En el caso de la denuncia contra el hogar que el cura Julio César Grassi administraba en Chacarita derivó en una causa contra el denunciante y la jueza que investigó el caso. Un juez de Instrucción dispuso que la jueza civil Myriam Rustan de Estrada y el defensor de menores Marcelo Jalil, que impulsaron el desalojo del hogar San José Obrero, declaren por escrito y como “imputados” por los presuntos delitos de malos tratos y abuso de autoridad en el procedimiento de traslado de los niños internados. Se trata del resultado de una ofensiva de allegados a Grassi contra los investigadores de irregularidades en ese hogar.

Mediante una resolución a la que tuvo acceso la agencia DyN, el juez Juan Ramos Padilla notificó a la jueza y al defensor de menores que “tienen derecho de presentarse ante el tribunal personalmente con sus abogados de confianza para formular aclaraciones en cuanto a los hechos”.

Ramos Padilla deslizó, además, que podría ordenar un allanamiento al juzgado para obtener el expediente del Hogar San José Obrero: “Resulta indispensable contar con las actuaciones civiles y toda la documentación vinculada”. La investigación contra los funcionarios judiciales que dispusieron el desalojo del hogar se disparó a raíz de un “habeas corpus” presentado, en el contexto del procedimiento, por la directora del instituto de menores Nancy Silva, que pese a ser rechazado por la Justicia derivó en una pesquisa penal.

El objeto de la investigación apunta a que “la presunta orden de desalojo emanada por la señora jueza, personal del Consejo de Minoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires provocó hechos de violencia dentro del predio donde se encuentra ubicado el hogar”. La resolución omite considerar que esos hechos de violencia fueron generados por adherentes a la Fundación Felices los Niños que, como informó este diario en su momento, intentaron frenar el desalojo de niños.

La denuncia judicial y el posterior desalojo se originaron en una denuncia por supuestos malos tatos a los niños dentro de la institución, que incluían violaciones entre los internos.