El grotesco escándalo iniciado con la votación de la reforma al Código Procesal Penal bonaerense, que promete arrastrar al país a un alarmante retroceso en los escenarios nacionales e internacionales, ayer concretó su primer paso de aquella promesa. El ministro de la reforma judicial y ex abogado penitenciario Ricardo Blas Casal debió presentarse ante los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, citado en audiencia pública requerida por el CELS, también presente. La audiencia formó parte del (in)cumplimiento bonaerense a la orden de la Corte Suprema, conocida como fallo Verbitsky, mediante la que se puso coto al hacinamiento inhumano de detenidos en comisarías y cárceles bonaerenses. Casal intentó demostrar que el gobierno de Daniel Scioli está comprometido con la descompresión del hacinamiento carcelario, pese a que dos meses después de la reforma procesal las cárceles y comisarías volvieron peligrosamente a bordear la cornisa de los 30 mil presos.

La audiencia consistió en una rendición de cuentas ante las evidencias de incumplimiento por parte del gobierno de Scioli. En vísperas de la Nochebuena pasada, los diputados oficialistas lograron aprobar la reforma pese a las advertencias de una serie de ONG reconocidas y especializadas en la cuestión, entre las que se encuentra el CELS. Como informó Página/12, una semana antes de la votación el CELS había denunciado ante la Corte Suprema que la reforma implicaría lisa y llanamente un llamado a la desobediencia al fallo Verbitsky. En aquel momento, el periodista Horacio Verbitsky (CELS), Ernesto Moreau (APDH), Mabel Panette (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), y Marta Vázquez (Madres-Línea Fundadora) advirtieron al presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Horacio González, que la receta de la “nueva” solución a la inseguridad ya la habían impulsado el trío Ruckauf/Casanovas/Rico y, como es de público padecimiento, sólo empeoraron las cosas. Como dato paradójico: en mayo de 2005, cuando la Corte dictó el fallo Verbitsky, en cárceles y comisarías bonaerenses eran alojados (un mero eufemismo) 30.721 detenidos, muy por encima de sus capacidades reales. El hacinamiento se detuvo y redujo luego del fallo hasta los 26.990, cifra alta pero considerablemente menor.

Las cifras que presentaron en la audiencia de ayer Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, y Paula Litvachky, directora del programa Justicia Democrática, demuestran la solución bizarra de la reforma de Casal: al 16 de marzo pasado, en dos meses de aplicación, las cifras volvieron a crecer al borde de la cornisa: 28.332. En diciembre de 2007, las comisarías bonaerenses habían logrado quitarse buena parte del problema de los detenidos a cargo del Servicio Penitenciario que por carecer de lugar en los penales quedan estancados en los calabozos policiales (de 6035 en mayo de 2005, llegaron a 2782 en diciembre de 2007). Al 16 de marzo, según el propio gobierno bonaerense, los detenidos en comisarías habían aumentado 49 por ciento de aquella cantidad (4142).

El CELS también presentó un cuadro paradójico porque discute la euforia del talión y los reclamos de inseguridad susanistas, a los que son tan sensibles gobernantes y legisladores: la curva del índice de delitos aumenta o desciende en la misma proporción que la cantidad de presos. Cuanto más presos, más delitos; cuanto menos hacinamiento, menos delitos. Entre las fuentes figura el mismo ministerio donde se elaboró el proyecto de reforma.

“Casal no negó las cifras que presentamos –dijo Chillier a Página/12 en comunicación telefónica–. Dijo que el gobierno de Scioli está comprometido con el fallo Verbitsky, y presentó la reforma como parte de un plan para reducir el hacinamiento. En la práctica los datos lo contradicen y parece que la única alternativa que proponen es la construcción de nuevas cárceles. Nosotros pedimos a la Comisión que se involucre en el monitoreo porque consideramos que se está llegando a niveles alarmantes.” La CIDH mostró su preocupación. El comisionado Florenín Meléndez, se refirió a los altos porcentajes de presos sin sentencia firme (entre el 70 y 80 por ciento) y sostuvo que “es uno de los más altos de América latina”.