

Al comenzar la campaña proselitista, CFK y su equipo de asesores pusieron el acento en el cambio respecto de la gestión iniciada el 25 de mayo de 2003. Sin embargo a lo largo de los meses, la candidata ha acentuado la continuidad que promete, en caso de resultar electa. En sus diversas intervenciones, dentro y fuera del país, en actos y reportajes, se propone como síntesis la búsqueda de mayor calidad institucional dentro del mismo proyecto. No es una gran novedad. El 11 de junio de 2006, cuando confirmó la decisión muchas veces insinuada de no postularse para la reelección, Kirchner dijo que el próximo período requeriría de intervenciones más sutiles, tendientes a producir reformas institucionales que mejoren la calidad de la democracia argentina, para las que su esposa estaría mejor calificada. La cita es textual de la declaración que hizo entonces a este diario. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido especificaciones más detalladas. Esta omisión ha permitido que en una campaña centrada como nunca antes por algunos candidatos opositores y por algunos medios de comunicación en ataques y descalificaciones personales, se instalara la idea de que el actual mandato presidencial tuvo un buen desempeño económico (que sólo atribuyen a factores externos) pero hizo sufrir la institucionalidad. Esto supone tanto una idealización del estado previo de las cosas como un menoscabo de los cambios que se introdujeron.

Viejos buenos tiempos

Kirchner asumió la presidencia luego de la peor crisis económica, social e institucional. La licuación del poder del fugaz presidente Fernando de la Rúa, quien incrementó el endeudamiento externo para financiar la fuga de divisas y rebajó las jubilaciones, se hizo vertiginosa a partir de los pobres resultados de la Alianza en los comicios de octubre de 2001, cuando las abstenciones y los votos nulos o en blanco fueron los más altos desde la proscripción del peronismo. Una vez que los grandes capitales se pusieron a salvo, el corralito y el corralón inmovilizaron y devaluaron los ahorros de los pequeños y medianos depositantes. La descontrolada represión con que el último presidente de la UCR intentó conservar el gobierno en diciembre de 2001 provocó cuarenta muertes en todo el país, por algunas de las cuales ha sido procesado ahora, y derivó en la tremenda semana de los cinco presidentes. Uno de ellos declaró la moratoria en el pago de la deuda pública. Durante meses, manifestaciones masivas entonaban la consigna republicana “Que se vayan todos”. La devaluación de la moneda y la pesificación asimétrica, que obraron como una inundación sobre la sequía de la convertibilidad, provocaron una fulminante transferencia de ingresos en contra de los trabajadores y niveles de desempleo, pobreza e indigencia superiores a los de la crisis estadounidense de 1929/33. Un ministro del Poder Ejecutivo reclamó a dos camaristas, seis jueces federales y el administrador de la Corte Suprema que encarcelaran al ex ministro Domingo Cavallo y a varios banqueros como un pararrayos que desviara del gobierno la ira popular. En junio de 2002, una demostración oficial de fuerza condujo al asesinato alevoso de dos jóvenes manifestantes en la estación Avellaneda. Ese inolvidable interinato del senador Eduardo Duhalde culminó con los indultos a Mohamed Seineldín y Enrique Gorriarán, jefes de sendos ataques armados contra el orden constitucional. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas volvieron a convertirse en Partido Militar y tomaron posiciones para condicionar al poder político e imponer su ingreso en la represión del conflicto social y una decisión judicial que cerrara la revisión judicial de los crímenes de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Ambas posibilidades fueron defendidas por los ministros de Defensa Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena, quienes introdujeron la doctrina de las “nuevas amenazas” elaborada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aunque la ley sancionada durante la crisis obligaba a elegir las candidaturas presidenciales en comicios internos abiertos, Duhalde consiguió una excepción por la que su Partido Justicialista concurrió con tres fórmulas distintas. La defección de Carlos Menem, quien no se presentó a la segunda vuelta, llevó al gobierno a Kirchner con el 22 por ciento de los votos, el mismo porcentaje de las personas sin trabajo. Ésa era la calidad institucional argentina al 25 de mayo de 2003, que Kirchner habría deteriorado.

