SOCIEDAD › NUEVE POLICíAS PROCESADOS

Un caso de torturas

 Por Carlos Rodríguez

La Sala VI de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de nueve policías federales –en tres de los casos se les dictó la prisión preventiva–, imputados en algunos casos por “torturas” y en otros por “apremios ilegales” en perjuicio de tres chicos, dos de 17 y uno de 16, a los que acusaron, al parecer sin prueba alguna, de un supuesto intento de robo. Una de las particularidades del caso es que la que encabezó la agresión contra los adolescentes fue una mujer, Natalia María Fernanda Verón, quien además de participar en las torturas, que incluyeron el paso de corriente eléctrica, decidió cortarles el pelo a los tres pibes, como ocurría en los lejanos años de la dictadura de Juan Carlos Onganía. “Acá la única autorizada a usar colita soy yo”, le dijo Verón a uno de los chicos y acto seguido pegó el tijeretazo. Luego, en la comisaría, les cortó el pelo a los otros dos pibes. La mujer policía está prófuga desde principios de abril.

Los hechos que se investigan, ocurridos el 20 de julio de 2010, involucraron al comienzo a diez policías de la comisaría 23ª, del barrio de Palermo. Ahora son nueve los que siguen bajo proceso, tal como ratificó la Sala VI de la Cámara, con la firma de los jueces Alberto Seijas y Marcelo Lucini. Ellos confirmaron el fallo de primera instancia del juzgado de instrucción a cargo de Mariano Scotto. Los imputados por “tortura reiterada en tres oportunidades” son Natalia María Fernanda Verón, Mariano Cerrillo y Juan Raúl Villegas. Los bie-nes de los tres fueron embargados hasta cubrir la suma de 40 mil pesos cada uno.

Otros tres policías fueron procesados por el delito de “apremios ilegales agravados”, un séptimo por “omisión de evitar la comisión de torturas” y dos más por “omisión de denunciar la comisión de torturas”. Los sucesos ocurrieron el 20 de julio de 2010, entre las 4.10 y las 6 de la mañana, en el cruce de las calles Guatemala y Gurruchaga, a partir de la detención de los tres chicos, que en ese momento caminaban por la vereda.

Un policía había concurrido al lugar al escuchar la explosión del vidrio de una camioneta 4X4 que estaba estacionada allí. El agente consideró que los autores eran los tres chicos, aunque no los había visto cometer el hecho, y de inmediato pidió refuerzos para detenerlos, aunque ninguno de los tres estaba armado. Son chicos de clase media, cuyas familias viven cerca del barrio, y sólo uno de ellos tendría un antecedente menor por supuesta tenencia de marihuana para uso personal. Los tres adolescentes estuvieron detenidos hasta la tarde-noche de ese 20 de julio.

Una vez liberados, los jóvenes relataron a sus padres que fueron golpeados desde el momento en que fueron levantados en la calle, en tres móviles policiales. Los chicos fueron separados en ese momento y cargados, de a uno, en los patrulleros. Cuando llegaron a la seccional, en Santa Fe y Gurruchaga, fueron víctimas de torturas con electricidad. “No era la clásica picana eléctrica de la dictadura, sino un aparato que, lamentablemente, se puede comprar en cualquier lado y que sirve para dar golpes de corriente eléctrica”, explicó a Página/12 Ricardo Dios, adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, institución que estuvo siguiendo el curso de la investigación.

Además del pasaje de electricidad, los pibes recibieron golpes de puño y, como se dijo, les cortaron el pelo. Los jueces de la Sala VI, al ratificar el procesamiento de los nueve policías, sostuvieron que los testimonios brindados por los damnificados “cobran relevancia si se tiene en consideración que los tres fueron contestes al señalar las circunstancias en que fueron detenidos en la vía pública, los policías que intervinieron en el hecho, la presencia de un oficial femenino entre ellos y el elemento descripto como ‘picana’ con el que habrían recibido descargas eléctricas”.

Los camaristas agregaron que “los elementos probatorios apuntados y el resto de la prueba correctamente reseñada y valorada acreditan prima facie la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los encausados en él, habilitando el avance de las actuaciones hacia la próxima etapa procesal”. En forma paralela, en la Justicia de Menores hay una causa contra los tres chicos, iniciada por los policías y avalada por un fiscal. La primera denuncia, en sede policial, fue por “tentativa de robo automotor”, pero según la información que maneja la Defensoría del Pueblo, se le habría agregado el rótulo “en poblado y en banda”, dato que Ricardo Dios consideró “una barbaridad”.

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