Reposo apuntó directamente al juez Durao por haber dictado una medida cautelar "en tres horas" sin tener competencia, ya que "ni siquiera fue sorteado, vulnerando el Código Procesal Civil, que así lo establece". Por eso, adelantó que "se está analizando el juicio político contra el juez Durao", a quien además vinculó con el apoderado de la compañía, Enrique Pigretti.

Reposo recordó que "el Estado tiene el 27 por ciento de Papel Prensa", y que el gran riesgo que se corre es que al anular la representación estatal, los accionistas privados, "Clarín y La Nación, destruyan información" que los compromete.

Esta información estaría vinculada, según precisó Reposo, con "la investigación que lleva adelante el Estado" y que, entre otras irregularidades, denuncia la existencia de "una deuda" que habrían contraído ambos grupos empresariales en el 2001 y que luego "fue licuada en beneficio de ellos y en perjuicio de Papel Prensa y del Estado, que está solventando la deuda millonaria contraída por Clarín y La Nación".

El titular de la Sindicatura calificó de "patoterismo judicial" lo que ocurrió ayer en Papel Prensa, donde se convocó una asamblea "sin requisitos legales" y se "desaprobó la gestión de tres representantes del Estado". En la asamblea de ayer, Clarín y La Nación no aprobaron la gestión de los tres directores, los dos síndicos y el inspector designados por el gobierno nacional, y los echaron.

Reposo recordó que "quien evalúa la gestión de los directores, síndicos y consejeros de vigilancia" que representan al Estado "es la propia Presidenta". "Optaron por desalojarnos, para que no podamos acceder a más información y no lleguemos a la verdad", denunció el titular de la Sindicatura.