Por una vez, demoler edificios a gusto y piacere y de-sobedecer órdenes judiciales tendrá un alto costo para los funcionarios porteños. La Justicia les impuso una multa de 50 mil pesos diarios al ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, y a otros seis funcionarios de su cartera, si no cumplen con la medida judicial que les ordenó frenar la demolición de la histórica casa donde vivió el poeta Evaristo Carriego. Además, ordenó que personal de la Policía Federal cumpla funciones de custodia para impedir la acción predatoria de la piqueta. Es que, pese a que un tribunal dictó a fines de agosto una medida cautelar para frenar las obras, los trabajos continuaron.

La nueva medida judicial fue adoptada ante una presentación de vecinos del barrio de Palermo quienes denunciaron que pese a estar vigente una medida cautelar de protección de la casa histórica, la destrucción en su interior continuaba, a juzgar por la estridencia de los golpes contra las paredes que aún quedaban en pie. Los amparistas, representados por el abogado Pedro Kesselman, habían pedido que se intimara al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, para que “en el plazo de siete días corridos restaure la casa mencionada y reconstruya los espacios demolidos”, bajo apercibimiento de aplicarle “una multa de 2000 pesos por día de incumplimiento”. En su resolución, el juez Víctor Trioncetti consideró demasiado modesta la pretensión vecinal: le fijó a Lombardi una multa de 50 mil pesos diarios. La misma sanción corre para maría Victoria Alcaraz, Alejandro Damián Gómez, Luis Jacobo Grossman, Miguel Angel Cervini, Liliana Barela y Juan Manuel Beati, todos funcionarios de su cartera.

La casa de Carriego está ubicada en Honduras 3784. Fue construida en 1890, en el tradicional estilo de las casas chorizo italianas. El poeta vivió allí desde niño hasta 1912, cuando murió, a los 29 años. Ese lugar, donde funciona una biblioteca pública, fue considerado en 2010 como sitio histórico. Allí, el Ministerio de Cultura decidió hacer una obra de “ampliación y renovación”. Llamó entonces a licitación para realizar “la demolición de dos plantas del fondo” de la propiedad, donde estaba el departamento utilizado por Carriego como lugar de trabajo. La obra incluye el retiro de pisos de madera y del techo de chapa, la construcción de una losa de hormigón con viguetas en reemplazo de la cubierta, el levantamiento de paredes y tabiques y una escalera de hormigón, todo lo cual cambiaría radicalmente su fisonomía original.

Un grupo de vecinos, integrado por Mónica Capano, Marcelo Charlon, Cristina Souto y Ricardo Castañeda, patrocinados por Kesselman, solicitaron ante la Justicia una medida cautelar. El pedido fue rechazado en primera instancia por la jueza Fabiana Schafrik, pero los demandantes apelaron, y la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los jueces Mabel Daniele y Carlos Balbín, revocó la medida anterior y concedió la petición de los amparistas. En la resolución, los jueces ordenaron al Gobierno de la Ciudad “abstenerse de realizar la destrucción o demolición” total o parcial del inmueble de la calle Honduras 3784, hasta tanto haya una decisión judicial firme.

Los jueces basaron su decisión en la letra de la Constitución porteña, que contempla en su artículo 27 “la preservación y restauración del patrimonio urbanístico y arquitectónico”; en el Código de Planeamiento Urbano, que establece “la salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos considerados de valor histórico”; y hasta en el decreto 312/2006, según el cual, los bienes declarados de interés cultural no pueden ser enajenados, modificados, restaurados o destruidos total o parcialmente sin el conocimiento, visado y supervisión del órgano de aplicación”, es decir, la Secretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad. También tuvieron en cuenta que la casa de Carriego fue considerada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad, en el año 2010, como “sitio histórico”.

La medida no llegó a tiempo para evitar que la demolición afectara la escalera de acceso y la habitación donde escribía Carriego, ya convertidas en ruinas.

Entre la compulsión por demoler por parte de la gestión, sea cual fuere la repartición a cargo, y la demora en la notificación de la sentencia, convirtieron en nula la medida judicial durante unos días, en que no se detuvo la producción de escombros. Por eso, los vecinos hicieron una nueva presentación judicial. Allí, el abogado Kesselman concluyó que los funcionarios porteños aplican “la política de los hechos consumados, en la perversa certeza de que una vez efectivizada la demolición no habrá resolución judicial posible de ser aplicada”. Por eso solicitó a la Justicia que se aplique una multa por cada día en que la sentencia no se cumpla.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 15, Víctor Trionfetti intimó ayer al Gobierno de la Ciudad para que “cumpla la medida cautelar dictada y se abstenga de realizar cualquier modificación, destrucción, demolición o acción que implique alteraciones en el inmueble”. Asimismo, les notificó que “en caso de incumplimiento se impondrán astrintes (multas) en forma diaria y personal de 50 mil pesos a cada uno” de los funcionarios involucrados.

Asimismo, el magistrado dispuso realizar un reconocimiento judicial en la Biblioteca Evaristo Carriego, el lunes a las 15. Hasta ese momento, por las dudas, dispuso que haya una custodia de la Policía Federal durante el fin de semana.