SOCIEDAD

Los jueces quedaron con dudas y ya preparan las nuevas exigencias

Los miembros de la Corte no quedaron satisfechos con las explicaciones de Picolotti. Critican varios aspectos de la marcha del plan de saneamiento. Por eso, ordenarán un estudio para verificar la viabilidad de todo el programa.

 Por Irina Hauser

La Corte Suprema ordenará un “estudio de factibilidad general” sobre el plan oficial de saneamiento del Riachuelo y nombrará un cuerpo de expertos universitarios para controlar su aplicación. El tribunal firmaría una resolución en los próximos días, en la que podría incluir algunas primeras observaciones al programa para frenar la contaminación que comenzó a aplicarse el año pasado y cuya evolución explicó ayer ante los jueces la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. En las preguntas que le hicieron a la funcionaria durante la audiencia, los supremos dejaron entrever sus dudas y críticas. Y no quedaron satisfechos con las respuestas. Estiman que hay asuntos descuidados como la salud de la población de la cuenca, el futuro laboral de los empleados de empresas relocalizadas y las técnicas de depuración de desechos.

El primer comentario áspero surgió del juez Carlos Fayt. “En esa pantalla está en negro lo social”, le reprochó a Picolotti, mientras le señalaba los cuadros proyectados con Power Point. El ministro acababa de preguntar qué pasará con los trabajadores de Dow Chemical, una empresa que el lunes anunció su mudanza de la zona crítica. La secretaria ambiental le dijo que es “sólo un galpón con 15 empleados y no se perderá ningún puesto de trabajo”. Al instante, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le aclaró que la pregunta aludía a todas las empresas candidatas a la relocalización. “Cada caso acarrea un movimiento ocupacional, problemas laborales”, subrayó. “Es un difícil equilibrio”, contestó ella.

En junio del año pasado, la Corte ordenó que los gobiernos nacional, bonaerense y porteño diseñaran un proyecto para sanear la cuenca Matanza–Riachuelo y dispuso obligaciones para 44 empresas demandadas. En septiembre el plan fue presentado ante los jueces, que reclamaron precisiones. La audiencia de ayer pretendía conocer los detalles pendientes y en qué se avanzó hasta ahora. La encargada de exponer en nombre de las tres administraciones fue Picolotti.

A primera vista, los jueces quedaron desconcertados porque –según comentaron dos de ellos a Página/12– no ven, por ejemplo, que haya un proyecto concreto para atender los problemas de salud de la población afectada por la contaminación. Avalan la relocalización de las plantas que causan polución, pero están alarmados por el futuro de los trabajadores. Les preocupa cómo, cuándo y con qué financiamiento se instalarán las dos plantas de depuración cloacal, que recolectarán todos los desechos de la franja urbana que abarca desde San Isidro, toda la Capital Federal y hasta La Plata. Sospechan, además, que el tratamiento para los efluentes que está previsto será insuficiente.

Ante tantos interrogantes y dilemas técnicos que “el Poder Judicial no puede controlar ni evaluar”, según explicaron fuentes judiciales, la Corte firmará una resolución para crear un cuerpo de especialistas que analice “si el plan de saneamiento tiene errores gruesos” y si es viable. En despachos de la Corte describen que será un “estudio de factibilidad” aunque precisan que los expertos también tendrán la función de controlar que se apliquen todas y correctamente las medidas previstas mientras dure la causa judicial. Los profesionales serán reclutados en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional, informaron en el tribunal.

Los jueces supremos observan con ojo crítico “que todo el plan quede centralizado y dependa de la voluntad de una persona”. Sería deseable, advierten, que si la limpieza del Riachuelo demanda unos 15 años –como prevén en la secretaría ambiental– haya un control permanente sobre su desarrollo independiente del gobierno de turno. “No vemos mecanismos claros de control social, alguien debe controlar a los gobernantes”, dijo un ministro del tribunal.

Durante la audiencia de ayer los jueces se mostraron severos con la única expositora. “Hasta ahora se han ocupado mucho de erradicar empresas o reconvertirlas, pero no avanzaron en temas clave como salud de los pobladores y el saneamiento propiamente dicho”, sintetizó un ministro a este diario.

“¿Hay un plan activo para ir a buscar a la gente y determinar los problemas (de salud) que tiene para luego derivarla a los centros?”, se interesó Elena Highton de Nolasco, un punto que ya había marcado en las audiencias del año pasado. Para sorpresa de los ministros, Picolotti admitió: “No hay un programa activo en marcha”. “Estamos iniciando el proceso”, titubeó.

Juan Carlos Maqueda quiso saber sobre los avances en la construcción de las plantas de depuración cloacal de Berazategui y la llamada “Riachuelo”, que quedará dentro de la Capital Federal. Picolotti aclaró que aún no se definió la ubicación de la segunda –una responsabilidad que atribuyó al gobierno porteño– y que está en estudio cómo se financiarán ambas obras. Una de las plantas, precisó la funcionaria, hará un “pretratamiento” de los residuos y la otra “un tratamiento primario”. Los jueces más conocedores de temas ambientales están alarmados por esto ya que, señalan, “lo máximo que hacen esas técnicas es disolver los sólidos mientras que el resto de las sustancias son tiradas al río así nomás”.

En la Corte no causó una buena impresión el modo en que quedó conformada la Autoridad de Cuenca, creada por ley, debido a que quedó integrada por autoridades gubernamentales, pero los 14 municipios que integran la cuenca hídrica tienen una representación secundaria, lo que obliga a formular convenios para implementar cada medida. Esto explica por qué Carmen Argibay pidió precisiones sobre cómo harán para que los municipios cumplan los compromisos.

Lorenzetti preguntó si “se puede saber en un tiempo prudencial qué grado de contaminación hay”. Picolotti sostuvo que, en rigor, no existen estudios de impacto ambiental “confiables”. Considera que los que se hacen están mal hechos. “Se mide el nivel de concentración (de sustancias contaminantes) de lo que se tira para ver si cumple o no con lo que establece la ley, pero no deberían medir el concentrado sino lo que el río tiene capacidad de absorber”, dijo la secretaria. La explicación dejó una sensación amarga entre los supremos, que se muestran decididos a mantener su protagonismo en un problema histórico que el Estado nunca subsanó y que sigue demostrando una complejidad inusitada.

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