Defensa y Justicia

En la primera semana de su mandato, el nuevo presidente dispuso la remoción de la cúpula castrense, encabezada por un general acusado de participar en la masacre de Margarita Belén, de acuerdo con la denuncia del CELS e HIJOS ante la justicia federal del Chaco, en una presentación de 2001 que fue acompañada por la jefa del ARI, Elisa Carrió, quien ahora pretende que el gobierno humilla a las Fuerzas Armadas. Más de tres docenas de generales, almirantes y brigadieres pasaron a retiro por decisión del primer comandante en jefe que en vez de temer a sus subordinados los conduce. El ministerio de Defensa dejó de ser vocero de las Fuerzas Armadas ante el Poder Ejecutivo y pasó a ser el órgano de gobierno civil sobre el instrumento militar de la defensa nacional. Su titular, por primera vez una mujer, reglamentó la ley de defensa nacional, que realza el rol del Estado Mayor Conjunto y la conducción civil. Había sido sancionada ¡dieciocho años antes! y el ex ministro Jaunarena confesó que en forma deliberada no la había reglamentado. En la segunda semana de su presidencia, Kirchner promovió el juicio político a la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia. Ese tribunal había sido inundado por Menem con amigos, socios y parientes, propios y de sus funcionarios, que no tenían idoneidad para tales funciones, luego de ampliar su número de cinco a nueve miembros y de obtener la renuncia de dos de los antiguos integrantes. Para reemplazar a estos impresentables, Kirchner postuló a cuatro juristas destacados, dos hombres y dos mujeres, cuya independencia ha quedado de sobra demostrada en estos años. Pero además autolimitó sus atribuciones, con un decreto y una reforma del reglamento del Senado sugeridos por seis organizaciones de la sociedad civil, por los cuales las designaciones fueron sometidas a un minucioso escrutinio que incluyó impugnaciones y audiencias públicas, como nunca antes había ocurrido. Cuando se produjeron más vacantes, un proyecto de CFK volvió al número histórico de cinco miembros. Un procedimiento similar se aplica a la selección de jueces federales, una vez que el Consejo de la Magistratura eleva las ternas.

Fin de la impunidad

Como culminación de un largo proceso de lucha colectiva contra la impunidad, en marzo de 2001 la justicia declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, a solicitud del CELS en una causa contra el sargento de la Policía Federal Julio Simón. Otros tribunales se sumaron a esa declaración, que fue confirmada por la Cámara Federal de la Capital y, en sendos dictámenes, por dos sucesivos procuradores generales. El obispo castrense visitó la Corte Suprema para presionar por un rechazo a esas decisiones, pocos días antes del cambio de gobierno, como parte del plan canje de impunidades. Kirchner sostuvo que la única línea de su gobierno al respecto sería memoria, verdad y justicia. Lo concretó con una ley de nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Recién en 2005 la Corte Suprema convalidó las decisiones judiciales que habían anulado el punto final y la obediencia debida y la ley que ratificó su nulidad, y de este modo abrió el camino para que el centenar de procesos abiertos en todo el país pudiera llegar a juicio. Kirchner también promovió el juicio político, hasta ahora en trámite, contra el presidente y contra tres jueces de la Cámara de Casación Penal, que en forma ostensible demoraron los juicios contra represores. La exasperante lentitud de los mecanismos judiciales y la falta de una planificación que ordene los procesos ha permitido que hasta ahora sólo hayan sido condenados dos policías y un sacerdote. Pero antes de fin de año se pronunciará la primera sentencia contra militares: entre ellos el último comandante en jefe del Ejército de la dictadura y una decena de coroneles de inteligencia. La Corte Suprema y la Procuración General han comenzado a coordinar esfuerzos, de modo de no seguir con la justicia por goteo, como en el absurdo proceso que ahora lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5 contra un autor por cuatro víctimas, cuando los hechos ocurrieron en un campo de concentración, la Escuela de Mecánica de la Armada, en el que hubo decenas de represores y miles de víctimas. La idea es que se agrupen casos por cada campo de concentración, de modo de no repetir testimonios en diversos juicios, con el desgaste emocional y el peligro que ello implica para los testigos, sobre todo luego del secuestro de uno de ellos, hace más de un año. En esos lugares se colocaron placas que recuerdan los hechos aberrantes cometidos durante la dictadura y dos de los principales (La Perla, en Córdoba, y la ESMA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) fueron desafectados de la órbita castrense, para erigir espacios de recogimiento y conmemoración. La Cancillería argentina, junto con la de Francia, promovió la aprobación por las Naciones Unidas de una Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Los militares y marinos detenidos en Buenos Aires fueron trasladados desde unidades castrenses hasta la Unidad Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo. El recurso de hábeas corpus que presentaron en contra de esa decisión adjunta fotos que cotejan las condiciones de esa cárcel limpia y sana con las de los clubes de campo de lujo en que estaban antes. Entre los reclamos está el acceso a la telefonía celular y la banda ancha de comunicaciones por internet, derechos fundamentales cuya negación prueba el carácter vengativo de este gobierno. Desde el traslado han dejado de publicarse algunos boletines electrónicos que reivindicaban lo actuado durante la dictadura y que, a falta de apoyos sociales significativos, redactaban ellos mismos.

