El impacto de la crisis internacional en el mercado laboral argentino está medido en números precisos. Desde el 1º de octubre al 27 de noviembre se produjeron 4210 despidos en todo el país, 5814 trabajadores resultaron suspendidos, en 3150 casos hubo una reducción de la jornada laboral y a 847 operarios les adelantaron las vacaciones. La suma arroja 14.021 personas afectadas. Los datos figuran en un detallado relevamiento del Ministerio de Trabajo, con el cual el Gobierno le va tomando el pulso a la desocupación. El titular de esa cartera, Carlos Tomada, analizó esas cifras en un reportaje con Página/12. Reconoció que el escenario es complicado, pero aclaró que “hasta el momento no hubo destrucción neta de puestos de trabajo”. Eso significa que los empleos que se generaron en el mismo período compensaron las bajas. También anunció que el Gobierno declarará nulos los despidos que no sean comunicados a su ministerio. De hecho, una de las más grandes cadenas de supermercados fue forzada a reincorporar a 30 empleados por no haber cumplido con el Procedimiento Preventivo de Crisis. Tomada introdujo otra novedad en la agenda: ya no descartó la posibilidad de aplicar la doble indemnización, como lo venía haciendo hasta ahora el Ejecutivo, sino que sostuvo que “ninguna medida está desechada” para proteger el empleo.

“Para nosotros ninguna posibilidad está desechada, como lo acabamos de demostrar con las medidas que tomamos, que sorprendieron a algunos de un lado y de otro”, indicó el funcionario frente a la consulta de si el Gobierno podría apelar a la doble o triple indemnización que reclama la CGT. “Vamos a seguir atentamente la evolución del empleo antes de tomar otras decisiones”, aclaró. En síntesis, dejó abierta una puerta a la medida, aunque no como una opción inmediata.

El informe con la cantidad de despidos, suspensiones y demás alteraciones en el mercado de trabajo incluye un listado de lo que ocurrió en octubre y noviembre sector por sector. En primer lugar y con una importante diferencia sobre el resto aparece la industria automotriz. Se contabilizaron 738 despidos y 3381 suspensiones. De allí que primero se haya apuntado a reactivar este rubro, explicó Tomada. El segundo puesto corresponde a la industria textil, con 418 despidos, 670 suspensiones y 1108 trabajadores con jornada laboral reducida. Después se ubican los sectores del cuero y el calzado con 471 despidos, el comercio con 410, pesca con 398, aserraderos y industria maderera con 347, bancos e intermediación financiera con 290, la construcción con 247, industria metalúrgica con 208, pinturas con 200, industria vitivinícola con 140, frigoríficos con 125 y plásticos con 85, entre los principales. Los datos son de orden nacional.

“Cuando la Presidenta dice que recién ahora empezamos a ver algún reflejo de la crisis internacional en la economía real es absolutamente cierto. Otros países llevan seis meses de pérdida de empleo, que se cuentan de a miles, y en Argentina todavía ni siquiera ha empezado una destrucción neta de puestos de trabajo”, valoró Tomada. “No me gusta hacer pronósticos, pero la desocupación en este trimestre quedará estable”, adelantó, en torno del 8 por ciento.

–¿Existe el riesgo de volver a una desocupación de dos dígitos el año que viene?

–No, de ninguna manera. Lo digo con todo énfasis. Ni en la hipótesis más pesimista vamos a volver a los dos dígitos. Yo creo que al contrario, habrá una recuperación del empleo respecto de este momento por un fortalecimiento del mercado interno.

Además de los datos nacionales de despidos y suspensiones, el Ministerio de Trabajo acaba de elaborar un informe con las empresas que iniciaron Procedimientos Preventivos de Crisis en el área metropolitana hasta el último viernes. En lo que va de diciembre se presentaron cuatro, la misma cantidad que en todo julio. El detalle del año muestra que en enero se habían registrado tres, en febrero y marzo ninguno, en abril dos, en mayo ninguno, en junio 11, en julio cuatro, en agosto tres y en septiembre dos. En ese momento la crisis internacional desbordó todos los diques y los Procedimientos saltaron a 17 en octubre y hubo 16 más en noviembre. Todas las empresas que efectúen despidos están obligadas a comunicarlos al Ministerio de Trabajo.

–¿Habrá un aumento de jubilaciones para fortalecer la demanda?

–La ley de movilidad asegura un aumento en marzo.

–¿Y algo antes?

–Si hay condiciones que ameriten otra política se verá. Pero, pase lo que pase, en marzo los jubilados recibirán un incremento que surgirá de la política proactiva de salarios de este año. Cuando estemos en el escenario 2009, el aumento será importante, porque impactará sobre una situación de inflación retraída.

–¿Qué opina de la ley que se aprobó en Santa Fe para prohibir los despidos?

–Quiero ser muy respetuoso con el gobierno de Santa Fe, pero esa ley no introduce nada que no sea el Procedimiento Preventivo de Crisis que el Ministerio de Trabajo viene aplicando en el nivel nacional.

–Pero allí las cesantías se suspenden por 180 días.

–Se lo explicaba a Hugo Yaski (titular de la CTA) en la última reunión que tuvimos. El Procedimiento Preventivo implica de hecho frenar los despidos por 60 días. Y de ahí la desvinculación se produciría recién 60 días después. En el medio pueden pasar muchas cosas. Los empleadores deben demostrar que realmente están en necesidad de interrumpir una relación de trabajo. Todos los despidos hay que notificarlos. Si no se notifican, estamos dispuestos a decretar la ineficacia de los despidos.

–¿De qué modo?

–El despido no vale. Aunque sea uno solo. Si no se notifica al Ministerio, lo declaramos ineficaz y la empresa le tiene que seguir pagando el sueldo al trabajador. Carrefour echó a treinta personas en Mendoza y como no nos comunicó previamente la obligamos a retrotraerlos. Hoy están todos reincorporados. Cómo van a echar a treinta personas así como así en este momento. Eso demuestra que frente a las turbulencias hay sectores que tienen una gran facilidad para resolver sus problemas siempre por el mismo lado.

–¿La tablita de Machinea hay que anularla como pide la CGT?

–Lo primero que hay que entender es que se trata de un impuesto que alcanza a trabajadores que ganan más de 7000 pesos. Es cierto que hay que buscar razonabilidad a una tabla que está hecha a los hachazos y que pega saltos que en algunos casos significan verdaderos desatinos. Eso hay que modificarlo. Va a significar una moderación de esos saltos que conllevan una cuota de injusticia. Ahora, fijémonos cuántos trabajadores ganan más de 7000 pesos.

–¿Habrá una nueva ley de Riesgos del Trabajo antes de fin de año?

–La ley está redactada y consensuada en un porcentaje importante. La Presidenta me pidió ayer (por el último jueves) que le entregara el proyecto, con todos los puntos de acuerdo y los que quedan pendientes. La vocación es sacar la ley lo antes posible. La vamos a tener pronto.