14:30 › REPRESIóN EN EL BORDA

El gobierno porteño no podrá ser querellante porque podría ser procesado

La Cámara del Crimen desestimó el planteo del titular de la Dirección de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D'Albora, quien había pedido que el Ejecutivo porteño fuera "tenido por parte querellante" en la causa que investiga la represión a trabajadores e internos del neuropsiquiátrico de Barracas, ocurrida en abril pasado. El funcionario había denunciado "agresiones" contra los policías metropolitanos, que dispararon gases y balas de goma a los manifestantes.

El fallo sostiene que la pretensión del representante de la procuración porteña "no puede prosperar pues acceder a ello instaurarí­a en la pesquisa del evento una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores".

El texto señala que los hechos ocurrieron "en circunstancias en que personal de la Policí­a Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la 'Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental', un grupo de personas reaccionó fí­sicamente contra los uniformados".

Indica, además, que los miembros de la Policía Metropolitana que reprimió ese día sufrieron "distintos tipos de lesiones" y que los manifestantes les "habrí­an dañado tanto los elementos de protección que portaban". Pero, al mismo tiempo, "con motivo del accionar policial también habrí­an resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así­ como periodistas, legisladores y agentes gremiales".

Los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas sostuvieron que, a raíz de ese accionar policial resultaron "imputados miembros de la Policí­a Metropolitana y funcionarios del gobierno de la Ciudad, tales como el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodrí­guez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, en orden a los delitos de 'daño agravado', 'lesiones', 'abuso de autoridad', 'incumplimiento de los deberes de funcionario público' y 'abandono de persona'".

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