Información y control

Otra iniciativa institucional relevante que se aprobó en el actual período fue la ley que derogó todas las leyes secretas promulgadas en el último siglo y la prohibición de sancionar nuevas. Resta una decisión similar respecto de los decretos secretos. Kirchner firmó un decreto de acceso a la información pública, que obliga a todas las dependencias del Poder Ejecutivo a responder a los pedidos de información de los ciudadanos. Algunos de los medios más críticos de la gestión oficial han hecho uso constante de esa posibilidad. Un proyecto de ley elaborado por una coalición de ONGs para extender esa obligación a todo el país y a todos los poderes se empantanó en el trámite parlamentario y no fue sancionado. De todos modos, la centralidad del Poder Ejecutivo en el sistema presidencialista argentino, realza la importancia del decreto vigente. Una de las peores decisiones que el gobierno nacional adoptó en estos años fue la prórroga por diez años de todas las licencias de radio y televisión. En compensación, el gobierno apoyó una reforma a la ley de radiodifusión, que ahora permite el acceso a la expresión a entidades comunitarias sin fines de lucro y no sólo a empresas comerciales y a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde 1999 el Estado Argentino incumple un compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA, de despenalizar los delitos de calumnias e injurias cometidos contra funcionarios públicos. Sin embargo, desde que Kirchner asumió la presidencia ningún funcionario de su gobierno querelló penalmente a un periodista y uno que lo intentó recibió la orden de desistir. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el gobierno admitió la responsabilidad del Estado Nacional por la sanción contra Eduardo Kimel, el periodista que investigó la masacre de los padres palotinos y que es el único condenado a raíz de ese crimen. Este mes la asociación de propietarios de diarios, ADEPA, reconoció que hay libertad de prensa en el país y lo más grave que encontró para decir fue que el gobierno tenía “recelo” de los medios. Psicólogo, ahí. La reforma constitucional de 1994 admitió los decretos de necesidad y urgencia, en determinadas materias y siempre que fueran sometidos al posterior control parlamentario. Para ello dispuso que se creara una comisión bicameral del Congreso que debe tratarlos. Con doce años y tres presidencias de retraso la comisión bicameral fue creada por ley el año pasado. CFK recibió críticas porque cuando estaba en la oposición sostenía que los decretos perdían vigencia si el Congreso no los ratificaba y ahora invirtió los términos: el Congreso puede derogarlos, pero mientras no lo haga siguen en vigor. El candidato a diputado de PRO, Federico Pinedo, le confesó al principal asesor de la Comisión de Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos, que visitó la Argentina, que “el problema de la oposición no es el sistema sino que no tenemos los votos” para rechazar los decretos. Hoy se le ofrece una excelente oportunidad de modificar esa relación de fuerzas, que se repetirá cada dos años, como en las más admiradas democracias del mundo.

Seguridad y libertad

La ocupación del espacio público se convirtió desde principios de siglo en una forma de expresión cotidiana para miles de personas que no tienen otra forma de protestar y reclamar por sus derechos. Kirchner dispuso que para el mantenimiento del orden en esos casos las fuerzas de seguridad no emplearan armas de fuego. Por negarse a cumplir esa decisión fueron separados de sus cargos el ministro de Justicia, el jefe de la Policía Federal y el secretario de seguridad, Norberto Quantin, actual encargado de seguridad de la Coalición Cívica Libertadora. El ministro del Interior, Aníbal Fernández anunció este año que la política de drogas del Estado no se concentrará más en la persecución de adictos y consumidores. En el mismo sentido de expansión de espacios de libertad, el gobierno nacional convocó a negociaciones paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo y permitió que cada persona decidiera afiliarse a un sistema jubilatorio privado o al sistema público de reparto. Por primera vez, la Argentina tiene simultáneamente un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo decidió no pedir un Te Deum en cada fiesta patria y desconoció al obispo castrense a raíz de su reivindicación de los métodos criminales de la dictadura en una carta al ministro de Salud, quien lleva a cabo una política activa de prevención de los embarazos no deseados. También impulsó la ratificación del protocolo de la CEDAW, la convención internacional sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Las instancias institucionales también mostraron un inédito grado de funcionamiento en los episodios de corrupción que se detectaron en los últimos meses. Las facturas falsas de Skanska se investigaron por una denuncia de la AFIP; otras imputaciones surgieron de la Oficina Anticorrupción y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, cuyos titulares fueron designados por el actual gobierno. En todos los casos han actuado jueces nombrados antes del actual período y los funcionarios involucrados debieron dejar sus cargos, por decisión presidencial. Como garante final, aguarda una Corte Suprema insospechable de proteger bandidos. Ese tribunal es la garantía última de los derechos de los ciudadanos y un límite infranqueable a los excesos que siempre tientan a cualquier poder y que sólo pueden controlarse con reformas institucionales como las que el país ha vivido en los últimos cuatro años.

Compartir: 

Twitter
 

Cristina y Lilita: La dimensión racional del voto.
 
EL PAíS
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.